Intersindical cree "inaceptables" los niveles de valenciano para la función pública

VALÈNCIA. (EP) Intersindical Valenciana ha calificado de "inaceptables" los niveles de conocimiento de valenciano determinados por el reglamento de la Ley de la función pública valenciana y exige a la consellera de Justicia, Gobernación y Administración Pública, Gabriela Bravo, una "rectificación".

Para este sindicato, "el tratamiento de Bravo al valenciano lo equipara sociolingüísticamente al castellano, lo que se alinea con las falsas tesis del PP que sostienen que ambas lenguas están en igualdad de condiciones".

Intersindical recuerda, en un comunicado, que valoró positivamente que, por primera vez, la Ley de la función pública regulara la competencia lingüística en valenciano para todo el personal de las administraciones públicas, aunque, a la vez, criticaba que la norma no fijara los niveles, "que se hipotecaban a un futuro reglamento".

"Ahora se ha conocido que este reglamento fijará unos niveles que no garantizan en absoluto el dominio lingüístico pertinente para poder atender la ciudadanía en valenciano, puesto que solo con el nivel del bachillerato todos los cuerpos funcionariales tienen reconocida la competencia en valenciano", critica la organización.

En ese sentido, el sindicato apunta que ya presentó una propuesta en el proceso de negociación sindical y en su comparecencia, en julio de 2020, en Les Corts Valencianas, defendió que para acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano con respecto al principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes los niveles exigibles serían:
Grupos A1, A2, B y C1: Certificado C1; Grupo C2: Certificado B1 y
Agrupaciones profesionales funcionariales: Certificado A2.

La acreditación de estos conocimientos de valenciano tendría que realizarse mediante certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Pero para Intersindical, el tratamiento que está recibiendo el valenciano en el ámbito de la función pública --educación al margen porque disfruta de normativa propia desde hace años-- es, a la práctica, "una equiparación con el castellano en cuanto a su conocimiento".

"No es de recibo que, a una lengua minorizada como el valenciano, se le equipare un dominio lingüístico como disfruta el castellano, que es la lengua dominante sociolingüísticamente en el País Valenciano".

"Esta minorización de la lengua propia por la Conselleria que dirige Gabriela Bravo --continúan-- confirma los temores que planteaba el sindicato cuando se reguló la nueva ley de la función pública valenciana, que se han visto confirmados ahora".

Además, Intersindical pide tener en cuenta que la competencia lingüística será de aplicación no solo a la administración de la Generalitat Valenciana, sino también a las administraciones locales, universidades públicas, empresas públicas y personal estatutario.

Este hecho "tendría que suponer dar un fuerte impulso a la promoción del valenciano, la apreciación de su valor social y su presencia pública y garantizar los derechos lingüísticos de las valencianas y valencianos, pero todo esto se queda ahora en papel mojado".

El sindicato está en contacto con las entidades en defensa del valenciano para "analizar la situación y emprender las acciones necesarias para que el gobierno valenciano dignifique la lengua de los valencianos y trabaje por su normalización real en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la función pública valenciana y la atención a la ciudadanía en la lengua del país".

Además, Intersindical Valenciana ha pedido una reunión urgente con Gabriela Bravo para "pedirle explicaciones y exigirle una rectificación inmediata", concluyen.