El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.ALICANTE. El Ministerio de Hacienda vuelve a frustrar las expectativas del Ayuntamiento de Alicante ante la enésima petición formal para que se facilite la retirada del plan de ajuste al que se encuentra sometido desde el año 2012 hasta el año 2022. Esta vez, el rechazo a esa solicitud es de una rotunda claridad, en la medida en que marca cuál es el único camino legal que existe para que se produzca el fin de esa intervención contable: la devolución de los dos préstamos que se solicitaron con motivo de la puesta en marcha de los planes de pago a proveedores. No hay atajos, ni vericuetos, ni mecanismos alternativos, como la posibilidad de saldar las sumas pendientes de esos préstamos con otros créditos que presenten condiciones más ventajosas para los intereses municipales.
Así lo subraya el subdirector general de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, Gabriel Hurtado, en un escrito fechado el 26 de marzo al que tuvo acceso Alicante Plaza, en respuesta a la petición institucional sobre la cancelación del plan de ajuste, aprobada en el pleno de enero con los votos favorables de PSOE, Guanyar, Compromís (el grupo proponente) y de la edil no adscrita, Nerea Belmonte. En el debate de la moción, Ciudadanos (Cs) se abstuvo y el PP votó en contra.
En concreto, en su respuesta al Ayuntamiento, el responsable del ministerio precisa que "los planes de ajuste cuentan con un periodo de vigencia coincidente con el de la amortización de la operación de endeudamiento formalizada en el marco del mecanismo de pago a proveedores", como se estableció en el Real Decreto Ley 4/2012. En esta línea, precisa que "si se amortizasen completamente de forma anticipada las dos operaciones de crédito que motivaron la aplicación de un plan de ajuste, éste dejaría de tener vigencia y podrían darlo por finalizado". Es más, recuerda que se trata de una posibilidad que está plenamente al alcance del propio Ayuntamiento al señalar que "para amortizar anticipadamente dichas operaciones de crédito no se precisa autorización de este Ministerio puesto que se ha de llevar a cabo con los recursos propios de la entidad local".
Y, lo que todavía resulta más relevante, el alto cargo de Hacienda detalla que "no existe en el momento actual cobertura legal para la concertación con entidades financieras de una nueva operación de préstamo destinada a refinanciar o sustituir el crédito inicialmente formalizado en este ámbito". De hecho, subraya expresamente que "esta última posibilidad está estrictamente prohibida y el proceso permitido por el Real Decreto-Ley 8/2014 de julio, convalidado mediante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, fue puntual y excepcional".
El departamento que dirige Montoro deja claro que el mecanismo que se habilitó en 2014 fue "puntual y excepcional"
Ese mecanismo es, precisamente, al que aludía la moción aprobada por el pleno de Alicante a instancias de Compromís, al referirse a la vía a la que pudieron acogerse en ese ejercicio (2014) algunos ayuntamientos como el de Madrid, entonces gobernado por la popular Ana Botella, el de Marbella o el de A Coruña (estos últimos, entonces también gobernados por el PP). De hecho, la moción instaba al departamento que dirige Cristóbal Montoro a volver a poner en marcha ese mecanismo extraordinario. Y lo cierto es que, después de que el acuerdo se aprobase en pleno, Compromís también logró que la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobase, el pasado 14 de febrero, una Proposición No de Ley (PNL) en esa misma dirección por la que la cámara baja apremiaba al Gobierno a activar esa misma fórmula.
¿En qué consiste exactamente? En la autorización para concertar un préstamo que permita cubrir la deuda todavía viva por los créditos con los que se cubrió el Plan de Pago a Proveedores. En ese procedimiento habilitado por el Gobierno central, el Ayuntamiento de Alicante, bajo el mandato del PP, solicitó dos préstamos por una suma global de 74 millones para saldar facturas pendientes. El Ayuntamiento de Alicante todavía debería devolver en torno a 45 millones de esos préstamos: una cifra que se reducirá con el remanente de tesorería del ejercicio 2017 que finalmente se destine a cancelar deuda. Así, el Ayuntamiento sólo tendría que concertar un nuevo crédito por la cantidad restante "con unas condiciones mucho más ventajosas de las que impone los créditos ligados al plan de pago a proveedores", según explicó el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, al dar a conocer la propuesta.
Como contó este diario, la iniciativa de Compromís prosperó con los votos a favor de todos los grupos políticos a excepción del PP y del PNV, que se abstuvo. En principio, esa PNL no obligaba al Gobierno a adoptar ninguna decisión concreta, pero sí expresaba la voluntad política de la mayoría parlamentaria del Congreso. Sin embargo, la respuesta de Hurtado (fechada en un momento posterior a la adopción de ese acuerdo) obvia por completo esa PNL y se limita a rechazar la petición planteada.
