VALÈNCIA, (EP). Un informe de la Intervención General de la Generalitat sostiene que, entre los años 2010 y 2014, la Conselleria de Educación realizó "pagos indebidos" por valor de algo más de 400.000 euros a cuatro personas en concepto de nóminas de personal contratado por centros concertados pero que, sin embargo, desarrollaban su trabajo en la federación Feceval.
Así figura en un informe aportado al juzgado de instrucción número 3 de València que investiga el supuesto pago a cuatro 'liberados' de Feceval que habrían cobrado por una labor docente que no ejercían. El juez ha trasladado a las partes dicha información y se han pronunciado: la Fiscalía pide el archivo, mientras la Abogacía de la Generalitat solicita que continúe al ver delito de malversación de caudales.
El documento de la Intervención, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que "la Conselleria de Educación ha estado pagando sin cobertura legal alguna desde el ejercicio 2010 hasta 2014 las nóminas de personal contratado por los centros privados concertados que, sin embargo, ha venido desarrollando su trabajo en Feceval".
El órgano de control explica que en los años 1990 y 2003 la Generalitat suscribió acuerdos con dos entidades que agrupan a centros privados-concertados, una de ellas Feceval, en los que se contemplaba la colaboración de ambas partes para la formación del profesorado. En años sucesivos, se firmaron una serie de adendas, la última de ellas data en 2009 y no preveía la posibilidad de que los acuerdos se prorrogaran tácitamente.
Por tanto, "al margen de la legalidad o no de los convenios y de las adendas, desde el 1 de enero de 2010 se están realizando pagos indebidos, ya que no existe convenio ni subvención ni acto administrativo que den validez a los mismos", señala el informe.
Hace notar, además, que "algunos centros privados concertados han venido realizando contratos laborales con la única finalidad de 'liberar' a los trabajadores de la actividad docente, que nunca han desempeñado, para realizar trabajos dentro de las organizaciones empresariales".
Como conclusión, la Intervención asevera que la administración abonó "sin cobertura legal" desde 2010 a 2014 nóminas de personas contratadas para centros concertados que realmente hacían trabajos en Feceval.
Respecto al período comprendido entre 2004 a 2009, los citados pagos "se amparaban en los convenios suscritos, sobre los que cabe citar que, al margen de la legalidad o no de los mismos, y según documentación facilitada se remuneraron horas de trabajo que no se habrían destinado en su totalidad al objeto fijado en los convenios".
Este informe es relativo a una de las dos piezas --la que se mantiene abierta-- en las que se dividió el procedimiento por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental abierto a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís en la que aludía a supuestos pagos irregulares de la Conselleria de Educación a colegios concertados.
El juzgado acordó el sobreseimiento de la causa por el presunto pago indebido con fondos públicos de salarios de docentes en cantidades superiores a acreditadas en el concierto educativo, horas lectivas que, al parecer, no se habrían realizado de manera efectiva. La decisión judicial se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara el archivo al no apreciar que se incurriera en ilícito penal, y de que la Abogacía de la Generalitat no se opusiera.
La otra pieza --la número 1-- se refiere a estos cuatro 'liberados' de Feceval que habrían cobrado por una labor docente que no ejercían, puesto que se trataban de un árbitro, un contable y dos abogados, según ha podido saber Europa Press. En esta pieza permanece como investigado el presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval-CECE), José Manuel Boquet.