Guanyar y PSOE compiten ahora por oponerse a la planta de residuos de Abornasa en Fontcalent

ALICANTE. Los grupos políticos de PSOE y Guanyar, socios en el extinto tripartito hasta el pasado noviembre, inauguran otro motivo de disputa en su contienda por el liderazgo de la izquierda: el rechazo a la implantación de una nueva planta de tratamiento de residuos en la partida de Fontcalent, contra la que se vienen posicionando los residentes desde que trascendió la iniciativa, antes de las municipales de 2015.

Así, las dos formaciones han confirmado este martes el registro de alegaciones en el expediente de concesión de autorización ambiental integrada abierto por la Conselleria de Medio Ambiente a instancias de la iniciativa presentada por la empresa Abornasa con el fin de construir una nueva planta de residuos para el tratamiento de materia orgánica y residuos procedentes de la construcción y la demolición, a escasa distancia de la planta municipal de residuos que explota UTE Alicante. En sentido estricto, la formación que ha presentado alegaciones propias ha sido Guanyar, mientras que el PSOE se ha adherido a las registradas por los vecinos de la partida rural.  

En primer término, el portavoz de Guanyar y exconcejal de Urbanismo, Miguel ÁngelPavón, ha recordado, al dar cuenta del registro de sus alegaciones, que la planta de Abornasa ya fue "objeto de una solicitud de licencia municipal en 2015 que fue denegada por el Ayuntamiento y que recibió numerosas alegaciones de vecinos de las partidas rurales y de distintos colectivos de la ciudad, también del grupo municipal de EU". "Ahora la empresa lo intenta de nuevo ante conselleria pese a que cuenta con una Declaración de Interés Comunitario (DIC) otorgada en agosto de 2013 que Guanyar considera que está caducada al incumplirse una de sus condiciones, que la empresa solicitara licencia en el plazo de un año ante el Ayuntamiento; un plazo incumplido al solicitarse en enero de 2015, más de un año después de otorgarse la DIC", ha insistido Pavón.

En esta línea, ha precisado que "no entendemos que la Generalitat haya tramitado la AAI para una instalación que cuenta con una DIC que debería caducarse de inmediato", ha señalado. "Esperamos que el Consell deniegue la AAI y que de ese modo se evite a los vecinos de las partidas rurales las molestias que por malos olores y ruido generaría la nueva planta, además de la posible contaminación de aguas subterráneas por lixiviados, que podrían afectar al acuífero de la Serra Mitjana y a la zona húmeda del Saladar de Fontcalent, en la que existe una microrreserva de flora declarada por la Generalitat, al tratarse más de 225.000 toneladas al año de residuos de la construcción entre los que sin duda habrá residuos peligrosos como el amianto, los alquitranes o residuos de metales pesados como el plomo", ha recalcado. Según Pavón, esas molestias y ese "riesgo de contaminación se sumarían a la situación que ya generan instalaciones molestas e insalubres como la planta municipal de residuos, la cementera de Cemex o las canteras de las sierras Mitjana y de Fontcalent".

"En nuestras alegaciones hemos pedido que se tengan en cuenta los acuerdos y decretos aprobados por el Ayuntamiento en relación a la modificación puntual nº 36 del vigente Plan General de Ordenación Urbana, así como el documento de alcance de su Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, un documento emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat el pasado 30 de noviembre", ha detallado. "Entre esos acuerdos hemos destacado tres, el acuerdo plenario del 28 de abril de 2015 que aprobó una moción presentada por Esquerra Unida para modificar el Plan General al objeto de que en las partidas rurales no se puedan instalar ni nuevas plantas de residuos ni más industrias contaminantes, el acuerdo de la junta de gobierno local del 22 de marzo de 2016 por el que se suspendieron licencias para nuevas plantas de residuos o industrias contaminantes en el suelo no urbanizable del término municipal, y el acuerdo plenario del 26 de abril de este año, que aprobó la moción presentada por Guanyar -con los únicos votos en contra del actual minigobierno del PP- para reanudar y priorizar los trabajos de la modificación puntual nº 36 del Plan General y para instar al Consell a no otorgar a Abornasa la AAI solicitada", ha continuado, a través de un comunicado. 

