Primera sesión del juicio del Caso Brugal. Foto: APORIHUELA. El juicio del Caso Brugal, que investiga la rama oriolana y los supuestos amaños en la contrata de basuras, continúa con la fase de declaración de peritos. Ayer lo hicieron responsables de las averiguaciones y estudios de la contrata de la UTE, de sus expedientes sancionadores y de resolución y del inicio del proceso para municipalizar el servicio de la gestión de residuos sólidos y de limpieza viaria en Orihuela. En una jornada donde abundaron muchos detalles técnicos, los peritos respondieron a preguntas de la Defensa, Fiscalía y Acusación Particular para tratar de ilustrar el proceso y las motivaciones para dar los pasos encaminados a resolver el contrato con la UTE de 2009.
Así, la perito que declaró en primer lugar fue una de las responsables de la investigación y expedientes sancionadores y, posteriormente, de resolución por incumplimiento de contrato de la UTE formada por Gobancast, Sufi y Liasur, que ganó el concurso de basuras en 2009, durante el mandato de Mónica Lorente. La técnica asegura que se percataron de que "no se estaban haciendo los servicios ofertados", asegura que la situación duró unos dos años y que "ya al principio advertíamos que no se cumplía con el pliego de condiciones".
Asegura que, al ponerse en contacto con los responsables de la UTE para advertir de los incumplimientos que asegura, se producían, algunos de los interlocutores, entre ellos, José Ramón Boyer, gerente en el momento de la unión temporal de empresas, respondían que "se hace lo que se puede con el dinero que hay". En consecuencia, aportó la perito, comenzó un expediente sancionador, que fue comunicado a la UTE con el fin de subsanar errores pero que no lo hicieron en plazo y pasó a abrirse expediente de resolución de la contrata.
Este informe de resolución, con fecha de 2 diciembre de 2012, firmado por esta perito, asegura que llegó después de que los informes de certificación previos redactados fueran negativos. Primero indicaron la necesidad de realizar un expediente sancionador, marcando los incumplimientos de maquinaria y medios y otros de la contrata.
Entre los planes que debían cumplirse por parte de la contratista y que no hicieron, según este informe, se encuentra la construcción de una nave para guardar vehículos y mantener la maquinaria. Asegura que se pasó el plazo determinado por el pliego y "no es que estuviese en obras, es que no estaba ni el proyecto presentado. No lo iban a hacer", según la perito. A pesar de haber cedido la parcela, la adjudicataria, según la declaración de la perito, afirmaba que no había dinero para construirla.
La construcción de un ecoparque próximo al núcleo urbano tampoco fue ejecutada, a pesar de haber pasado el plazo correspondiente, y no se tramitaron permisos ni licencias. Además, en cuanto al alquiler de instalaciones de tránsito, de una nave para guardar vehículos tampoco se hizo y "tenían un solar mal habilitado para los vehículos, y se deterioraban y oxidaban más". Otro de los incumplimientos presentes en el informe era la entrega anual del inventario - que no se habría hecho- y que era para verificar cuántos bienes iban a pasar a ser municipales, y su buen estado.
Además, el informe detalla el incumplimiento de la propia plica en inversión en materiales para la recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria. "Comprobábamos estos detalles exigiendo que pasasen el listado de maquinaria y el contrato de arrendamiento, íbamos a campas, comprobábamos que no habían en contrato ni físicamente determinados materiales, pasando por camiones, hidrolimpiadoras o contenedores soterrados, por ejemplo". La planta de transferencia de Orihuela Costa tampoco se ejecutó. En cuanto a limpieza viaria, faltaron una pala excavadora, un tractor de playa y los camiones no estaban rotulados, "porque era de alquiler y no estaba adquirida, a pesar de ser un requisito desde el inicio, y no estaba hecho".
El listado de incumplimientos según la perito, seguía con más detalles, incluyendo la una gestión y eliminación de residuos de fracción de algas. "Adoptaron como medida no eliminar algas en 2011, después de considerar que el año anterior habían recogido más toneladas de lo que consideraban y las depositaban en el suelo. También pasaron una factura por "exceso de algas".
Según la perito "había causas de resolución e incumplimientos desde 2009, pero el Ayuntamiento no llevaba ninguna acción para su resolución, cuando había motivos desde el inicio de los trabajos. No presentaron ninguna justificación desde la contrata para demostrar que no se estaba incumpliendo".
Desde la defensa, Mariano Bo reclamó la licitud de la prueba de esta perito porque existe un contencioso administrativo en marcha sobre ese contrato. Una medida a la que se adhirió el abogado Pablo Martínez.
Más adelante, en un momento de la sesión en el que coincidieron el interventor accidental oriolano y otra perito en la declaración. Desde la Defensa, especialmente, se hizo hincapié en conocer si uno de los estudios de la perito, con datos sobre la idoneidad de la gestión directa para Orihuela era compartida por el interventor accidental. Si las cifras aportadas en el informe y motivos para recomendar la municipalización del servicio de la gestión de residuos. En esta parte de la sesion más técnica, la Defensa trató de desgranar los distintos estudios e informes realizados en la época recomendando la gestión directa para Orihuela y tratando de desmontar algunos de los motivos aportados en su momento.
