ALICANTE. El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Alicante (CEV Alicante) han presentado esta mañana el estudio Impacto de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana 2022 en la provincia de Alicante. El acto ha contado con la asistencia del presidente de INECA, Rafael Ballester, y su homólogo de CEV Alicante, Perfecto Palacio, junto al director de Estudios de INECA y autor del informe, Francisco Llopis.
Los Presupuestos de la Generalitat han asignado a la provincia de Alicante 259,6 millones de euros para el 2022 -94 millones más que un año antes- y por segundo año consecutivo, el Consell ha designado inversiones ligeramente superiores a la población de la provincia, al menos en el anteproyecto de ley. De ser efectivas estas inversiones se traducirían en 138,1 euros por habitante con un saldo positivo total de 27 millones de euros en función de la población y de 55,2 millones si nos ajustamos al PIB provincial.
Al respecto, el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, ha manifestado su satisfacción por el cambio de dinámica de estos dos últimos años porque “llevamos muchos años reivindicando que las inversiones debían tener en cuenta la población del territorio y ese cambio de tendencia es algo muy positivo. Palacio ha añadido que “desde CEV consideramos que se ha cogido el camino adecuado para que la provincia de Alicante tenga el peso que se merece. Agradecemos el esfuerzo realizado”.
Por su parte, para el presidente de INECA, Rafael Ballester, “esta decisión nos satisface y nos demuestra que nuestras reclamaciones de equidad y proporcionalidad no han caído en saco roto estos últimos diez años. No obstante, esto ocurre si sólo analizamos el capítulo VI de las inversiones porque del resto del proyecto se desconoce en gran parte su concreción territorial, por lo que no sabemos ni podemos afirmar si hay equidad en el reparto”. De hecho, si se analizan las diferentes partidas inversoras por consellerias hay algunas que territorializan casi hasta el último céntimo como Política Territorial y Obras Públicas, mientras otras apenas lo hacen, “por lo que se desconoce en gran medida el alcance territorial de las inversiones que realizarán en 2022. Al menos hasta la fecha”, ha incidido Ballester.
Palacio ha insistido en la actuación de la Conselleria de Política Territorial, dirigida por Arcadi España, como un ejemplo que deberían seguir el resto de consellerias ya que ha distribuido su presupuesto de manera detallada y además lo ha trasladado de manera cualificada.
Para el máximo responsable de INECA, el nuevo proyecto parece que consolida la senda iniciada hace 2 años, comprometida con reconocer el peso poblacional y en el PIB como un criterio orientador en la asignación de recursos presupuestarios al menos en materia de inversiones. A priori, los presupuestos que hoy se han analizado representan un avance para la provincia de Alicante, con una deuda histórica que supera los 254 millones de euros si las inversiones desde 2008 hubieran tenido en cuenta la población.
El director de Estudios de INECA, Francisco Llopis, ha corroborado que esa deuda en la asignación de presupuestos hacia la provincia de Alicante no sólo está en el proyecto de presupuestos sino en la ejecución de las inversiones de obra pública. En el periodo del año 200 al 2020, las inversiones impulsadas por la Administración autonómica dejan un saldo negativo de 577,5 millones -atendiendo al criterio poblacional.
Ballester ha mostrado su preocupación por la paulatina reducción de las inversiones territorializadas en el peso total de los Presupuestos de la Generalitat y es que “para 2022 vuelven a batir un nuevo récord y representan más del 54% del total, es decir cerca de 1.600 millones de euros, de los que desconocemos cuáles son su destino inmediato y si su ejecución, si es que se ejecutan todos, cumple con los principios de equidad y proporcionalidad, tantas veces reclamado por INECA”.
En este sentido, Palacio ha incidido que “no es de recibo que un 60% del presupuesto esté aún sin territorializar y nos preocupa porque no sabemos dónde va el dinero de los valencianos por lo que exigimos un mayor criterio de objetividad para poder analizar los presupuestos”.
Ballester considera que “estas inversiones invisibles escapan a nuestra monitorización, en general a la monitorización de la ciudadanía, porque hasta la fecha, no aparecen reflejados proyectos que si se ejecutaran en condiciones de proporcionalidad territorial, podrían ser una valiosa y poderosa herramienta para corregir indicadores como nuestra renta per cápita -que es la más baja de toda la Comunidad Valenciana- además de contribuir a paliar nuestros elevados índices de desempleo”.
Por ello “oncsideramos que incrementar las inversiones reales territorializadas del presupuesto de la Generalitat en la provincia de Alicante es una obligación institucional y moral para equiparar a Alicante al resto de provincias de la Comunidad Valenciana, máxime si tenemos en cuenta el déficit inversor de los Presupuestos Generales del Estado, reconocido por el propio Estado, y que supuestamente debía ser corregido con una aportación del Estado a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, de 300 millones de euros, cuya concreción en la provincia de Alicante no atisbamos a ver en modo alguno”, ha añadido Rafael Ballester.
El presidente de CEV Alicante ha pedido transparencia en la ejecución porque sólo se ha ejecutado el 50% en los últimos años. “Es nuestra obligación como agentes sociales supervisar este proceso y lo que solicitamos es transparencia”, ha concluido.
INECA muestra también nuestra preocupación por la falta de información recibida por parte del Consell sobre los presupuestos ejecutados. Ballester ha indicado que los responsables del Gobierno autonómico han hecho oídos sordos a nuestras reiteradas peticiones de información referentes al grado de ejecución de los presupuestos en lo referente a los capítulos 6 y 7 en la provincia de Alicante, y a su concreción territorial en sus municipios.
Desde hace años INECA viene reclamando dicha información, pues la eficacia y eficiencia, y la equidad, del presupuesto se demuestra no en lo que se aprueba sino en lo que se ejecuta. La ausencia de información en este sentido hace que el análisis de equidad que hacemos periódicamente en nuestros informes esté lógicamente condicionado al cumplimiento de las promesas presupuestarias, de las que desgraciadamente no se rinden cuentas públicamente.
Si a esto se une que, de lo que se presupuesta, no se ejecuta en porcentajes tan representativos como los que hemos visto en el informe, es evidente que el capítulo inversor en la provincia de Alicante corre un grave riesgo de convertirse, en muchos casos, en papel mojado un año tras otro.
Llopis ha insistido en la necesidad de mejorar el formato de presentación de las inversiones de presupuestos porque los modelos estáticos en formato pdf no permiten el adecuado análisis.
