ALICANTE. Las diligencias incoadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a partir de las denuncias registradas por los vecinos de partidas rurales como la Cañada del Fenollar surten efecto con el desmantelamiento de una trama compuesta por 21 personas, investigadas por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio por la venta de parcelas de suelo rústico en las que no resultaba posible la implantación de edificaciones, como si sí pudiesen admitir construcciones residenciales.
Así lo han confirmado este miércoles portavoces oficiales del Instituto Armado, al informar sobre el desarrollo de la operación 'Insidias 2', en la que se ha investigado a 14 hombres, 6 mujeres y 1 persona jurídica, por delitos sobre ordenación del territorio y delitos urbanísticos, así como contra los derechos de los trabajadores en relación a la contratación irregular de extranjeros para levantar esas edificaciones alegales.
La investigación, llevada a cabo por la Patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Alicante, se inició tras detectar la parcelación y construcción en una finca rústica del término municipal de Alicante, ubicada en una zona protegida e inundable de la partida de la Cañada del Fenollar donde no está permitida la edificación, según las mismas fuentes. Esa investigación dio comienzo a partir de la labor de control y seguimiento desplegada por los residentes de dicha partida, que se sustanció con el registro de varias baterías de escritos de denuncia -hasta superar la treintena de escritos- tanto ante la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, como ante la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), así como ante el Seprona de la Guardia Civil.
Esas denuncias, presentadas al menos desde el pasado mes de mayo acabaron precipitando, ya en el mes de octubre, la apertura de expedientes de infracción urbanística por parte de la Concejalía de Urbanismo y de la propia AVPT, que siguen en curso -según confirman fuentes del departamento autonómico de Medio Ambiente- con el fin de promover el desmantelamiento de las edificaciones e instalaciones posicionadas en esas parcelas y de conseguir la restauración de la legalidad urbanística. Máxime, ante la constatación de que parte de ellas se sitúan en zona de rambla que presenta riesgo de inundabilidad o de avenidas de agua en caso de episodios de lluvias torrenciales, como también habían puesto de manifiesto los vecinos.
A partir de ahí, la Concejalía de Urbanismo acabó dictando los primeros decretos de paralización de obra, ya en el mes de diciembre, a la espera de completar la tramitación de los expedientes y de dictar una resolución definitiva con la consiguiente sanción, en su caso, al margen de la demolición de la construcción edificada de manera irregular o la retirada de las instalaciones desmontables que pudiesen haberse posicionado en esas parcelas.
En paralelo, el Seprona desarrolló su propia actuación, con el inicio de una investigación en la que los agentes pudieron determinar que una de las parcelas denunciadas por los residentes, de unos 11.000 metros cuadrados, había sido dividida en 12 subparcelas, delimitadas y con construcciones en distintas fases de ejecución. Asimismo, se detectó la instalación ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin la correspondiente licencia urbanística, según las mismas fuentes.
Las pesquisas revelaron que la finca había sido adquirida por una mercantil creada específicamente para su compra y posterior venta en participaciones a diferentes compradores. Estos contratos privados encubrían la asignación de distintas subparcelas a cada adquirente, que conocían plenamente la ilegalidad de la parcelación y la imposibilidad de construir legalmente en ellas.
Como resultado de la investigación, según precisan portavoces del Instituto Armado, se ha procedido a la imputación de las personas físicas implicadas, tanto vendedoras como compradoras, así como de la persona jurídica responsable de la parcelación ilegal. Además, se ha identificado a una persona como constructor ejecutor de la mayor parte de las edificaciones ilegales, según las mismas fuentes.
Durante las inspecciones realizadas, los agentes también descubrieron que parte de las obras fueron ejecutadas por un constructor que empleaba de manera habitual a trabajadores extranjeros en situación irregular en España. Estas personas carecían de contrato de trabajo y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.
Según se ha podido determinar, los trabajadores eran contratados sin ningún tipo de medida de protección laboral, sin equipos de seguridad y en condiciones claramente inferiores a las establecidas legalmente. Además, en varios casos, no llegaron a percibir el salario por el trabajo realizado, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
Finalmente, a los investigados, 14 hombres y 6 mujeres de entre 25 y 66 años, y una persona jurídica, se les imputan los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, dando conocimiento a los Juzgados de Alicante.