La cadena contra inundaciones: adaptación del urbanismo, corredores verdes, laminación y pueblos "isla"

ORIHUELA. Del mismo modo que una serie de factores determinan, y así sucedió en septiembre de 2019, las inundaciones de la Vega Baja, las soluciones deben estar concatenadas. En su conjunto no serán efectivas si no están encadenadas de forma consecutiva. Así se interpretan las conclusiones de distintas ponencias que este jueves se han expuesto en el III Congreso Nacional del Agua celebrado en Orihuela.

El congreso, centrado en “fenómenos extremos: sequías e inundaciones” organizado por el Ayuntamiento de Orihuela, el Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante y la Universidad de Alicante, con la dirección académica del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, además del apoyo de Hidraqua e INECA, ha acogido en sesión de mañana y de tarde las ponencias de expertas y expertos en planificación, mitigación e infraestructuras y evaluación socioeconómicas, ambiental y jurídica.

Con la Dana de septiembre se evidenció la vulnerabilidad de la Vega Baja ante fuertes lluvias y las consecuencias que trajo consigo. Entre ellas los daños en viviendas y bienes. Y en todo ello tiene que ver los planeamientos urbanísticos, además de su influencia en agravar las inundaciones. ¿Cumplen estos planeamientos la normativa española en materia de prevención de riesgos naturales? La respuesta en la inmensa mayoría es que no. Jesús Garrido Manrique, profesor de la Universidad de Granada, ha tratado de responder a esa pregunta en su ponencia.

Se han venido redactando distintas leyes en este sentido, como la ley de Costas, la del Suelo o la del Agua. En 1998 se hace obligatorio incluir los mapas de riesgo naturales y es en 2007 cuando con la ley de evaluación ambiental estratégica es obligatorio que esos mapas estén incluidos en el documento ambiental.

Garrido desvelaba que el 90% de las Comunidades Autónomas tiene un planeamiento anterior a 2007. En el plano local, en los municipios de más de 5.000 habitantes, el 75% tienen un planeamiento anterior a ese año, y en el caso de los de más de 20.000, sigue la misma tendencia. Solo un cuarto de ellos tienen un planeamiento anterior a 2007. Estos núcleos poblacionales representan al 70% de la población. De este modo, cuando se incluyen mapas de riesgos naturales, se evidencia que mucho suelo calificado como urbano está en zona de riesgo, y el urbanizable se dirige hacia esa zona.

Para el profesor, el planeamiento urbanístico se renueva a un ritmo inferior al de la normativa. Esto implica que no pueden aplicarse mejoras establecidas para la  prevención de los riesgos naturales. Además, la clasificación del suelo  no es coherente con los riesgos naturales fijados en el planeamiento.  Otra de sus conclusiones es que hay un incumplimiento sistemático de la  obligatoriedad de incluir mapas de riesgo y de utilizarlos para  establecer los usos del suelo. No obstante, el riesgo de inundación es  el más incluido en los planeamientos, dejando de lado a los sísmicos del  mismo modo.

Partiendo que modificar esta cuestión estructural es  clave para el futuro, entra en escena las actuaciones físicas para  minimizar las inundaciones. José Vicente Benadero, de la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana, ha expuesto las soluciones más idóneas para atender las distintas  adversidades que caracteriza la Vega Baja. No hay un balance de entrada y  salida de aguas. La comarca tiene muchas fuentes de inundación:  avenidas de la rambla de Abanilla, la Sierra de Crevillente, el agua que  aporta el reguerón de Hurchillo, posibles roturas de la mota o  desbordamiento, las ramblas de la margen derecha y las propias lluvias  que se den en la comarca. Para su salida solo cuenta con la conducción  por acequias y azarbes y la desembocadura. Un tercer factor influye de  forma determinante: la horizontalidad dispara el tiempo que necesita para salir. Esto supone que el agua permanece mucho tiempo y el encharcamiento trae graves daños.

Ante este escenario plantea tres soluciones que deben adoptarse de forma conjunta. En primer lugar laminar  cauces en puntos altos o antes de entrar en la comarca, construir  diferentes corredores verdes y ampliar acequias y azarbes y la creación  de pueblos “isla”. Para los corredores verdes señala que es  fundamental que el generado en base a la rambla de Abanilla no se dirija  directamente al cauce del río, pues como se vio, no soportaría tanta  aportación de agua. También propone un corredor verde para la Sierra de  Crevillent y otros paralelos al propio río. En el de la margen derecha  para que, dado que la cota del río es más alta que la superficie, recoja  toda esa agua que no puede terminar en el río. Y en la margen  izquierda, que está por debajo, para que recoja el agua ante cualquier  desbordamiento.

Los pueblos “isla” o polder consiste  en rodear y defender con pequeñas motas o infraestructuras ya  existentes, y el agua de los azarbes que penetran el municipio desviarla  por el exterior hasta conducirla a los corredores. Los azarbes internos  de los municipios se reconvertirían en colectores pluviales. Pone como  ejemplo el caso de Países Bajos.

Benadero aboga por la  constitución de un organismo público representativo de administraciones y  asociaciones, y que asuma las labores de gestión del mantenimiento,  conservación y explotación de las infraestructuras.

Este viernes  concluye el congreso con una sesión de mañana con ponencias centradas en  la gestión de los recursos hídricos, la mejora del manejo del riego,  herramientas para la prevención la sequía, y sobre la evaluación  socioeconómica, ambiental y jurídica. En total participarán en el  congreso 37 ponencias y 45 comunicaciones.