CALP (EP). La Guardia Civil investiga a nueve trabajadores de la empresa encargada del control de los estacionamientos de la Zona Azul (ORA) de Calp que supuestamente interponían denuncias sin seguir el protocolo establecido para tramitarlas.
Según ha informado el instituto armado en un comunicado, supuestamente no se corroboraban las infracciones y no dejaban el boletín de denuncia en el parabrisas, de modo que la denuncia se tramitaba por el ente gestor de tributos SUMA, cuyo pago es obligatorio, para "aleccionar" a los conductores. A los presuntos autores se les imputan los delitos continuados de falsedad documental y estafa.
La investigación arrancó a principios de marzo cuando se tuvo conocimiento de varias irregularidades cometidas, presuntamente, por parte de algunos empleados de esa empresa de control de los vehículos estacionados en la Zona Azul. Al parecer, las irregularidades afectaban al control de los vehículos y a la confección de las denuncias, bien por carecer del tique de estacionamiento o por haber sobrepasado el tiempo.
Los agentes comprobaron que muchas de las denuncias interpuestas por estos empleados investigados solamente habían sido supervisadas o comprobadas por un solo controlador, cuando el requisito indispensable para que la infracción debe ser corroborada in situ por, al menos, dos.
Sin embargo, la investigación ha podido saber, de forma fehaciente, que estas comprobaciones no se hacían siguiendo la normativa legal vigente, ya que ambos controladores se alertaban telefónicamente para que, así, uno de ellos pudiera ahorrarse el desplazamiento y poder cubrir más extensión del municipio. Realizada esta llamada, el único controlador presente en la infracción, emitía un boletín-denuncia con dos firmas, alegando falsamente la supuesta corroboración del segundo operario, para que la denuncia no pudiera ser recurrible o anulable.
Otro extremo que pudo acreditarse fue que estos trabajadores muchas de las veces en las que confeccionaban una denuncia no dejaban el boletín-denuncia físico en el parabrisas del vehículo denunciado, con lo que provocaban que la denuncia llegase directamente a través de SUMA, es decir, siendo su pago obligatorio. Con esto, se supone que los empleados pretendían aleccionar a los usuarios, para que se acostumbrasen a poner el tique.
El móvil de esta mala praxis, llevada a cabo por los controladores, sería el aumento del número de denuncias, incrementando con ello el beneficio económico y propiciando un ahorro en costes en la contratación de más personal, para realizar esas comprobaciones legalmente, acordes a lo establecido en la legislación vigente.
Al parecer, y según se desprende de las manifestaciones recogidas durante la investigación, existían órdenes concretas de dos de los jefes/encargados de la empresa para que supuestamente se actuara de esta forma fraudulenta y amenazaban a los trabajadores con el despido, en caso de insubordinación. Además de los delitos continuados de falsedad de documento público también se ha podido constatar la comisión de un delito continuado de estafa, ya que, en la redacción de las denuncias, se actuaba mediando engaño y falsedad, con lo que se provocaba un "grave perjuicio económico" a los ciudadanos.
El balance total de las personas investigadas ha sido de nueve --cinco mujeres y cuatro hombres--, todas españolas y edades entre los 33 y los 61 años. Todos ellos quedaron en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, a la espera de juicio.
Según el resultado de la investigación, estas irregularidades se habrían estado llevando a cabo durante más de un año, lo que podría haber provocado a los usuarios un grave perjuicio económico, aún por determinar, de varios miles de euros. Muchas de las víctimas de esta estafa ya han sido informadas de la existencia de la apertura de un procedimiento judicial, para que se personen como interesados y poder reclamar una posible indemnización. No se descarta que estos hechos pudieran haberse producido también en otros municipios en los que esta empresa preste sus servicios. La Guardia Civil ha destacado la colaboración del Ayuntamiento de Calp, a la hora de aportar los datos y archivos requeridos por los agentes, necesarios para el desarrollo de la investigación.
