Impacto académico y petrodólares saudíes

Hoy, en "temas académicos que muy probablemente no interesen a nadie que no trabaje en la Universidad", abordamos una cuestión que llevaba años incubándose como gran problema y, por fin, parece que ha terminado por explotar: la cuestión de los "índices de impacto" académico y las revistas científicas como lucrativo negocio.

El estallido ha derivado del escándalo de los profesores universitarios españoles que se encuentran entre los más citados del mundo y aparecen vinculados con universidades de Arabia Saudí con las que en realidad no tienen ninguna vinculación (salvo la vinculación de cobrar a cambio de decir que están en dichas universidades), por una razón: así sus publicaciones, su "impacto" académico, computa en las universidades saudíes, y no en las españolas en las que realmente trabaja el investigador. El caso más clamoroso ha sido el del profesor Rafael Luque, profesor de la Universidad de Córdoba, suspendido trece años de empleo y sueldo por haber detectado dicha Universidad su vinculación con la Universidad Rey Saúd, a la que Luque afirmaba pertenecer a ojos de los índices de impacto académico, de manera que todas las investigaciones desarrolladas por dicho investigador computaban a favor de la Universidad saudí. 

Sólo por este motivo, la Universidad de Córdoba ha descendido unos 150 puestos (del 684 al 837) en el ranking de Shanghái, que evalúa la calidad de las universidades del mundo a partir de una serie de parámetros, fundamentalmente cuánto impacto académico atesoran los profesores e investigadores de cada Universidad. A raíz de este caso, la investigación desarrollada desde el diario El País ha hecho aflorar situaciones similares, siempre de investigadores muy citados y que publican muchos artículos (el mencionado profesor Luque, ufano él, afirmaba publicar un artículo cada tres días, como si ese dato fuese ejemplo de excelencia y productividad, y no de falta de rigor y seriedad).

Los profesores universitarios siempre han tenido dos parámetros fundamentales para medir su actividad: la docencia y la investigación. Ambos son los componentes fundamentales de su trabajo, y se utilizan para medir el desempeño del profesorado en España. Lo cual es muy importante desde muchos puntos de vista; para promocionar laboralmente, para optar a complementos económicos de diversa índole, para conseguir financiación para proyectos u otro tipo de ayudas, y por supuesto para obtener un primer contrato laboral que vincule al académico con una Universidad, se evalúa el currículum, los méritos del investigador, fundamentalmente en estas dos áreas. 

En el caso de la docencia, la evaluación, con matices, suele ser "a peso" (cuantas más clases se han impartido, mejor se evalúa ese componente), con todas las limitaciones que ello conlleva. Con la investigación, en cambio, el procedimiento es distinto. El enfoque tradicional dejaba en manos de las comisiones o tribunales evaluadores dirimir la calidad y el valor de cada investigación. Pero esto daba lugar a muchos abusos, injusticias y una sensación de indefensión difícil de ignorar por parte de los investigadores sometidos a evaluación. Por ese motivo, cada vez se ha buscado una evaluación que estuviera más ligada con criterios objetivos, que permitan mensurar la calidad de lo que se ha publicado. Y ahí es donde han entrado los índices de impacto que permiten evaluar, mediante datos objetivables, la calidad de un artículo o un libro, basándose en su difusión e influencia. Para ello, a su vez, se tienen en cuenta dos componentes fundamentales: cuántas citas ha recibido la investigación en otros artículos o libros y, sobre todo, cuál es la calidad de la editorial y (en particular) la revista en la que se ha publicado dicho texto. Estos dos parámetros suelen combinarse mediante los índices de impacto, que tienen en cuenta el número de citas, pero también dónde se han producido estas citas (son más importantes, de nuevo, las citas conforme más impacto tienen las publicaciones).

Este sistema tenía y tiene sus ventajas: el investigador que quiere ser evaluado (porque aspira a un contrato en la Universidad, o quiere tener la acreditación para poder promocionar a plazas de un nivel más elevado, o bien obtener un complemento económico que reconozca su desempeño investigador, ...) puede saber con bastante certidumbre cómo va a ser evaluado, y qué tiene que hacer, en definitiva, para superar la evaluación: en qué revistas tiene que publicar y cuántos artículos.

