VALÈNCIA (EFE). El pleno del Consell ha tenido conocimiento este miércoles del informe elevado por la Intervención General de la Generalitat correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Auditorías del Sector Público 2023 referido al ejercicio de 2022 que detecta incumplimientos de la normativa en retribuciones de personal, contrataciones y control de subvenciones.
Según la Generalitat, de acuerdo con el informe general con los resultados más significativos de las auditorias de cumplimiento y operativas realizadas, se advierten incumplimientos de la normativa en las áreas de retribuciones de personal, contratación, control de subvenciones y tesorería, entre otros.
Con respecto al área de personal, el informe incide en la necesidad de mejora en los instrumentos de regulación de las condiciones retributivas de las plantillas del sector público instrumental.
Se subraya que, en gran parte de las entidades auditadas, el estado de tramitación de estos instrumentos (inexistencia de convenio colectivo de aplicación o convenios colectivos aplicados no informados por las conselleries competentes, inexistencia de relaciones de puestos de trabajo informadas favorablemente o inexistencia de masas salariales autorizadas por la Dirección General de Presupuestos) "ha impedido aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría planificadas para el control de la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas".
Se concluye así que, de 42 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial, únicamente 17 disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos. Esto conlleva, según la Generalitat, que sobre el 84% de los importes satisfechos como retribuciones en estas entidades no exista masa salarial autorizada.
Respecto a las autorizaciones para la contratación de personal laboral temporal, reguladas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022, se ha constatado que durante el ejercicio 2022 las entidades del sector público instrumental de la Generalitat han realizado 8.092 altas de personal laboral temporal, mientras que las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos han sido 3.046.
Existen, por tanto, en el ejercicio 2022, más de 5.000 contrataciones de personal laboral temporal que no han contado con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos, remarcan desde el actual Consell.
En cuanto a contratación, han sido auditadas 53 entidades. De ellas, cinco han recibido una valoración positiva, 40 entidades han merecido calificación de favorable con salvedades u observaciones, ocho fueron desfavorables y una entidad ha recibido una valoración denegada.
Sobre las incidencias más significativas en este ámbito, se ha detectado la recepción de bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación por importe de 117,2 millones de euros (que representa un 17,22 % de la totalidad de los contratos adjudicados en el sector público instrumental).
En dieciocho entidades se ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo los límites que dispone la Ley de Contratos.
Además, en once entidades del SPI "no se han adoptado medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación".
El informe recomienda que se adopten sistemas de integridad que incorporen medidas de prevención y detección eficaces para la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés obligando, entre otras medidas, a firmar declaraciones de ausencia de conflictos de interés por todos los participantes en el proceso de contratación y en todas sus fases, desde la preparación a la ejecución y liquidación de los contratos, entre otros aspectos.
Según la Generalitat, en el área de subvenciones se estima que, con carácter general para todas las entidades, se debería agilizar el registro de los pagos de subvenciones en las aplicaciones correspondientes, ya que se excede el plazo reglamentario del mes siguiente al de la producción del pago material al beneficiario.
En el área de tesorería, un total de 16 entidades no utilizan el punto general de entrada de facturas electrónicas FACE como canal de presentación de facturas. La implantación de un sistema de facturación electrónica permitiría que las facturas emitidas por los proveedores aseguren la identificación del emisor y la cuenta bancaria designada por este.
En cuanto al registro de las facturas presentadas por los proveedores, se advierten aspectos a mejorar en 10 entidades en relación con su sistema de registro de facturas. En este sentido, por ejemplo, se ha verificado el uso de registros manuales u hojas de cálculo, registros no informatizados y no interconectados con registros de proveedores u órdenes de pago; así como la coexistencia, en una misma entidad, de registro informatizado y manual según el canal de entrada de la factura.