La Cámara de Alicante pide un pacto de Estado para interconectar las cuencas hidrográficas

ALICANTE. La Cámara de Comercio de Alicante 'se moja'. Con la sequía amenazando al sector hortofrutícola, uno de los principales exportadores de la provincia, el pleno de la institución que preside Juan Riera aprobó este lunes, junto con los presupuestos, una declaración en la que pide firmar un pacto de Estado que garantice la disponibilidad de agua en la provincia. En este sentido, la declaración de la Cámara propone, como ya hizo la Mesa del Agua de Alicante, que el Gobierno haga uso de sus competencias para interconectar todas las cuencas hidrográficas de España.

Así, la Cámara pide "que se negocie y elabore un Pacto de Estado que incorpore un plan de infraestructuras hidráulicas integral que estructure todos los recursos", en el que se contemple la "interconexión de  todas las cuencas" y que "trabaje en obras nuevas que sirvan para canalizar las aguas superficiales, que apueste por la depuración y la desalación (como complemento para suministro urbano), que potencie la reutilización de los recursos disponibles, que eduque en el ahorro de agua y que optimice los aprovechamientos subterráneos". Pero que también "se permita la cesión de derechos a través del Tajo- Segura e incluso de la demarcación hidrográfica del Júcar", al tiempo que "avanzar y concluir el proceso de modernización de regadíos".

"Hay que ser conscientes de nuestra realidad", advierte el pleno de la Cámara", "nuestros recursos hídricos disponibles autóctonos son escasos, limitados y notablemente insuficientes para hacer frente a nuestras necesidades. En consecuencia, cualquier futuro ligado al campo pasa necesariamente por el aporte de otras cuencas excedentarias. Sin agua no podemos continuar la actividad agroalimentaria".

El texto reivindica "nuestro derecho al agua", y critica "la ausencia de iniciativas políticas encaminadas a resolver, o al menos, paliar, el grave problema de sequía y estrés hídrico" que sufre Alicante. "La falta de agua es la mayor amenaza para el futuro de la provincia, tenemos derecho a exigir que se nos garantice la seguridad hídrica, la seguridad en el suministro de caudales de una forma eficiente, equitativa y sostenible para asegurar nuestro futuro", señala. La Cámara denuncia la "falta de gestión y gobernanza del recurso" y exige "solidaridad" al resto del Estado y también de la Comunitat Valenciana. "Corresponde al Estado, en aplicación del artículo 149.1.22ª de la Constitución Española, ordenar toda esta problemática y asegurar una distribución equitativa de los recursos y aprovechamientos hidráulicos disponibles", recuerda la institución.

El 26% de las exportaciones

El sector agroalimentario en la Comunidad Valenciana representa el 20% de las exportaciones, el 8% del empleo directo y el 6% del PIB, según los datos de la Cámara de Comercio.  Y en la provincia de Alicante, el valor de las exportaciones de productos agrícolas y hortofrutícolas supera los 950 millones de euros, lo que representa el 26% de nuestras exportaciones. El problema del agua afecta a toda la provincia, pero principalmente a la Vega Baja, que representa el 50% de la renta agraria de esta provincia. Del trasvase Tajo-Segura dependen 26.000 regantes de Alicante, 19 millones de árboles frutales, 57.000 hectáreas de cultivo, 18.500 empleos directos y 7.500 puestos de trabajo en otros sectores.

"El problema esencial en la provincia de Alicante es que nuestras precipitaciones son escasas. Tenemos una demanda media de recursos hídricos en torno a los 1.300 hectómetros cúbicos y somos capaces de generar en un año con precipitaciones medias, alrededor de 655 hectómetros cúbicos", indica la declaración. "En consecuencia, tenemos un déficit estructural y permanente que oscila entre los – 300/600 hectómetros cúbicos cada año".