El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, conversa con el edil de Seguridad, José Ramón González (PP), en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El sector urbanístico de Pino y Ruaya, la bolsa de 40 hectáreas de suelo todavía libre que media entre Vistahermosa y la pedanía de Santa Faz, puede acabar siendo objeto de análisis en un nuevo pleno del Ayuntamiento de Alicante. Al menos, ese es el objetivo que pretende el grupo municipal de Guanyar al registrar, este martes, una propuesta para que se convoque una sesión extraordinaria y urgente de la comisión de Urbanismo y un pleno con las mismas características para "dar estricto cumplimiento, en tiempo y forma, al requerimiento formulado por la Generalitat Valenciana en relación al acuerdo plenario de 25 de octubre de 2018" sobre dicho sector.
En ese requerimiento, como viene informando Alicante Plaza, se instaba al equipo de Gobierno del PP a corregir dicho acuerdo municipal al considerar que había invadido competencias autonómicas sobre planificación urbanística al asignar derechos de edificabilidad concretos en el desarrollo de ese sector, en el trámite de ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Según la Dirección General de Ordenación del Territorio, en esa sentencia sólo se establecía la obligación de reconocer el sector como suelo urbanizable, sin asignar ningún parámetro adicional, ya que, en todo caso, eso debía quedar supeditado a la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ese acuerdo correspondería iniciarlo al ayuntamiento y, después, debería ser avalado por la propia Generalitat.
Como también viene informando este diario, el Gobierno del PP mantiene sus posiciones y sostiene que, de acuerdo con las consideraciones de los técnicos municipales, no corresponde corregir ningún acuerdo municipal, ya que, en todo caso, ese acuerdo aprobado en pleno no reconoce ningún derecho específico a los propietarios del sector y que, en la ficha urbanística del sector, tan solo se establece una densidad de 50 hectáreas de vivienda de manera orientativa, en función de la edificabilidad que el PGOU asigna a sectores colindantes. En esta línea, se mantiene que todo está supeditado a la correspondiente modificación puntual del PGOU que se deberá tramitar con posterioridad.
En cualquier caso, el portavoz del grupo municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha insistido este martes en que el Ayuntamiento debe dar acatar el requerimiento municipal. "Exigimos al alcalde, Luis Barcala, que ordene que se cursen las correspondientes convocatorias a la mayor brevedad posible para evitar que el Ayuntamiento de Alicante incurra en una presunta ilegalidad urbanística que nos retrotrae a los tiempos de Sonia Castedo", ha indicado a través de un comunicado.
Para que el PP quede forzado a celebrar esas dos sesiones (comisión y pleno) la petición de convocatoria debe reunir al menos las firmas de una cuarta parte de los representantes municipales en el pleno. Por el momento, Guanyar solo cuenta con las rúbricas de sus cinco representantes. El grupo municipal de Compromís, que se abstuvo en el pleno de octubre en relación al acuerdo, por el momento sigue optando por instar al diálogo entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Ordenación del Territorio "para que los técnicos de ambas administraciones lleguen a un entendimiento", según ha insistido su portavoz municipal, Natxo Bellido.
El grupo municipal de Ciudadanos (Cs), que votó a favor del acuerdo junto al PP y al PSOE, ha apuntado que, en todo caso, la disparidad de criterios "se puede abordar en un pleno ordinario y así evitamos, entre otras cosas, despilfarros como la dieta que cobran los tránsfugas por asistencia" a esas sesiones, según ha indicado su portavoz, Yaneth Giraldo. En todo caso, ha añadido que "si la Generalitat tiene argumentos técnicos más solventes que los de los técnicos del Ayuntamiento, que los explique bien. Cs solo tiene interés en que se cumpla la legalidad de forma estricta", ha concluido.
