La Cámara de Orihuela se suma al rechazo del PAT de la Vega Baja: "No se ajusta a las necesidades"

ORIHUELA.  La Mesa Comarcal creada en el seno de Cámara Orihuela y que engloba a distintas asociaciones y entidades empresariales de la comarca, ha dado a conocer este martes las alegaciones presentadas al Plan de Acción Territorial para la Vega Baja de la Generalitat Valenciana. El presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez, junto con Joaquín Pérez, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) de Alicante; Javier García, secretario de Asemvega; y José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, han explicado los motivos que han llevado a la Mesa Comarcal a alegar al plan de la Conselleria de Política Territorial, basándose en la afección a los principales sectores económicos de la Vega Baja.

“Lo que hemos hecho ha sido recoger sugerencias y propuestas que son básicas para el desarrollo y prosperidad de nuestra comarca y que no se contemplan en el PAT”, ha dicho Mario Martínez, quien ha indicado que en primer lugar, se plantea la ampliación hasta junio del proceso de participación pública para dar cabida a las sugerencias de administraciones, organismos, asociaciones y empresas y en el que se incorporen mejoras que no se reflejan en el PAT “para consensuar el desarrollo futuro ajustándonos a la realidad socieconómica, turística, residencial o agroambiental de la Vega Baja y minimizar el impacto negativo de determinadas actuaciones que sí que aparecen”.

Las alegaciones parten de la base del abandono económico, social y medioambiental que la Vega Baja ha sufrido durante años por parte de las distintas administraciones. A partir de ahí, “consideramos que lo que propone el PAT provocaría un impacto negativo en nuestros municipios, un empobrecimiento de la comarca y, por ende, una peor calidad de vida de la ciudadanía”, ha indicado Martínez, que ha reclamado un modelo de desarrollo “que no perjudique a nuestros principales motores socioeconómicos”.

En esos motores: turismo residencial, agricultura, sector industrial y de servicios, se centran las alegaciones. Respecto al turismo residencial, la Mesa Comarcal considera que la paralización de hasta dos años de los proyectos urbanísticos cuyo desarrollo se pueda considerar necesario para los ayuntamientos, a excepción de las plantas fotovoltaicas, puede suponer una avalancha de solicitudes de estas instalaciones “que casa mal con el concepto que pretende el PAT”. A esto se suma, entre otras cosas, la conversión de sectores urbanizables en infraestructuras verdes que, a juicio de la Mesa, provocaría un perjuicio económico y de desarrollo muy importante”, o la falta de medidas de ordenación “ajustadas a la realidad, sobre todo en la franja litoral, que permita buscar un equilibrio en el desarrollo sin causar un perjuicio a la economía de ese territorio”. De este modo, se considera necesario estudiar de manera pormenorizada el modelo de turismo y enfocarlo de manera que permita fortalecer a los municipios en equilibrio con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Respecto al territorio agrícola, rústico y el medio ambiente, la Mesa Comarcal indica que, pese a ser el Trasvase Tajo-Segura una infraestructura esencial para la Vega Baja, no aparecen en un PAT que, a juicio de las organizaciones empresariales de la comarca, podría afectar en demasía al sector primario por su exceso de regulación al desarrollo de las actividades económicas del sector. Además, se considera una actuación imprescindible el ensanchamiento del río desde Beniel para hacer frente a las crecidas que puedan ocasionarse.

Deficiencias que deben ser resueltas en el PAT

La Mesa Comarcal resalta que el Plan de Acción Territorial debe especificar cómo se incorporará la infraestructura verde a los suelos desclasificados, así como quién y cuánto se pagará por posibles indemnizaciones. Tampoco se han tenido en consideración las planificaciones de otras administraciones como la Confederación Hidrográfica del Segura.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la huerta es el resultado de un proceso de transformación realizado por los seres humanos durante siglos, y de él resulta el alto valor ambiental de esos suelos agrícolas. “No podemos aceptar las pretensiones de la administración en este sentido y permitir la exclusión de la acción humana en las actividades productivas que se han desarrollado y se pueden desarrollar en este tipo de suelos”, reza el documento presentado por la Mesa Comarcal, que añade que “poner trabas al cultivo, a la ganadería extensiva y a los usos rurales del territorio es condenar su conservación y el desarrollo de quienes viven en él y de él”. En este sentido, la Mesa propone que se valoren estos suelos por su acción como fijadores de CO2 y que sus propietarios puedan tener acceso a cobrar por derechos de emisión a través de planes de actuación, conservación y mejora de estos espacios.

En quinto lugar, se refleja que el PAT no contempla las medidas ni el planteamiento del Plan Vega Renhace, ni tampoco inversiones ya publicadas como actuaciones a realizar a medio y corto plazo (canalización de la Rambla de Abanilla, presa de Tabala, bypass en el río en Orihuela y Rojales, etc). Tampoco se tienen en cuenta, y de hecho las actuaciones respecto al sector agrícola, rural y medioambiental del PAT son contrarias a muchos de los objetivos establecidos previamente en la estrategia territorial de la Vega Baja y otros estudios y documentos ya realizados, como mejorar las condiciones de vida del sistema rural, gestionar de forma integrada y creativa el patrimonio ambiental o los referidos a la movilidad.

Por último, en materia de vertebración del territorio, infraestructuras y servicios, la Mesa Comarcal reivindica desde su formación en 2018 una serie de necesidades y carencias en esta materia que no se reflejan en el PAT. La ampliación del Hospital Comarcal y sus accesos obsoletos; mejoras en el trasvase; la ejecución de la ZAL de San Isidro; la duplicación de la CV-95 y la CV-91; la mejora de la N-332 y su conversión en vía parque; la retirada del peaje de la AP-7 o la ejecución del tercer carril de la A-7. En suma, “desconocemos las consecuencias económicas que supone la actuación de cada sector, por lo que hasta que no se den las explicaciones detalladas, no podemos dar validez a los planes de la conselleria”, ha concluido Mario Martínez.