Foto: GUSTAV VALIENTE/EPVALÈNCIA. Los tribunales han obligado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a ser transparente con los incentivos que paga a su personal para que luche contra el fraude fiscal. La Agencia Tributaria no solo se vio obligada el pasado mes de septiembre a explicar su sistema de incentivos por productividad, cosa que hasta hace poco era un misterio para los contribuyentes, sino que ha tenido que dar cuenta de cuánto cobran, en conjunto, los inspectores y técnicos de Hacienda en la Comunitat Valenciana como premio a su nada agradecido trabajo.
Lo ha desvelado el Ministerio de Hacienda en respuesta a una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet. Según los datos aportados, los funcionarios que integran el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y el de Técnicos de Hacienda en cada una de las sedes de la Agencia Tributaria en el territorio valenciano se repartieron el año pasado 2,86 millones de euros en pluses de productividad y cumplimiento de objetivos.
Como se puede ver en el cuadro adjunto, la cantidad percibida por el personal –cuyo número no se especifica en la respuesta al senador– encargado de las inspecciones en las tres delegaciones de la AEAT en la Comunitat Valenciana ha crecido un 9% en los últimos cinco años aunque la del año pasado apenas varió respecto a la de 2020.
Los incentivos a los inspectores y técnicos de Hacienda por alcanzar determinados objetivos han sido cuestionados por la creencia de que cuantas más actas levanten más dinero ganan. De hecho, Carles Mulet formula la pregunta al ministerio que dirige María Jesús Montero con el siguiente razonamiento: "Existe un gran malestar por los excesos del personal de las oficinas de la Agencia Tributaria, que se dedican a abrir expedientes sancionadores por las cuestiones más inverosímiles a las personas en la presentación de las declaraciones del IRPF, gran parte de estos expedientes acaban en los tribunales como el TEAR dando la razón a las personas afectadas, después de un calvario en el cual han tenido que buscarse un abogado para defender sus intereses (coste que no se recupera aunque el TEAR les dé la razón)". Y a continuación, pregunta: "¿Tiene algún tipo de incentivo, bonificación o valoración el funcionariado de la Agencia Tributaria de acuerdo a los expedientes, sanciones, revisiones, etc. que impongan?".
Hacienda remite a Mulet a la documentación que la Agencia Tributaria hizo pública en septiembre después de que un juzgado de Madrid le obligase a hacer público el sistema de incentivos. En ella, la AEAT expone un complejo sistema aprobado en 2018 y que se actualiza cada año en el que se tienen en cuenta diferentes variables, entre ellas, el tiempo de tramitación de una inspección.
Según explica, "la productividad es una cantidad cerrada (o de suma cero) a la que concurren todos los funcionarios, de forma que no se paga un importe determinado en relación con una concreta inspección. Para realizar el reparto del incentivo es preciso previamente totalizar los resultados de todas las dependencias y de todos los equipos". Por ello, añade, "no resulta posible saber la cuantía a percibir por una actuación en concreto (ni antes, ni durante, ni después de terminada) y ni siquiera es posible determinar si en el ejercicio en el que se realiza esa actuación se percibirá más o menos productividad que en el ejercicio anterior, ya que ello dependerá de lo que hagan el resto de los equipos y el resto de las dependencias".
En resumen, no se percibe una “comisión”, ni un “porcentaje” sobre las regularizaciones propuestas, ni siquiera existe una vinculación directa entre la percepción global del complemento de productividad y este o aquel expediente.
Lo más llamativo es que, según reconoce la AEAT, el plus que reciben los funcionarios tampoco guarda relación con el resultado último de una regularización, de manera que si un contribuyente recurre y le dan la razón, sea en el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) o en los juzgados después de un proceso contencioso-administrativo, no hay ninguna penalización para el conjunto de funcionarios que se beneficiaron de esa actuación errónea.
Según argumenta el organismo que dirige Soledad Fernández, la existencia de discrepancias entre la Inspección y el inspeccionado "es normal en una materia como la tributaria" y "la presentación de recursos o la estimación de estos no supone, con carácter general, un trabajo mal hecho o que deba ser reprobado desde el punto de vista del desempeño de un funcionario".
