La Agencia Valenciana Antifraude

Resulta realmente sorprendente contemplar el paso dado por la citada Agencia en la composición del reciente Consejo de Participación Ciudadana, formado por auténticos “pesos pesados” contrarios al fraude público e irregularidades varias. Vendría a suponer tal hecho un avance meritorio en el recorrido obligatorio en defensa del mercado de la Obra Pública, por ser el más pródigo entre otros, a tenor del Comunicado hecho público.

Y naturalmente, podría convertirse perfectamente hasta en envidiable objeto de deseo de su homónima en la UE, la afamada OLAF, aunque dicho nombre induzca a reminiscencia vikinga, hasta ahí nada más, ya que su sigla responde al nombre en francés: Office Européen de Lutte Anti-Fraude. Su misión principal, sucintamente, reside en la lucha contra el fraude y la corrupción, así como actividades contrarias que afecten al Presupuesto de la UE, incluyendo irregularidades dentro de las Instituciones europeas y Estados miembros.

Si lo extrapolamos a la Comunitat Valenciana, comprobaríamos como la existencia de medidas coercitivas, supuso el pasado noviembre de 2017, el ejercicio de actuaciones contra un empleado de un Ayuntamiento de Alicante, aunque serían necesarias cifras más convincentes. Faltaría reforzar aspectos concernientes a la protección y defensa del denunciante, así como otros de carácter docente y tuitivos, destinados a la impartición y asentamiento de este tipo de valores por educadores sociales entre alumnos de bachillerato y de FP futuro semillero de próximas generaciones.

Las cifras manejadas a tenor de la Agencia E.P. según el Informe Anual correspondiente a 2018, de OLAF, no son más que un pequeño asomo de la realidad. España fue el país que más irregularidades sumó en el uso de Fondos Europeos, regionales y agrícolas entre 2014 y 2018, en casi 11.000 casos, representando el 22% del conjunto del bloque comunitario. No queda ahí la cosa, ya que en la Política Agraria Común (PAC), lideramos junto a Rumanía, Polonia e Italia, en miles de casos. Y en materia Medio Ambiental, mejor ni hablamos, ya que ha quedado recogido nuestro también absoluto liderazgo en www. modificadosobraspublicas.com.

De todos los casos investigados por la OLAF y remitidos a los tribunales nacionales, el 36% de los mismos finalizaron con el procesamiento de sus responsables, emitiéndose recuperar 376 millones de euros por casos de fraude. Suficiente, el “potencial irregular” que presenta España, y ciertamente, con resultados poco alentadores obtenidos, a tenor de los escasos recursos en Fiscalías y Judicaturas, que necesitarían de muchas “horas extras” para sacar adelante legajos y legajos.

Lo anterior son meros datos referenciales a la espera de resultados más ambiciosos que deberían surgir de la Institución que dirige Joan Llinares, que afortunadamente cuenta con el acervo de bienes o valores morales o culturales impregnados en la Institución Valenciana. Como resumen final, podría llevarse a cabo un intento más de efectividad a través de una conjunción de elementos disuasorios en el cual nos alegra observar la iniciativa pionera de la Generalitat Valenciana.

Finalmente, ayudaría conocer en cuánto se ha estimado incrementarían estas “listas de pesos pesados”, los Presupuestos existentes, así como las coordinaciones entre Organismos, Locales y Autonómicos y Estatales, dedicados actualmente a este fin, auténticos talones de Aquiles de nuestras Administraciones Públicas

Dispénsenme estas dudas los lectores de Alicante Plaza, hacia los cuales pretendo simplemente como veterano jurista, acercarme a sus niveles de calidad e interés en los asuntos de la Comunitat.