Foto: INMA CABALLERVALÈNCIA. (EP) La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas dispone este año de un presupuesto de 235 millones de euros para atender a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y ya se ha solicitado a la Conselleria de Hacienda una ampliación de crédito de 60 millones, que podría aumentarse si fuera necesario para atender a los refugiados ucranianos. El pasado año, se ejecutaron un total 274 millones.
Así, lo ha destacado este lunes la vicepresidenta y consellera, Mónica Oltra, en declaraciones a los medios en las que ha explicado que al llegar los refugiados es la Administración General del Estado quien les abona una prestación durante seis meses y pasado ese tiempo, si lo necesitan, pueden solicitar acogerse a la RVI. "Estaremos preparados para ello", ha señalado.
La Renta Valenciana de Inclusión es una prestación que se aplica desde 2017 y garantiza un derecho subjetivo que se concreta a través de una prestación económica o profesional para realizar un proceso de inclusión social, ambas dirigidas a cubrir las necesidades básicas que garanticen la calidad de vida combatiendo la exclusión y la vulnerabilidad social.
En estos momentos un total de 75.885 personas son destinatarias de estas ayudas, de los que 34.450 son personas titulares que solicitan la prestación. El 66,84% son mujeres y un 61,72% tiene entre 41 y 64 años.
No obstante, hay 3.100 personas titulares en lista de espera para percibir esta prestación. Los Ayuntamientos tiene un plazo máximo de tres meses para registrar la solicitud y valorar si se cumplen los requisitos, mientras que la Generalitat debe proceder al pago en un plazo máximo de otros tres meses.
Sin embargo, Oltra ha apuntado a las diferencias en el cumplimiento de estos plazos. Así, en la provincia de Alicante la demora media en resolver de los consistorios es de 162 días, que en el caso del Ayuntamiento asciende a unos nueves meses, en concreto 283 días. Por su parte, el tiempo medio en espera en lso ayuntamiento valencianos es de 131 y en la provincia de Castellón de 91.
Por su parte, la dirección territorial de Alicante tarde 107 días de media en resolver el pago, la de Valencia 97 y la de Castellón. Oltra ha destacado que a partir de ahora la conselleria centralizará el pago y de este modo prevén acortar los plazos.
Además, un total de 13.308 personas reciben el completo respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal. Las personas perceptoras del IMV son complementadas por la Generalitat en aquellos casos en los que la cuantía que reciben del Estado es inferior a la que les correspondería en la ayuda económica.
Si no hay diferencias, la Generalitat también registra a la persona como beneficiaria de la renta, con cuantía cero, para que pueda tener derecho a los itinerarios de inclusión socio-laboral y para el acceso a oros beneficios.
Precisamente, ha recordado que hace dos semanas se firmó con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el convenio Pilotem por el que la Comunitat Valenciana recibe 10,2 millones para la puesta en marcha de itinerarios para la inserción sociolaboral de personas en situaciones de exclusión o de riesgo de exclusión social, a través de las entidades del tercer sector. No obstante, aún no se ha llegado a un acuerdo para crear una ventanilla única para solicitar las dos prestaciones.
Asimismo, ha resaltado que renta garantizada de ciudadanía solo se percibía durante un periodo máximo de seis meses, mientras que actualmente no hay un límite temporal si no cambia la situación que justifica la adjudicación.
Asimismo, ha destacado que han puesto en marcha un simulador que permitía a la ciudadanía averiguar si tiene derecho a cobrar esta prestación y en qué modalidad y ha resaltado que a esta prestación ya se le ha aplicado la subida del IPC de forma las distintas modalidades suman un 5,5% para que las personas destinatarias "no pierdan capacidad adquisitiva" y obtengan una cuantía "digna".
De este modo, una unidad familia de cuatro miembros que tengan también el complemento de vivienda y energético cobra un total 1.139,22 euros que le permite "hacer frente a su situación de exclusión y después construir su proyecto de vida independiente". Por s pare, ya mujer de 75 años que viva sola y cobra una pensión no contributiva obtendría 599,39 y el copago farmacéutico y una unidad mononuclear con tres miembro y el complemento de vivienda y energético 1.068,19 euros.
