Igualdad deniega la renta de inclusión a quienes cumplían con los requisitos cuando la pidieron

VALÈNCIA (EFE). La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no ha aceptado las recomendaciones del Síndic de Greuges de resolver los expedientes de Renta Valenciana de Inclusión (RVI) de forma favorable una vez excedido el plazo máximo legal de seis meses, ha asegurado el Síndic en un comunicado.

Para el síndic, Ángel Luna, "se está denegando la ayuda a las personas solicitantes que sí cumplían con los requisitos cuando la solicitaron y durante el plazo máximo que tenía la Conselleria para resolver".

Así, ha asegurado que, "debido a la inadmisible demora por parte de la Administración, cuando finalmente resuelve, con un año de retraso en algunas ocasiones, si el ciudadano se encuentra trabajando, queda excluido de la aprobación de esta prestación sin posibilidad de recibir la ayuda correspondiente a los meses en que sí cumplía los requisitos".

El Síndic ha cerrado la queja de oficio que abrió el pasado mes de octubre al considerar que denegar la renta valenciana de inclusión (RVI) a personas que, durante un corto periodo de tiempo, han estado trabajando no solo es una "injusticia" sino que podía "vulnerar sus derechos" y desincentiva la búsqueda de empleo por el miedo a la denegación de la prestación.

Luna ha señalado que Igualdad no ha llevado a cabo las actuaciones necesarias para atender la recomendación de esta institución de solucionar las demoras en la resolución de estas ayudas y que "lo único que expone la Conselleria es que está trabajando para resolver los expedientes en el plazo legalmente establecido".

"Igualdad entiende que, cuando la persona solicitante de la ayuda se encuentra trabajando en el momento en el que se dicta la resolución, esta no puede acceder a la renta valenciana en sus modalidades de garantía y argumenta que solo podría tener derecho a la modalidad de renta complementaria del trabajo, lo que resulta inviable puesto que dicha modalidad no ha sido aún implementada", ha incidido el Síndic.

Para el defensor, la posición de la Conselleria "no respeta el mandato de la ley de creación de la RVI, impidiendo a personas vulnerables acceder a prestaciones básicas por el tiempo en que no disponen de ingreso alguno".