ALCOY. El juicio por las muertes producidas en la residencia Domus Vi de Alcoy en la primera ola de la pandemia, cuando fallecieron 74 personas, ha quedado visto para sentencia, después de que en la jornada de este jueves las diferentes partes hayan expuesto sus conclusiones, en las que se han repetido los argumentos planteados por las partes desde que empezara el 30 de septiembre.
Entre las cuestiones reiteradas por la parte demandante se encuentra la falta de personal para atender una situación con la gravedad y virulencia que se presentó, así como una mala gestión por parte de la dirección en cuanto a separación de residentes y sectorización. “Falta de medios y de personal descoordinación, falta de organización y prevención y fallos en la gestión del brote” han sido algunos de los argumentos reiterados por la representante legal de los demandantes, que son 46 familiares de 18 residentes afectados, de los que 15 fallecieron.
La letrada de la parte demandante ha hablado de “ese gran testigo ausente”, refiriéndose al médico de la residencia Domus Vi, puesto que no ha sido citado como testigo, “cuando es la persona que más luz podía haber aportado, explicando todo lo que se hizo. El que podía haber ratificado lo que pasó no ha sido propuesto por parte de Quavitae (empresa que gestiona Domus Vi)”.
Además, ha incidido en que se priorizaron las cuestiones económicas de la empresa a la atención a los residentes, y al respecto, el presidente de la asociación de familiares de afectados, José Luis García, ha afirmado que “Domus Vi Alcoy llevaba tiempo anteponiendo el acopio de beneficio económico a la atención y cuidado de los usuarios, y cuando quisieron implementar las medidas pertinentes habían llegado tarde y ya no hubo manera de parar el reguero de muertes”.
Sobre declaraciones de peritos aportados por la residencia demandada, que hablaban de que fue cuestión de “suerte o azar”, también se ha referido la letrada de los afectados, “¿en serio hablan de mala suerte? La mala suerte fue que sus familiares estuvieran allí. Fue negligencia lo miremos por donde lo miremos”, a lo que el presidente ha añadido, al finalizar el juicio, que “parece mentira hablar de suerte o azar refiriéndose a un centro residencial. Para eso vamos a una administración de loterías”.
Por parte de la empresa que gestiona Domus Vi, su letrada ha rechazado cualquier signo de negligencia en las actuaciones, y al respecto de que se hubiesen apuntado motivos económicos de la residencia dijo que “es ofensivo e insultante”. Consideró “irrelevantes” los repetidos brotes de gastroenteritis o las ratios de personal, “qué relevancia tiene un brote de gastroenteritis con la pandemia” y sobre las ratios “lo relevante es si faltaban médicos el día antes del brote, no cuatro meses antes”.
La abogada de Domus Vi se refirió a la dificultad de sectorizar cuando aún se vivía una situación de normalidad fuera, sin restricciones y por lo tanto con visitas, así como de aislar cuando aún no se realizaban pruebas para saber si una persona tenía Covid, como también ha rebatido la declaración del médico de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, quien habló de “hecatombe”, así como de “gente desnuda, con los pañales rotos, por el suelo, pidiendo agua”, asegurando que él era “el médico designado por Conselleria”.
La parte demandante pide una indemnización global de 2,3 millones de euros, que la aseguradora demandada, Mapfre, ve desorbitada y su letrada ha explicado que la póliza que tenía la residencia venció a finales de diciembre de 2020, mientras que la demanda se presentó en marzo de 2021, por lo que defendió “la no cobertura de Mapfre en este siniestro”.