Foto: MINISTERIO DE JUSTICIALos siete sistemas de gestión procesal ya son interoperables con el Tribunal Supremo
VALÈNCIA (EP). El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas han aprobado este jueves el marco en el que deberá desarrollarse la nueva oficina judicial municipal y los tribunales de instancia, pendientes para su puesta en marcha de la aprobación de la Ley de Eficiencia Organizativa y la de Eficiencia Procesal del Servicio Público de la Justicia.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios, antes de presidir la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebra en Toledo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha subrayado que "el nuevo servicio público de justicia estará a mano de los ciudadanos" gracias al despliegue de estas oficinas judiciales municipales, "que supondrán una herramienta esencial en la cohesión social y territorial y en la igualdad en el acceso a los recursos de justicia".
Se ha mostrado convencida de que "no hay nada tan cohesionador como que cualquier ciudadano, en cualquier lugar donde se encuentre, pueda acceder a los recursos de justicia", y ha recordado que aunque el despliegue depende de la Ley de Eficiencia Organizativa, "desde luego el próximo año" tiene que estar ya diseñado, ha comentado.
Sobre estas oficinas ha incidido en que "van a suponer un recurso extraordinario para que los ciudadanos que viven en pequeñas localidades puedan acceder a un recurso de justicia digitalizado" y pondrán "la justicia a mano de los ciudadanos, literalmente".
En este contexto, ha reseñado que tanto la Ley de Eficiencia Organizativa como la de Eficiencia Procesal del Servicio Público de la Justicia, junto a la futura Ley de Eficiencia Digital, que "pronto" llegará al Parlamento, "sustentan el gran proyecto modernizador, transformador" de la justicia, que "también es un servicio público y queremos que esté al nivel del servicio publico educativo y sanitario".
Las comunidades autónomas también han sido informadas durante esta cita en Toledo sobre las becas aprobadas por el Ministerio de Justicia "para que personas que tienen vocación de impartir justicia y preparar oposiciones a los cuerpos de las carreras judicial y fiscal, letrados y letradas de la administración de justicia, "puedan hacerlo" sin obstáculos económicos, personales, sociales o porque viven en pequeños territorios desde los que no pueden acceder a contar con un preparador.
Serán un total de 245 becas que supondrán una cantidad anual de 6.100 euros y un total de más de 1.600.000 euros para que estas personas "puedan cumplir su sueño". "No hay nada tan democratizador como dar igualdad de oportunidades a las personas para que puedan acceder a esos cuerpos" que requieren esfuerzos económicos de las familias "muy importantes", que duran muchos años y necesitan muchas horas de dedicación y estudio al día.
La titular de Justicia ha aprovechado este encuentro para anunciar que los siete sistemas de gestión procesal actuales ya son interoperables con el Tribunal Supremo, "por fin, después de muchos años", lo que permitirá "que los juzgados hablen entre sí, con otras instituciones y los distintos territorios".
Ha asegurado que esto supondrá "un gran primer paso" para avanzar en la interoperabilidad y el diálogo tecnológico que tiene que existir entre todos los sistemas de gestión procesal de los distintos territorios".
Por otro lado, preguntada por el malestar expresado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tras la decisión del Ministerio de Justicia de recortar la práctica totalidad de los refuerzos que funcionaban en juzgados y tribunales de cuatro provincias de la región, Llop ha explicado que esta misma semana se han celebrado reuniones con el Consejo General del Poder Judicial "para aprobar un paquete de cien refuerzos" para toda España.
"Es evidente que los juzgados están sometidos a una gran carga de trabajo, pero también es evidente que por parte de todas las instituciones existe la compresión de que a veces no es tanto falta de recursos sino que el modelo organizativo es muy ineficiente", de ahí que las futuras leyes aborden la transformación "hacia una nueva organización".
La ministra ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca; el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; la directora general el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal; y el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, junto a otras autoridades como la alcaldesa de Toledo y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Milagros Tolón, que ha participado en la apertura de esta cita.
La responsable municipal ha mostrado el pleno apoyo de la FEMP a la implantación de las oficinas de justicia en municipios conforme al proyecto del Gobierno de España, ya que como ha indicado Milagros Tolón, la evolución de los actuales juzgados de paz hacia las oficinas de justicia supondrá una oportunidad para la modernización de la justicia, además de integrar otros servicios públicos que contribuirán a mejorar la calidad de los mismos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
"La anunciada implantación de las oficinas de justicia en municipios cuenta con la plena colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias y con la máxima disponibilidad de nuestros ayuntamientos para lograr el objetivo con éxito", ha comentado la alcaldesa.
En este sentido, la también vicepresidenta de la FEMP ha subrayado que este modelo de justicia cercana a la ciudadanía "supondrá para estas entidades la transformación de una tradición muy arraigada en nuestros municipios como es el Juzgado de Paz en espacios digitalizados, integrados con otros servicios públicos, más accesibles a la población para mejorar su relación con las administraciones y más asequibles a trámites y procesos administrativos".
