ALICANTE (EP). Sólo la Confederación de Padres Católicos (Concapa) y el PP criticaron este jueves con dureza la decisión de la Conselleria de Educación de eliminar las 10 aulas de Bachillerato en centros concertados de la provincia de Alicante, que son el Calasancio, Altozano, Salesianos, Maristas de Alicante, La Salle de Alcoy y Sagrada Familia de Elda, que pierden una unidad; y La Inmaculada de Alicante y Aitana de Elche, que pierden dos. La medida permite a los alumnos que han cursado el primero de Bachillerato poder seguir con el segundo curso el mismo centro, pero abre la disyunta de qué pasará con los centros que pierden una unidad y cómo se integrará a los alumnos que vienen, pues no podrán seguir todos al haber sólo un aula.
Y de ahí las críticas de la portavoz de Concapa Alicante, Julia Llopis, quien discrepa de la medida, anuncia alegaciones y asegura que el problema vendrá ahora para saber qué criterios se aplican para elegir a los alumnos que pueden seguir y los que no. A juicio de Concapa, "quizás hubiera sido preferible quitar todos los conciertos de Bachillerado y evitar ahora cómo se hace la baremación de los que siguen".
Llopis también ha dejado entrever que tras la decisión puede haber pesado la elección del nivel de inglés elegido por cada centro en el decreto de plurilingüismo, opinión que también parece defender el PP de Alicante. La portavoz adjunta María Carmen de España ha denunciado que en que esa decisión no puede haberse adoptado por falta de demanda, y ha llegado a insinuar una posible vinculación entre la retirada de esos conciertos y la elección del nivel de plurilingüismo. "No sabemos si ha sido un castigo por la elección de esos niveles", ha abundado.
"Existen 350 familias de Alicante que no saben dónde van a tener que escolarizar a sus hijos ni si van a tener que pagar más", ha recalcado. Y ha subrayado que "no se puede castigar a las familias intentando justificar la decisión en la necesidad de mejorar la calidad de la educación pública, son dos cosas compatibles".
De España ha instado insta al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, a cumplir su compromiso y a defender a "las 350 familias de la ciudad que se quedarán sin poder escolarizar a sus hijos en una de las diez aulas concertadas suprimidas por la Conselleria de Educación" para los estudios de Bachillerato en el próximo curso escolar.
Desde el grupo Compromís se ha defendido la medida adoptada por su conseller Vicent Marzà al considerar que "Educación propone el mantenimiento de las unidades que complementan la oferta del sector público para continuar revirtiendo la masificación de las aulas y garantizar espacios de refuerzo y apoyo de diferentes área de conocimiento". Y recuerda que "los estudiantes que pasen a 2º de Bachiller en centros que no contarán con concierto educativo para 1ºBachiller tienen asegurada su continuidad".
Compromís explica que "la administración no está obligada a concertar la Enseñanza no obligatoria" y cita la "Ley Estatal de conciertos educativos, en vigor desde 1985, no regula los conciertos que se hacen para niveles de enseñanza no obligatoria, los llamados ‘conciertos singulares’". "Es necesario recordar que este año han acabado los contratos de los conciertos singulares de FP y Bachillerato en la Comunidad Valenciana. El pasado 20 de enero, el pleno del Consell aprobaba el Decreto 6/2017 que regula los conciertos en los niveles no obligatorios para concertar únicamente aquello que sea necesario para mantener una oferta pública", afirman desde la coalición.
El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) considera que las unidades consolidadas por la Conselleria de Educación en la propuesta de arreglo escolar para el curso 2017-2018 tienen un saldo positivo, pero no cumplen con las expectativas de la comunidad educativa.
En una nota de prensa, el STE ha expresado también "la necesidad de reducir los ratios en todos los niveles educativos para garantizar la estabilidad de los centros y potenciar la calidad de la enseñanza". El saldo de los arreglos continua siendo positivo ya que se crean más unidades de las que se suprimen, un aumento que se produjo el curso pasado después de un saldo negativo de recortes de unidades por parte del gobierno anterior.
A pesar de esto, STEPV ha considerado "que este incremento no cumple con las expectativas ya que las creaciones son testimoniales y se duplican las supresiones en Segundo ciclo de Infantil (-65 frente a -29 del curso pasado) y Educación Primaria (-93 frente a -49 del curso pasado)".
Han remarcado que el número de aulas de dos años se ha duplicado respecto el curso anterior (+67 frente a +35 del curso pasado), hecho que permitirá aumentar la plantilla de educación infantil. El sindicato ha advertido que los centros de zonas rurales que corren riesgo de cerrarse son los de Almedíjar, Zorita del Maestrat y la Torre d'En Doménec, en la provincia de Castellón; Castell de Guadalest, El Puig de la Vall d'Ebo y Villena-La Encina, en la provincia de Alicante. En la provincia de Valencia no se cierran centros pero seis colegios de comarcas del interior pierden unidades.
El STEPV ha anunciado que "trabajarán con estos centros y localidades para estudiar la situación y para que ningún pueblo se quede sin escuela". El sindicato ha iniciado una campaña informativa en los centros para que presenten alegaciones, en el caso de pérdida de unidades, lo más urgentemente posible, ya que el plazo que ha dado la Conselleria a los Consejos Escolares de centro y a los municipios es del 25 al 28 de abril.