rechaza la modificación de las reglas de explotación del trasvase 

Ineca alerta de que la reducción del Tajo-Segura condiciona al 60% de los regadíos de la provincia

28/03/2021 - 

ALICANTE. El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) cifra en un 60% los regadíos de la provincia de Alicante que dependen directamente del Trasvase Tajo-Segura. Con las modificaciones que pretende ejecutar el Ministerio de Transición Ecológica sobre las reglas de explotación del acueducto alerta del efecto negativo que puede acarrear en la producción agrícola.

Ineca se une a la Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante a exigir al ministerio que paralice las medidas de reducción de caudales del trasvase que se van a debatir el lunes en el Consejo Nacional del Agua. El rechazo a esa modificación se centra en los caudales autorizados a trasvasar en el nivel 2. La normativa señala que este nivel 2 se decreta cuando las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía son inferiores a 1.300 hm3 -sin llegar a lo fijado en el nivel 3, 688 hm3- y las aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses son inferiores a 1.200 hm3, se autorizará un trasvase mensual de 38 hm3. Según critica Ineca y la Diputación, el propósito del Ministerio es que ese caudal a trasvasar se reduzca y se sitúe en 27 hm3.

Ineca alerta que de materializarse esta disminución afectaría a todo el sector productivo de la provincia, y de forma directa al sector agrario e industria agroalimentaria, del que dependen, según sus datos, 45.000 empleos. El ente califica de "piedra angular" el trasvase dentro de la actividad económica de la provincia, porque además, señalan, afecta al abastecimiento de 35 municipios de las comarcas de L'Alacantí, Vega Baja y Vinalopó, a su actividad industrial y turística.

Pone de manifiesto la importancia del sector agrícola y su relación con el trasvase. Según los datos que muestra el Ineca, 2020 se cerró con 935,6 millones de euros las exportaciones de productos agrícolas, de ellos 590,1 millones corresponden a frutas y conservas. Su crecimiento ha sido constante en los últimos diez años. En cuanto a las exportaciones de legumbres y hortalizas el año se cerró con 345,5 millones de euros. 

La semana pasada, la Comisión Técnica del Agua de la Diputación ya manifestó que esta reducción de caudales "va a producir graves impactos sociales, medioambientales y económicos". Remitirán un informe a la Generalitat Valenciana, al gobierno de la Región de Murcia y al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) para que lo incluyan en sus posicionamientos. Buscará también el apoyo de todos los alcaldes de la provincia para que se adhieran al documento de rechazo.

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