ORIHUELA. El turno para la declaración de testigos dentro del juicio del Caso Brugal acabó ayer la semana con la intervención del secretario municipal oriolano, presente en el cargo desde 2008. En parte de sus respuestas a la Defensa, en concreto al abogado Mariano Bo, que representa en el juicio al empresario Ángel Fenoll, aseguró que la concurrencia de un mismo licitador, en un concurso público, que represente a dos firmas en el proceso está prohibido, y que en todo caso, el responsable debería haber advertido de la doble concurrencia para abrir la puerta a una vía legal en esa situación.
Cabe recordar en el caso que Ángel Fenoll está encausado, entre oros motivos por lo que se considera una trama para conseguir el contrato de basuras para Orihuela. En 2005 se inició un proceso de contratación que apuntaba a que Urbaser -empresa que no controla Fenoll- se llevaría la adjudicación. Las investigaciones policiales apuntaban a que Fenoll tejió un entramado para tratar de frenar el proceso, alargarlo hasta un cambio de gobierno "más favorable a sus intereses" que pudiera "ayudarle" a conseguir su objetivo. Finalmente, tras la llegada a la Alcaldía de Mónica Lorente, también encausada y cuya campaña, presumiblemente, habría sido financiada en parte por Fenoll, el concurso acabó declarado desierto entre el revuelo de la oposición. Entonces, el gobierno local encargó la redacción de un nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso una nueva contrata de basuras a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). En ese momento, aproximadamente, el secretario llegó a Orihuela.
Al concurso se presentó Colsur, firma de Ángel Fenoll, pero también una UTE conformada por varias firmas que, según la investigación, estaría controlada, en la sombra por Ángel Fenoll y que habría puesto a testaferros y firmas pantalla al frente para no ser descubierto. Finalmente, esa UTE fue la ganadora del concurso. Por este motivo, la doble concurrencia se puso como ejemplo de una mala praxis y, de haber ocurrido así, Ángel Fenoll habría concurrido en una irregularidad a la hora de optar al proceso.
El secretario aseguró que la comisión en la que se pidió renovar el convenio con la UPV para valorar un nuevo contrato fue controvertida, pero se aprobó. Él, asegura, durante el proceso habló en varias ocasiones con el responsable de la UPV para tramitar el concurso. Mantiene que iba a Orihuela para explicar ciertos aspectos aspectos relacionados con los informes. La relación también se daba por correo electrónico y el secretario le consultó varias interpretaciones abiertas.
El testigo también ahondó en su declaración en que la confidencialidad del proceso era absoluta y que no se debería haber facilitado ningún documento directamente a los licitadores. El cauce era desde el Ayuntamiento a la Mesa de Contratación, no más allá.
El secretario, que recién llegó al Ayuntamiento de Orihuela en plena vorágine, asegura que no conocía nada del terreno ni a nadie, pisaba en un espacio del que tenía pocas referencias previas. Aún así, afirma que en algún momento llegó a escuchar, de manera extraoficial entre corrillos del Ayuntamiento o entre cafés que una misma persona - Fenoll- se podría estar presentando en nombre de dos empresas. Asegura que el responsable de Contratación y, en el leno de adjudicación de la contrata, la oposición también insinuó esa posibilidad de relación entre las empresas presentadas. Todo ello, esos rumores, según mantiene el testigo, se dieron antes del pleno de adjudicación.
Para el secretario, que dio visto bueno al proceso de adjudicación, el pleno en el que se se declaraba adjudicataria a la UTE fue "polémico a nivel político, porque hubo ediles que votaron en contra y se solicitó dejar el punto sobre la mesa, pero al final salió adelante". Los motivos por el que hubo alegaciones en contra, según el secretario, fueron "jurídicas y políticas". Por ejemplo, cita que se planteó una "inadecuada planificación del sistema de recogida, y también incidencias jurídicas, la posible relación entre firmas, y que parecía que estaba predeterminado quién iba a ser el adjudicatario y que el proceso no sería claro".
Para el testigo, no obstante, "la tramitación del proceso me pareció adecuada en aquel momento, y firmé junto a la UPV el contrato de adjudicación". Esta cuestión la repitió en varias ocasiones, a preguntas de Fiscalía y Defensa y también para clarificar que "la decisión se hizo valorando el proceso, todo lo vimos adecuado, no fue una decisión arbitraria. La tramitación estaba bien estudiada".
Después de que se adjudicara el servicio a la UTE, el inicio del servicio se demoró por una claúsula que daba un plazo prudencial para la adquisición de nueva maquinaria. El contrato establecía la renovación de flota y el secretario consideró que debían dar un tiempo prudencial, siempre según el acuerdo y los contratos para comenzar. El servicio se demoró meses, de septiembre de 2008 a abril de 2009. "Es habitual que pase esto en este tipo de contratos, de enorme magnitud económica. Se da un plazo razonable para la compra de vehículos porque es una gran inversión y es un proceso complejo". El secretario no estuvo presente en la recepción de la maquinaria porque "no era mi función".
No obstante, más adelante, la prestación del servicio llegó con deficiencias. Más tarde, el secretario emitió informes de infracción por servicios técnicos, entre otras cuestiones, de la UTE ganadora. En los documentos recomendaba resolver el contrato de servicios y solicitar indemnización. Determinó que hubo incumplimiento de contrato y que se debía proceder a la resolución y a la compensación económica.