La consellera de Transparencia y Calidad Democrática Rosa Pérez (IU) ha requerido a los ayuntamientos de la Comunitat a que se retiren a la mayor brevedad los vestigios y símbolos del franquismo en cumplimiento de la Ley de la Memoria Democrática (antes ley de la Memoria Histórica). Lo hace a seis meses de las elecciones y conocedora del morbo y la polémica que suele provocar esta cuestión, fundamentalmente en la clase política, y especialmente en los sectores más radicalizados de la misma. Veneno. Así lo entendió hace semana y media el alcalde de Elche, el socialista Carlos González, que de momento no va a mover un dedo para retirar la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías ni para cambiar los nombres franquistas que invaden el callejero del populoso barrio de Carrús.
¿Y por qué no va a cambiar nada el PSOE ilicitano para mayor berrinche de Compromís, sus socios de gobierno? Porque, como apuntaba Miquel González el pasado domingo, llegan las elecciones y no quiere líos que le puedan pasar factura: no quiere en este caso ejercer de alcalde rojo con un punto de quema-conventos, es un decir, para no alarmar al voto moderado, tal vez católico, que opta por el PSOE. Lo pospone para después de los comicios locales (si es que los vuelve a ganar, claro). Cautela y prudencia en esta batallita de ideas en la que habría que sondear la opinión del ciudadano corriente y moliente.
Nunca he sabido donde empieza una sana y deseable retirada de todos los símbolos de la dictadura y donde acaba su uso morboso: Zapatero quitó una gran estatua del dictador en 2005, contigua a Nuevos Ministerios, y no pasó absolutamente nada; ladraron cuatro, los de siempre (bien es cierto que aún no había irrumpido el partido de las tres letras; también la quitaron de madrugada...). Lo mismo que cuando se retiraron los restos de Franco del Valle de los Caídos con protocolo de Estado: no hubo guerra civil. El citado partido, Vox, que las pilla al vuelo cuando le interesa, presentó en el último pleno del Ayuntamiento de Alicante una iniciativa para que se respetara la Cruz de la plaza Calvo Sotelo y el nombre mismo del que fuera diputado de la República, representante de un partido reaccionario a caballo entre la CEDA y Falange.
Debiera saber el portavoz de Vox, Mario Ortolá, que eso ya se empezó a debatir cuando era alcalde el socialista Gabriel Echávarri, no hace tanto, y que hubo un consenso general en respetar la citada Cruz por una razón esencial: la primera Corporación Democrática presidida por el socialista José Luis Lassaletta resignificó el monumento para hacerlo extensivo a todas la víctimas de la Guerra Civil, no solo las del llamado bando nacional. Lo vino a recordar el concejal de Cultura, Antonio Manresa. Por tanto, la declaración institucional de Ortolá, que rima con ayatolá, tenía mucho de extemporánea y muchísimo de oportunista. A sabiendas de todo ello, PP y Cs picaron el anzuelo y votaron a favor en vez de una profiláctica y estética abstención. Error; gordo. El alcalde ilicitano piensa que quitar la Cruz del Paseo de Germanías le quita votos, y Luis Barcala opina que le da votos: ecuación que al final viene a ser la misma. Que hartazgo de cruces.
El concejal socialista Manuel Marín alegó que no se puede incumplir la Ley de Memoria Democrática transitando por los viscosos territorios de la amnesia (como Ortolá) al obviar que su compañero Echávarri excluyó la Cruz de Calvo Sotelo en la revisión que se inició en 2018, decisión que ratificó finalmente Luis Barcala. La izquierda, y especialmente Unidas/Podemos, se puso las botas siguiendo la ola del partido promotor de la iniciativa. En su derecho están. Se ve que eso les da votos. O les pone una barbaridad en cualquier caso.
COCHES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. La Comisión de Industria de Les Corts aprobó el otro día una proposición no de ley para que se aplique la “perspectiva de género” en la fabricación de los coches. La defendió el diputado de Compromís Francisco Javier García Latorre quien vino a acusar de androcentrismo a los fabricantes. El caso más obvio que salió a relucir es la adaptación de los cinturones de seguridad para mujeres embarazadas, preocupación muy loable. Y poco más. Habría que instar a los institutos tecnológicos de la Generalitat, y a las universidades, a que investiguen sobre ello antes de meter el género con calzador en todo lo que se ponga a tiro. ¿Por qué? Porque de tanto usar la expresión (académica) de “perspectiva de género” al final perderá su sentido y razón de ser. Es decir: género es una construcción cultural, una categoría de análisis, para diseccionar los roles de sumisión/opresión a los que se han visto sometidas las mujeres a lo largo de la historia (la primera que lo formuló fue Simone de Beauvoir en 1949 en El segundo sexo). El embarazo no es género: es biología derivada de la condición sexual. Esta empanadilla mental, y fundamentalmente conceptual, tiene mucho que ver con la oposición de las feministas a la llamada Ley Trans.