El abogado de la Acusación Particular, Miguel Porras, (a la derecha de la imagen) en el juicio del Caso Brugal. Foto: APORIHUELA. La Acusación Particular en el juicio del Caso Brugal, en su rama oriolana, ha matizado en su informe oral de conclusiones ante el tribunal la responsabilidad del exalcalde José Manuel Medina dentro del proceso que juzga a 34 acusados por la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al contrato de recogida y tratamiento de basuras. El abogado que representa, al Ayuntamiento de Orihuela como acusación dentro del proceso, Miguel Porras, realizó ayer la su propia valoración del juicio y e hizo su relato de exposición de los hechos como base y fundamento para su posición final. Su conclusión mantiene los mismos delitos que los demandados por la Fiscalía -con alguna salvedad sobre el delito de "asociación para delinquir"-, pero reclama penas menores para los acusados que las de Ministerio Público.
Una de las novedades que aportó ayer el abogado de la Acusación Particular, dentro de la definición de las penas es la petición subsidiaria respecto a la posible operativa de atenuante de dilaciones indebidas, una postura que, si el tribunal estima en la sentencia, tendrá impacto sobre las penas que impondrá a los acusados, para rebajarlas. Así, este matiz introducido por Porras, podría rebajar años en las penas de algunos acusados a pesar de que mantiene las peticiones de delitos para todos ellos.
El fiscal de Brugal se ratifica en sus conclusiones: "Se tapaba una irregularidad con otra ilegalidad"
El letrado se adhirió pues, así, a las peticiones del Ministerio Fiscal introduciendo subsidiariamente la petición parcial de atenuante de dilación indebida, basada en un auto de 2011 del juez San Martín, quien ordenó la nulidad de algunas grabaciones y pruebas "por defectos y deficiencias en la fase inicial", según el letrado de la Acusación Particular. En este sentido, Porras aseguró que realizaba esta acción representando al Ayuntamiento de Orihuela de manera "contundente pero consciente de la complejidad".
En cuanto a las acusaciones para Medina, el abogado matiza sus conclusiones debido a que, según su exposición, parte de los hechos en el supuesto entramado para amañan contratos "se produjeron cuando ya no estaba en Ayuntamiento y la atribución de responsabilidad es compleja". Asimismo, mantiene que la intención de Medina sería la de poner fin al "acuerdo irregular" para la realización del servicio de limpieza, para lo que el exalcalde adoptó dos cautelas: encargar a un servicio externo la elaboración de los pliegos de condiciones y el establecimiento de "medidas especiales" en el proceso de tramitación.
Otra de las divergencias que Porras mantuvo ayer en cuanto a la postura de la Fiscalía fue la relativa a la posible condena a costas. Y es que, argumentó, mientras que Fiscalía en su acusación no corre riego alguno de recibir una condena a costas, el Ayuntamiento de Orihuela sí que podría tenerla. Por este motivo, según explicó el letrado, incluyó "cautelas argumentales que creo que son mínimas" pero con el fin de cubrir a la institución representada de "riesgos mayores".
El exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina a su entrada a los juzgados de Elche, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARES El letrado Miguel Porras, como Acusación Particular, además de los matices sobre Medina, puso la mayor carga punible a hombros del empresario Ángel Fenoll con la colaboración, en diversas fechas, tanto de José Manuel Medina como de Mónica Lorente, además de otras personas, ediles y empresarios de Orihuela y la Vega Baja. Así, el abogado centró sus peticiones de delitos en base a dos grandes hechos nucleares. En la primera fase de los hechos destaca el concurso de 2005 y el delito principal de prevaricación en torno a él, al declarase desierto. El segundo bloque iría enfocado al concurso de 2008, que acabó con el proceso de adjudicación de la contrata a la UTE de Gobancast, Sufi y Liasur, momento en el que destaca el letrado el delito principal de fraude. Para Porras, Ángel Fenoll trazó una estrategia para perseguir sus intereses y los de sus empresas consiguiendo que se retrasaran, declararan desiertas o adjudicaran las contratas, a lo largo de los años, según sus intereses. Y para ello, según Porras, tuvo a socios necesarios dentro del Ayuntamiento y en entramados empresariales. Sobre Jesús Ferrández, señaló que su participación queda probada como directa debido a que aparece directamente como interlocutor de Ángel Fenoll en grabaciones, mientras que, por ejemplo, José Manuel Medina no aparece directamente en las pruebas, sino mencionado por Jesús Ferrández, por lo que considera como prueba más firme la de la acusación del exedil de Orihuela. Asimismo, en ese sentido también señaló en la segunda parte de la acusación al exconcejal de Limpieza de Orihuela, Manuel Abadía, como responsable en la formación de un supuesto entramado de firmas para favorecer a Ángel Fenoll en la ontrata de limpieza a partir de 2008. Además, sobre Ángel Fenoll asegura que en las grabaciones "e aprecia la manifestación de acceder a los técnicos, así como realización de amenazas, coacciones directas y puesta en marcha de medidas de descrédito personal de los alcaldes".
Así, mantiene, con salvedades y peticiones de penas diferentes, los delitos de prevaricación, fraude, extorsión, cohecho y tráfico de influencias para Fenoll. También los de prevaricación, fraude y cohecho para Medina y un delito continuado de fraude y prevaricación para Lorente.
Así, finalizado el turno de conclusiones finales para las acusaciones, a partir del 26 de noviembre comenzará el turno de los informes orales de las defensas. Por otra parte, la magistrada ha suspendido las próximas sesiones previstas para los días 3 y 5 de diciembre, aunque mantiene la del 4 de diciembre, en principio, sin dispensa de ninguno de los acusados, que tendrán que acudir al juzgado.