"También hemos destacado el decreto que firmé el 10 de marzo de 2017 como concejal de Urbanismo para que se iniciara la evaluación ambiental y territorial estratégica de la modificación puntual nº36, que ya cuenta con el documento autonómico de alcance. Se trata de acuerdos y decretos que muestran claramente la voluntad municipal de impedir nuevas instalaciones como las que pretende implantar Abornasa en la partida de Fontcalent, una voluntad municipal que tiene que ser tenida en cuenta por el Consell a la hora de resolver este expediente", ha proseguido. "Finalmente, consideramos en nuestras alegaciones que todo parece indicar que las instalaciones propuestas por Abornasa puedan intentar sustituir las instalaciones que al parecer continúa aun explotando, aunque sea parcialmente, en la zona periférica de protección del Parque Natural de El Hondo, en el término municipal de Crevillent, donde se trataban residuos sólidos urbanos procedentes de al menos dos comarcas del sur de Alicante, el Baix Vinalopó y la Vega Baja del Segura", ha añadido. 

A su juicio, "la ciudad de Alicante no puede continuar siendo la pagana de que otros planes zonales de residuos no hayan resuelto sus carencias en materia de instalaciones. Es en esos otros ámbitos zonales en los que deben implantarse las instalaciones pertinentes, no en el territorio de la ciudad de Alicante y en el de sus partidas rurales, ya suficientemente castigado con diversas instalaciones molestas e insalubres", ha concluido.

Por su parte, el grupo municipal socialista ha precisado, a través de un comunicado, que ha decidido "sumarse a las alegaciones presentadas por los vecinos de Fontcalent para evitar la instalación de una fábrica de abonos orgánicos y de depósitos controlados de residuos de construcción y demolición" por parte de Abornasa. Según han recordado a través de un comunicado, los ediles del PSOE "ya mostraron su apoyo a los vecinos al presentar una Declaración Institucional en el último Pleno Municipal con el objetivo de instar a la Generalitat Valenciana a poner en marcha las mencionadas instalaciones en aquellos Planes Zonales que sean deficitarios en este tipo de servicios para que, de acuerdo con el criterio de solidaridad, cada plan zonal tenga la posibilidad de gestionar sus propios residuos sin necesidad de derivarlos a Alicante".

El edil Fernando Marcos considera fundamental respaldar las alegaciones de los vecinos porque "desconocemos los efectos que una fábrica de estas características puede tener en una zona que ya está saturada de vertederos y residuos. Es lógico que los vecinos no estén dispuestos a seguir acogiendo más actividades de este tipo", ha señalado.

Según el mismo comunicado, Marcos ha trasladado personalmente a los vecinos que su grupo municipal seguirá trabajando para evitar que la solicitud de autorización ambiental, que se está tramitando actualmente en la Generalitat Valenciana, sea finalmente concedida. "Las administraciones no pueden ignorar a los habitantes de las partidas rurales y no pueden adoptar decisiones que perjudiquen su calidad de vida por el aumento de la presión ambiental y deterioro del territorio. Alicante ya ha demostrado ser suficientemente solidaria en gestión de residuos", ha explicado Marcos.

Las alegaciones presentadas por los vecinos concluyen que atendiendo a las previsiones de la normativa en vigor, así como a las cuestiones técnicas y ambientales expuestas, se considera necesario iniciar un nuevo procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto, con el objetivo de adecuar el condicionado de la declaración de impacto ambiental. Marcos se ha reunido esta mañana con Agustín Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos el Saladar de Fontcalent. Pérez es, junto al presidente de la Asociación de Vecinos Benvingut, David Pérez, el responsable de las alegaciones.