Pero, aunque el sistema ha permitido mejorar, nítidamente, las prestaciones de la Universidad, también ha tenido efectos perversos. El principal, que lo que es un medio (dónde publicar tu investigación) se ha convertido, para muchísima gente, en un fin en sí mismo: lo importante no es qué publicas, sino dónde. Porque el dónde, la revista de impacto en la que logres publicar, es lo que determina tu futuro laboral.

Inicialmente, esto tampoco se leía como un problema. Después de todo, publicar en las mejores revistas es un objetivo que sólo puede alcanzarse con las mejores investigaciones. Este tipo de revistas tienen un índice de rechazo muy alto, dirimido, por una parte, por los editores (que en principio querrán que su revista siga ponderando en la mejor posición posible, y para ello rechazarán las investigaciones menos interesantes), y por otra por los revisores externos (investigadores ajenos a la revista, que analizan de forma anónima las investigaciones presentadas para su publicación, y cuyo veredicto permite revisar los resultados de la investigación y en su caso aceptar la publicación o rechazarla). 

El problema de este planteamiento es que aporta un poder inmenso a las revistas, y esto ha tenido varios efectos perversos. Por una parte, que como todo el mundo quiere publicar en dichas revistas muchas veces las investigaciones se hacen pensando ya en qué puede interesar a los editores de la revista, con independencia de la especialización o los intereses del investigador. Por otra, que estas revistas, en su mayoría, están en manos de consorcios editoriales privados, que han logrado establecer un negocio magnífico con ellas: los investigadores no sólo no cobran derechos de autor por sus artículos, sino que -cada vez de manera más habitual- tienen que pagar por unos misteriosos "costes de edición" (misteriosos porque estas revistas, en su inmensa mayoría, sólo se publican online, así que los costes son los de pagar el servidor web y revisar y maquetar el texto), que en ocasiones implican un coste de varios miles de euros; los revisores externos, por otro lado, prácticamente siempre revisan los textos de forma gratuita (¡al menos, aún no les cobran por revisar, algo es algo!); y los editores de las revistas, por último, a menudo cobran por el derecho a leer los artículos, en particular si se trata de suscriptores institucionales, es decir, las mismas Universidades cuyos investigadores ya están pagando por publicar allí (o están revisando gratis los artículos). El asunto constituye una masiva extracción de rentas del sector público (que paga a los investigadores que escriben los artículos o los revisan, generalmente paga también el coste de la publicación, y por último paga a las revistas por el derecho a poder leer sus propias investigaciones) al privado, a mi juicio absurda y totalmente injustificada.

Como puede verse, algunas de estas editoriales tienen un modelo de negocio que no tiene nada que envidiar a los márgenes de beneficio de la venta de drogas. La mano de obra o bien trabaja gratis o bien paga, tanto por producir contenidos como por tener el privilegio de poder acceder a ellos. No cabe extrañar, en este contexto, que hayan surgido editoriales que llevan dicho modelo hasta su extremo, y en donde la revisión externa parece un trámite mucho menos importante que la firma del cheque para publicar. La más famosa de estas editoriales es MDPI, con revistas que ofrecen revisar y publicar rápidamente los artículos que se envían (en unos quince días, cuando lo habitual es esperar varios meses, a veces un año, para obtener una respuesta definitiva).

El escándalo de los investigadores "comprados" por Arabia Saudí puede parecer muy llamativo, pero en realidad es sólo la consecuencia lógica de este proceso. Si lo único importante es dónde publiques, no lo que publiques, la forma, y no el fondo, los petrodólares saudíes lo único que hacen es evidenciar esa situación, comprándose investigadores no en la realidad (lo que conllevaría dar clases en esas Universidades, tal vez pasar allí meses para desarrollar líneas de investigación, etc.), sino en la fabulación de los índices: compras a alguien para que diga que está en tu Universidad, aunque no sea cierto, para que los índices de "impacto" digan que sí lo es. Probablemente, investigadores que ven normal firmar artículos de investigación cada tres días (que en la mayoría de los casos, me permito aventurar, ni se habrán leído) también vean normal cobrar una gratificación por decir que los artículos que han firmado los firmaron formando parte de una Universidad en la que no han estado nunca. Y esto es lo que denota hasta qué punto este sistema está agotado y ha de modificarse: que en él puedan prosperar este tipo de perfiles, y de universidades.