Salvador Navarro y los presidentes de los consejos provinciales, con Perán en el extremo derecho. Foto: CEVALICANTE. La reunión conjunta del comité ejecutivo y junta directiva de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha aprobado este jueves la incorporación de cuatro nuevos socios (tres nuevas asociaciones y una empresa), dos de ellos de la provincia de Alicante, y ha abierto el proceso electoral para elegir en septiembre al relevo de Rosana Perán al frente del consejo provincial de la patronal en Alicante.
Como ha contado Alicante Plaza, Perán presentó su dimisión el pasado martes, en la reunión del consejo provincial de la CEV en Alicante, por motivos personales. Cuatro meses después de su elección al frente de este órgano, Perán ha tenido que abandonarlo al ser incompatible con un nuevo proyecto en su empresa, Pikolinos. El presidente de Hosbec, Toni Mayor, ha asumido temporalmente sus funciones hasta que se celebren las elecciones.
Según ha informado la CEV en un comunicado, los órganos de gobierno de la patronal autonómica han acordado convocar la asamblea de CEV Alicante el próximo 13 de septiembre, para la elección de su presidencia. El plazo para la presentación de candidaturas queda abierto con la formalización de la convocatoria a la asamblea y quedará cerrado cuatro días naturales antes de la fecha prevista para su celebración.
Por otro lado, entre las nuevas incorporaciones destacan la empresa alicantina de utensilios de cocina Tescoma España, que regenta el vicepresidente segundo de la Cámara de Alicante, Carlos Baños, y la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, según el comunicado. También se ha aprobado la entrada de la Asociación Valenciana de Empresarios, Maquinaria, Construcción y Obras Públicas (AVEMCOP), y de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicios (FEDMES). Con estas incorporaciones, la CEV cuenta ya con una base de 120 empresas directamente asociadas y 129 asociaciones y federaciones (17 de ellas de ámbito nacional y 53 autonómico), que representan, a su vez, a más de500 organizaciones empresariales.
Por último, los vocales del comité ejecutivo y la junta directiva han sido informados de la puesta en marcha de las nuevas Comisiones de Trabajo que dotarán a la organización de criterios técnicos para su posicionamiento en la defensa de los intereses empresariales. Han sido más de 600 las solicitudes de empresarias y empresarios de la CEV interesados en participar en las diferentes comisiones, según el comunicado.
El comité ejecutivo y la junta directiva han manifestado su oposición a los incrementos impositivos a empresas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En su opinión, anuncios de este calado contribuyen a generar inseguridad jurídica e inestabilidad en las empresas. La CEV alerta de que aumentar los ingresos públicos elevando la presión fiscal de las empresas es nocivo para el sistema productivo y contraproducente para la Hacienda Pública.
Es nocivo "porque las empresas españolas ya contribuyen a las arcas públicas en mayor medida que la media europea. Elevar ahora la carga del Impuesto de Sociedades sin contrarrestar dicha subida con bajadas en otras figuras tributarias restará niveles de competitividad a las empresas, en un contexto cada vez más globalizado en el que los enclaves económicos compiten vía costes, seguridad jurídica y agilidad administrativa", señala el comunicado.
"Es, además, contraproducente, porque además de lastrar los niveles de competitividad de las empresas de nuestro país e incidir negativamente sobre la actividad económica, los mayores recursos destinados al incremento de la tributación mermarán los recursos que deben destinarse a inversiones y proyectos de las empresas nacionales y restarán atractivo a las inversiones extranjeras. En definitiva, de forma directa e indirecta, la mayor presión fiscal sobre las empresas se traducirá en una merma real y potencial de la recaudación en IS, IRPF, IVA, Cotizaciones Sociales, etcétera".
Desde la CEV se insiste una vez más en que el aumento de los Ingresos Públicos no debe basarse en subidas fiscales a las empresas que generan actividad, empleo, cumplen la normativa y tributan, sino en aflorar las actividades de la economía sumergida que, además de suponer una competencia absolutamente desleal para nuestras empresas, ni contribuyen a la generación de empleo de calidad ni contribuyen con el pago de sus impuestos al sostenimiento del Estado de bienestar. Además, la patronal considera que el país tiene pendiente avanzar en la racionalización del gasto y abordar la racionalidad del sector público y sus diferentes administraciones.
