El presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, junto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Las incógnitas sobre la reforma del Palacio de Justicia de Alicante se despejarán en el plazo de unos quince días. La titular del departamento autonómico, Gabriela Bravo, y el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, se emplazaron este viernes a un próximo encuentro, dentro de dos semanas, que debe resultar definitivo para concretar y desvelar los términos de la intervención que debe "dignificar" el edificio de Benalúa. Como explicó la consellera en su última comparecencia en Alicante, la intervención está supeditada a los requisitos de conservación que resultan de obligado cumplimiento tras la incorporación del inmueble al catálogo municipal de edificios protegidos, ya durante su primera versión, bajo el gobierno del PP (el inmueble fue una prisión a principios del siglo XX).
En esta línea, Bravo viene sosteniendo que no se podrá ganar todo el espacio que se preveía en el proyecto inicial para distribuir nuevas dependencias, ya que, entre otros puntos, tuvo que descartarse la cobertura de los patios interiores. Además, cualquier intervención para ganar plantas de sótano está también limitada a la elaboración de catas arqueológicas, ya que se tienen referencias de la existencia de un refugio del periodo de la Guerra Civil.
Con todo, este viernes garantizó que habrá obras para mejorar las condiciones de trabajo en las dependencias en las que se administra justicia, que se ganará espacio para crear nuevos juzgados y que se contará con otro edificio complementario externo en el entorno del Palacio de Justicia actual para agrupar algunas dependencias de un mismo orden jurisdiccional. En principio, todo parece apuntar que podría tratarse de un inmueble de propiedad pública que se acondicionaría para ese fin. Sin embargo, Bravo no aportó más detalles ni confirmó si podrían utilizarse algunas dependencias próximas, como las de la dirección territorial de Educación.
La reforma del edificio que alberga la mayor parte de los juzgados de la capital (prácticamente todos salvo los de lo Social, que se asientan en el edificio situado justo enfrente, en Pardo Gimeno) es una reivindicación histórica de los profesionales de la Justicia que se reactivó después de que se desestimase la construcción de un nuevo complejo judicial, justo en el otro extremo de la avenida de Aguilera.
