ALICANTE. Nuevo proyecto empresarial ligado al sector de los combustibles en Alicante. En este caso, en el entorno de la carretera de Ocaña. La empresa alicantina Consejeros Inzide acaba de registrar solicitud de permiso para establecer y poner en funcionamiento una planta de producción de biocarburantes a partir de aceite residual vegetal capaz de generar 12.000 toneladas anuales de biodiésel y otras 1.150 de glicerina para su comercialización a terceros.
La propuesta planteada por Consejeros Inzide -una sociedad que comparte accionariado y administrador con Petro Alacant- plantea el desarrollo de nuevas instalaciones que quedarían situadas en la parcela que acoge una nave industrial preexistente de 1.200 metros cuadrados de la calle río Turia. Dicha parcela dispondría de acceso desde la avenida del Zodíaco para el transporte de la materia prima (los aceites vegetales) y el traslado del producto final para su comercialización posterior.
¿Cómo funcionaría esa planta? De acuerdo con el proyecto, que ahora permanece en exposición pública, los aceites vegetales utilizados como materia prima se almacenarían en tres depósitos. Después, se abordaría su tratamiento calentándolos a 70º C y se les añadiría sosa caustica y metanol "para pasar a ser procesado en un reactor el tiempo necesario para producir la reacción de transesterificación".
Una vez finalizado este proceso, "se decantará y centrifugará para separar los elementos disueltos en el combustible, como agua y glicerina, y se llevará a tanques de decantación de donde se extraerá el producto limpio". Este producto, ya limpio, "se aditivará con gasóleos convencionales para mejorar su calidad". Y, después, "se procederá al afinado mediante mezclas con alcohol isopropílico, poniéndose a la venta el producto resultante".
En el conjunto de las instalaciones previstas, se incluye la instalación de al menos 18 depósitos de distintos tamaños y capacidades que quedarían encuadrados en el interior de la nave. Entre ellos, se contemplan dos silos de acero inoxidable de 40.000 litros para la decantación del biodiésel; un depósito de poliéster de 25.000 litros destinado al almacenamiento de agua que se utilizará en el lavado del biodiésel; un depósito de poliéster de 10.000 litros destinado a almacenar la glicerina; y seis depósitos de poliéster de 2.000 y 5.000 litros destinados a almacenar el producto en sus distintas fases durante todo el proceso de transformación.
Sea como fuere, la actividad propuesta quedaría ajustada a los requisitos de prevención establecidos, hasta el punto de que el propio proyecto -fechado en julio de 2023- señala que "los riesgos de deflagración y explosión son nulos, al no existir zonas de acumulación de gases, ya que la instalación se encuentra al suficientemente ventilada y a nivel de rasante". Y se añade que "no existen sótanos ni recintos cerrados donde se pueda acumular gas", al margen de que se incorporen las medidas de prevención previstas en el reglamento de seguridad contra incendios en instalaciones industriales.
Con todo, el proyecto no llega a cuantificar la inversión prevista para la construcción de esas nuevas instalaciones sobre la nave preexistente que, en la actualidad, permanecería sin uso. En lo que concierne a cifras relacionadas con aspectos económicos, tan solo se detalla que la planta quedaría a cargo de una plantilla compuesta por diez trabajadores distribuidos en turnos con el fin de que pueda estar en funcionamiento durante 16 horas diarias.
Por lo pronto, la propuesta no guarda relación en cuanto a dimensiones respecto a la iniciativa promovida por la empresa XC Business 90 para situar una planta de almacenaje de combustible en el muelle 19 del Puerto, más allá de la circunstancia de que el ingeniero que firma el proyecto de la planta de biodiésel promovida por Consejeros Inzide sea el ingeniero y administrador de la propia XC Business 90, Dionisio Díez.
Entre tanto, la viabilidad de los depósitos del Puerto sigue pendiente de que se resuelva el recurso presentado por el Ayuntamiento de Alicante ante el Tribunal Supremo (TS) frente al aval a la concesión de su licencia por silencio administrativo positivo, que quedó reconocida en sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) el pasado mes de abril.
Ese recurso de casación sigue pendiente de resolución, una vez formalizada su admisión a trámite, sin que se haya avanzado en la concesión del permiso y sin que haya trascendido ninguna solicitud de información adicional respecto al contenido del proyecto desde que se decretase la paralización del expediente a la espera del pronunciamiento del TSJ, que se precipitó hace seis meses.