El empresario alicantino Juan Antonio Iniesta (centro) en el aniversario de Alicante Plaza. Foto: APALICANTE. El empresario alicantino Juan Antonio Iniesta, propietario y presidente del grupo Santa Ana, rechaza que con sus actuaciones en los momentos previos a la declaración del concurso de acreedores de Consorcio Empresarial San Vicente Sur SA (mercantil propietaria de la Villa Universitaria de San Vicente, en estos momentos en subasta judicial para cumplir el plan de liquidación) contribuyese a agravar la insolvencia de la sociedad, tal como sostiene el administrador concursal. Iniesta presentó a través de su abogado un extenso escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Alicante Plaza, en el que justifica las operaciones de cesión de activos entre sociedades del mismo grupo por el criterio de caja única con el que se regían las mercantiles integradas en el grupo Santa Ana.
Tal como desveló este diario el lunes, el administrador concursal de la Villa Universitaria ha calificado el concurso como culpable, al entender que Iniesta agravó la insolvencia de la mercantil con la disposición de fondos a favor de otras empresas del grupo, por valor de 15,8 millones. Asimismo, cifra en 1,9 millones el perjuicio que ocasionó el arrendamiento de la gestión del inmueble (una residencia de estudiantes) a otras sociedades de Santa Ana, como Ana Hoteles & Resorts y Ana Hotels Management. Por este motivo, pide que se inhabilite a Iniesta por 10 años para administrar sociedades, así como que compense el déficit patrimonial de Consorcio Empresarial San Vicente Sur, en una cuantía de 17,7 millones de euros.
El pasado 16 de mayo, no obstante, Iniesta presentó sus alegaciones ante la sección de calificación del concurso. Un escrito firmado por el experto abogado Luis Fernando Alonso Saura, presidente de la Sección Concursal del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (Icali). En sus alegaciones, el empresario señala que todas las empresas del Grupo Santa Ana funcionaban con una caja única, de modo que unas respondían de las deudas de las demás. Ese funcionamiento es el que explicaría el trasvase de activos de unas sociedades a otras, dado que en ese momento todas las empresas atravesaban dificultades fruto de la crisis del 'ladrillo', y trataban de reestructurarse. Coprovi, cabecera de Santa Ana y a la que se destinó el grueso de esa disposición de fondos (una "garantía real", según defienden las alegaciones), entró en su propio concurso con pocas semanas de diferencia.
Otra alegación de Iniesta, tal como refleja el documento al que ha tenido acceso este diario, hace referencia a la responsabilidad de los administradores de la firma en la citada insolvencia. Según el informe del administrador concursal, cabría achacársela exclusivamente a Iniesta, para quien pide la citada inhabilitación. El escrito, no obstante, señala que (tal como admite el administrador) la firma se regía por un consejo de administración formado por tres personas (una de ellas el hermano del empresario, y la otra el actual gerente de la Villa), por lo que no cabe personalizar la atribución de responsabilidades. Asimismo, el abogado de Iniesta cuestiona que el informe del administrador considere el concurso voluntario o necesario (como fue el caso, pues lo instó un acreedor, la Sociedad de Garantía Recíproca), a su juicio, según convenga a su argumentación.
Como ha venido contando este diario, el juzgado aprobó en abril de 2017 el plan de liquidación de la mercantil propuesto por la administración concursal, que consistía en la subasta de la Villa Universitaria para recuperar el pasivo que reclamaban los bancos (fundamentalmente, el Banco Sabadell como heredero de la CAM, y la Sareb por adquisición de los créditos de Bankia, antes Bancaja), pero al mismo tiempo garantizando la continuidad de un negocio 'sensible', dado que se trata de facilitar alojamiento a los estudiantes universitarios. La segunda subasta online, coordinada por VEO Comunicación, se cerró el pasado sábado con la recepción de dos ofertas, una de las cuales alcanza los 19,7 millones de euros.
A pesar de las dificultades que obligaron a liquidar la concursada, lo cierto es que desde que se declaró el concurso de acreedores la Villa Universitaria ha incrementado su volumen de negocio en casi un 60%. En el ejercicio 2017 alcanzó una facturación de 3,18 millones de euros, según el CEO de VEO Comunicación, Joaquín Oliete. En 2016 se cerró con una facturación de 2,57 millones de euros, lo que supone que los ingresos han crecido un 24% en el último ejercicio.
