ALICANTE. El Ministerio de Fomento ya ha comenzado a trabajar en la relicitación de las autopistas en quiebra rescatadas durante este año, entre las que se cuenta la circunvalación de Alicante (el tramo de la AP-7 que bordea por el exterior la A-70). Justo tras el cambio de Gobierno, el pasado mes de julio, el Ministerio decidió aplazar hasta 2019 el concurso para volver a adjudicar este tramo y el resto de autopistas en quiebra, por la "complejidad" de los pliegos. Pero ahora el cambio de criterio, en lo que respecta a la autopista alicantina, podría ser incluso de mayor calado.
Una de las opciones que el departamento del valenciano José Luis Ábalos tiene sobre la mesa, junto a la de volver a adjudicar la gestión de la circunvalación (en un paquete con el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera), es justo la contraria: no volver a privatizar la gestión y quitar el peaje. Fuentes oficiales del Ministerio consultadas por Alicante Plaza evitaron confirmar o desmentir este extremo, adelantado el jueves por El Economista, aunque señalaron que "la voluntad política para llegar a este tipo de soluciones es total".
En realidad, la circunvalación de Alicante ya es del Ministerio, dado que pasó a manos de la SEITT (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre) el pasado abril, con la liquidación de la concesionaria. Fomento trazó un plan en la etapa de Íñigo de la Serna para volver a adjudicar la gestión de las autopistas rescatadas y amortiguar con los ingresos (calculados en torno a los 1.000 millones por el paquete completo) el coste de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es decir, lo que tiene que pagar a las concesionarias que se hicieron cargo de las autopistas quebradas. Sin embargo, los ingresos por volver a adjudicar este tramo de la AP-7 son los menos significativos, con lo cual podría 'prescindirse' de esta privatización.
La concesión de la circunvalación de Alicante, como la de las radiales rescatadas junto a la AP-36 y la AP-41, expira en 2040. La idea del Gobierno, desde que asumió que tendría que hacerse cargo de los citados tramos, fue siempre la de volver a sacarlas a concurso hasta agotar dicho periodo. No obstante, con la llegada del PSOE al Ejecutivo y de José Luis Ábalos a Fomento, este plan podría sufrir algunos cambios. En lo que respecta a quitar los peajes de la AP-7 en Alicante, no hay nada decidido ni en un sentido ni en otro, según las fuentes consultadas, pero sí "voluntad política" que, de cristalizar, brindaría un primer 'gesto' del ministro valenciano hacia la provincia, mientras llega diciembre de 2019 y vence la concesión de la AP-7 entre Alicante y Tarragona. Ábalos ya ha dicho, y ayer reiteró en su comparecencia en el Congreso, que en ese momento la autopista será libre.
De momento, los peajes siguen funcionando, con la SEITT como gestora de este tramo. La sociedad estatal, según el plan de liquidación de la concesionaria, Ciralsa, aprobado por el juzgado, asumió el personal (trabajadores y directivos) de la empresa y gran parte de los contratos civiles y mercantiles vigentes en ese momento. Hasta que se vuelva a adjudicar, será el Estado quien gestione el tramo, peajes incluidos. Pero si finalmente se deja fuera del nuevo concurso, Fomento puede levantar las barreras de la circunvalación cuando quiera.
Este tramo de la AP-7 se abrió en 2007 como una segunda circunvalación en torno a la capital alicantina, al enlazar la AP-7 desde El Campello con la A-31 a la altura de Monforte del Cid. La segunda circunvalación se diseñó para absorber, con el tiempo, hasta el 80% del tráfico que circula actualmente por la primera, la A-70, que se cifra en unos 30.000 vehículos. Aunque siempre se ha encontrado muy lejos de esas cifras, lo cierto es que la circunvalación ve cómo se incrementa de forma exponencial el número de usuarios durante los meses de verano, cuando miles de turistas la utilizan para desplazarse a sus destinos desde el aeropuerto de El Altet.
La concesionaria, Ciralsa (Circunvalación de Alicante SA), formada por ACS, Abertis y Globalvia) entró en liquidación en 2014, aunque sucesivos recursos y fallos judiciales la devolvieron a la fase de convenio en 2016 y, de nuevo, a liquidación un año más tarde. El Estado la asumió en abril de este año. Desde Fomento, al menos en la etapa de Íñigo de la Serna, se consideraba que la infraestructura era viable una vez liberada de la deuda por la construcción (atribuida sobre todo a los sobrecostes por las expropiaciones realizadas en su día). Según los últimos datos del propio Ministerio, en 2017 este tramo registró una Intensidad Media Diaria (IMD) de cerca de 6.500 vehículos, lo que supone un 6% más que el ejercicio precedente. Muy lejos, en cualquier caso, de los 15.000 vehículos diarios que se esperaban cuando se abrió.
