El director del Cercle Agroalimentari, Manuel Lainez, conversa con Miquel González. Fotos: PEPE OLIVARESALICANTE. La cadena agroalimentaria valenciana quiere ser un sector esencial con todas las de la ley, no solo cuando una pandemia obliga a mantener abiertos los supermercados mientras los demás negocios cierran. El sector, representado por el Cercle Agroalimentari, quiere que el Gobierno la considere a la misma altura que el transporte aéreo, de forma que siempre estén protegidos unos servicios mínimos ante fenómenos como el paro del transporte de hace unos meses, y pide una forma de apoyo básica ante la actual escalada de costes: relajar la fiscalidad para no repercutir el incremento a los consumidores, y específicamente, bajar el IVA de los alimentos como productos esenciales que deberían ser.
Así lo defendieron este viernes el presidente del Cercle Agroalimentari, Enrique Chovi, y su director general, Manuel Lainez, en la jornada 'La cadena agroalimentaria sostenible, sector esencial', organizada por el Cercle y Alicante Plaza en el auditorio del centro Regus de Alicante. Chovi y Lainez fueron los encargados de abrir un programa que contó con ponencias, mesas redondas y diálogos de expertos y de representantes de todos los eslabones de la cadena, desde los productores a los consumidores.
El presidente del Cercle Agroalimentari señaló que a las empresas que forman parte de la asociación (integrada a su vez en la CEV), como Mercadona, Asucova, Importaco, Chovi, Vicky Foods o Carmencita, les une "la sostenibilidad económica, social y ambiental", y recordó que han pasado "una temporada complicada por la pandemia, donde fuimos esenciales al principio pero luego no". Chovi destacó que las empresas del Cercle tienen en común también "su apuesta por la innovación y la cohesión de la cadena", y destacó su impacto económico y en la creación de empleo.
El director general, Manuel Lainez, tomó la palabra a continuación para defender el impacto de los agentes que forman parte de la cadena agroalimentaria valenciana, desde los productores a los distribuidores. "Cubrimos necesidades esenciales y damos empleo estable y de calidad". Concretamente, el 9,15% del empleo de la Comunitat: 64.000 puestos en la producción primaria, 39.000 en la industria alimentaria, y 87.000 en la distribución. "Además, vertebramos el territorio rural y en riesgo de despoblación", con 111.000 explotaciones, 2.500 empresas y 16.000 tiendas de distribución. Todo ello aporta 30.000 millones de euros de valor económico.
Con este bagaje, Lainez llamó la atención sobre los principales problemas que atraviesa el sector: el precio de los fertilizantes, la energía y los carburantes, que son el 37% de los costes agrícolas y el 70% de los ganaderos, se ha disparado en los últimos meses. También el de todos los aceites, materia prima fundamental. "Es una situación compleja porque con esa presión de costes, el precio al consumidor solo se ha incrementado un 10%", defendió Lainez, "y eso significa que alguien está soportando los costes y perdiendo dinero: toda la cadena".
Los precios, consideró, "no van a volver a donde estaban hace un año, y los costes solo se están trasladando parcialmente al consumidor, por lo que no es sostenible a largo plazo". Un escenario que tampoco permite subir salarios y complica la búsqueda de talento.
En este contexto, el Cercle pidió a la Administración que considere a la cadena agroalimentaria sector esencial, que haya una colaboración permanente, y que ayude a soportar la presión de los costes con políticas fiscales: "Necesitamos relajar la presión impositiva, y ralentizar la estrategia europea 'De la granja a la mesa', que supone un nuevo incremento de costes". Y, sobre todo, "hay que estudiar una reducción del IVA de los alimentos".
