Fondos en la capital: 23 millones para Vía Parque, un millón para la vía verde y otro para el Rico Pérez

ALICANTE. A la espera de que cada conselleria ofrezca un desglose territorializado de sus previsiones, el proyecto de presupuestos de la Generalitat trazado por el Consell para 2022 vendría a confirmar algunas de las apuestas centrales ya comprometidas para la ciudad de Alicante en los últimos ejercicios. Se trata, por ejemplo, de la construcción de los centros de salud que, como concretó este diario, se encuentran ahora en fase de contratación.

Así, la propuesta de planificación económica pendiente de tramitación parlamentaria incorpora una partida de 1,8 millones para el centro de salud del PAU 2 (para el que se prevé un coste total estimado de 6 millones), otra partida de 2 millones para el del Garbinet (que requiere de una inversión de 4,5 millones) y otro millón más para el de La Condomina (con un coste total de 4,7 millones). 

De igual modo, en el ámbito de las infraestructuras educativas, el proyecto presupuestario reserva una partida genérica de 4,9 millones para acometer la reparación de centros educativos, sin que se aporte ninguna especificación concreta adicional sobre su destino definitivo.

Además, también se sigue contemplando la consignación necesaria para iniciar las obras de la llamada Ciudad de la Justicia de Alicante en un paquete de 68,3 millones en el que también figura la construcción de nuevas sedes judiciales en Llíria, Alzira, Ontinyent, Gandia, Torrent y la reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en València.

No obstante, la principal inversión a la que se daría cabida tiene que ver con la ejecución de infraestructuras relacionadas con la movilidad. Después de que el grueso de la construcción de la estación soterrada del tranvía en Renfe haya quedado programada para 2023, con un presupuesto estimado de 35 millones, la actuación más relevante en ese ámbito es la reserva de una suma de 23 millones para acometer las obras de ampliación del trazado de la Vía Parque, según concretaron portavoces oficiales de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Según las mismas fuentes, se trataría de una dotación incorporada en la partida global de 70 millones que se habilita para el Impulso de la Movilidad e Infraestructuras de la provincia de Alicante.

A falta de mayor concreción, lo cierto es que la suma difiere de los 40 millones que llegó a anunciar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una de sus últimas visitas a la ciudad, en la que emplazó al Ayuntamiento a "hacer sus deberes" y completar las expropiaciones que resultan necesarias para que la Generalitat pudiese ejecutar esa ampliación de ese eje de circunvalación de la ciudad. Está por ver si se pretende consignar los 17 millones restantes de ese compromiso en años sucesivos.

Sea como fuere, para que pueda abordarse la ejecución de esas obras, no es menos cierto que antes deberían completarse dos pasos previos. El primero consiste, en efecto, en la finalización de las expropiaciones pendientes. Fuentes del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), indicaron que se prevé culminar la expropiación de parcelas en la calle Osa Mayor antes de que finalice este año y que ya se está ultimando los trámites sobre el expediente de un segundo tramo. Y el segundo de esos pasos previos consiste en la adaptación y redacción de los proyectos de obra que, como informó este diario, siguen en trámite.

Por el momento, la Generalitat y el Ayuntamiento acaban de iniciar una ronda de reuniones de trabajo para tratar de coordinar y acelerar esas dos actuaciones previas, a través de un primer encuentro concertado por el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), con la secretaria autonómica de Obras Públicas, María Pérez, que tendrá continuidad con otros encuentros sectoriales a partir de la próxima semana para abordar otras actuaciones pendientes en la ciudad, como la propia construcción de la estación del tranvía en Renfe, entre otros puntos.

Al margen de ello, y también en el apartado de infraestructuras, el proyecto de presupuestos autonómicos para 2022 trata de dar impulso a la construcción de otro proyecto atascado desde hace más de cinco años: la construcción de la vía verde de la Cantera, tras la reconversión del antiguo trazado del tranvía en paralelo a la línea de costa. Así, según fuentes de Política Territorial, se pasa de los 153.830 año consignados en el presupuesto de 2021 a otra partida de un millón para la ejecución de la obra, toda vez que se está ultimando la redacción del proyecto y se prevé licitar su ejecución en el próximo ejercicio. Y también en materia de infraestructuras, se reserva una partida de 175.000 euros para la mejora de la movilidad ciclopeatonal en la Explanada: una propuesta que ya se ha planteado en presupuestos de ejercicios anteriores con la intención de ampliar el uso peatonal del paseo.

De igual modo, como se preveía, también se contempla la consignación de 5,5 millones incorporada a través de los presupuestos participativos con la intención de intentar la compra del edificio del antiguo cine Ideal, en la avenida de la Constitución, para que pueda rehabilitarse y convertirse en sede de la Filmoteca de la Generalitat en Alicante. También se prevé el desarrollo de un centro logístico en la ciudad para descentralizar el servicio de emergencias, dentro de un paquete de 168 millones concebido para la construcción de tres centros en las tres capitales de provincia. 

Y, por último, entre las partidas más llamativas reflejadas en la planificación presupuestaria figura la reserva de otra suma de un millón de euros para el inicio del proyecto Rico Pérez-Arena Alicante: un planteamiento esbozado por el jefe del Consell en una de sus recientes entrevistas concedidas a diversos medios de comunicación, después de que se anunciase que el centro de investigación sobre el envejecimiento comprometido inicialmente en Alicante se asentaría finalmente en el entorno de IFA, en el término municipal de Elche. 

En principio, se trataría de un proyecto con el que se pretende compatibilizar el uso deportivo del estadio de la ciudad, propiedad del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), con el desarrollo de eventos multitudinarios como conciertos musicales, entre otro tipo de espectáculos.