El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, junto al resto de ediles del grupo, en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Guanyar persiste en su labor de fiscalización a cuenta del traspaso de la concesión de los aparcamientos públicos de Catedrático Soler y Hermanos López de Osaba entre dos sociedades distintas del grupo Cívica, propiedad del controvertido empresario Enrique Ortiz. El portavoz municipal de la plataforma electoral que lidera Esquerra Unida (EU), Miguel Ángel Pavón, ha registrado este viernes un recurso de reposición contra los acuerdos de la Junta de Gobierno local del pasado 12 de marzo por los que se aceptaron las alegaciones presentadas por Ortiz "para que no tenga que aportar, a través de su mercantil Aralcayna, 720.000 euros en concepto de garantías del polémico contrato que le fue adjudicado en 2003 para la construcción y explotación mediante concesión de tres aparcamientos subterráneos".
Según Guanyar, "todo ello tras la extraña cesión del contrato a Aralcayna que el minigobierno de Barcala aprobó en la junta de gobierno local, extraordinaria y urgente, del pasado 28 de diciembre, cesión en la que se acordaba que Ortiz tendría que volver a depositar ese dinero a través de su nueva empresa concesionaria".
En esta línea, Pavón ha explicado que "el acto que hemos recurrido supone no exigir a la nueva empresa de Ortiz que deposite 720.000 de los 850.000 euros" depositados inicialmente, "un dinero que irá directamente a los bolsillos de Ortiz pese a que el periodo del contrato expira el 1 de agosto de 2046 para el aparcamiento de Catedrático Soler y el 13 de febrero de 2047 para el de López de Osaba". "Desde Guanyar consideramos que hasta que no expire el contrato y se liquide el mismo no puede devolverse ni un euro de la garantía, cuyo plazo general se estipuló en seis meses contados desde que finalicen las prestaciones, es decir, en 2047", ha señalado.
Así, ha criticado que se pretenda "adelantar 28 años ese momento esgrimiéndose el plazo de 2 años de garantía para las obras de urbanización en superficie, pretendiendo equipararlas a las obras de construcción de los estacionamientos, que son las realmente importantes y cuyo plazo de garantía se extiende a seis meses después del fin del contrato, en 2047".
En esta línea, el recurso denuncia "que se ha aprobado la aceptación de las alegaciones de Ortiz sin el informe preceptivo de Intervención, que señala en un escrito de fecha 27 de febrero que 'el expediente se fiscalizará cuando esté completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente'". Pavón ha insistido en que "la propuesta de acuerdo aprobada por la Junta de Gobierno tiene fecha de 19 de febrero de 2019, anterior a la del escrito de Intervención, que parece no haber sido tenido en cuenta".
Por ello, según Pavón, "exigimos a Barcala que anule los acuerdos que perdonan a Ortiz 720.000 euros de la garantía que debe depositar y que, en todo caso, el expediente se retrotraiga al momento en el que debió incorporarse el informe de fiscalización de Intervención. También hemos solicitado la suspensión de los acuerdos por concurrir tanto la posibilidad de perjuicios de imposible o de difícil reparación para el Ayuntamiento de Alicante, como causa de nulidad radical. Y no podemos olvidar que estamos hablando de un financiador ilegal confeso del PP en el caso Gürtel y de un presunto corruptor urbanístico en el caso Brugal, dos casos de corrupción que afectan de lleno al Partido Popular".
Fuentes del equipo de Gobierno consultadas por Alicante Plaza cuando se aceptaron las alegaciones de la empresa de Ortiz precisaron que se había resuelto lo que se había concluido desde el punto de vista técnico.
