El alcalde, Gabriel Echávarri, saluda al líder del PP, Luis Barcala, en la I Conferencia sobre el Plan Ciudad. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La denuncia contra el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), presentada a finales de abril por dos conocidos activistas vecinales sobre la existencia de un posible delito de prevaricación a cuenta de la situación de los trabajadores interinos del Ayuntamiento de Alicante ya tiene consecuencias. O mejor dicho, las tiene desde principios de mayo: la fecha en la que Fiscalía acordó solicitar al Ayuntamiento diversa documentación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala (ya readmitida), primero, y para conocer cuál es la situación en la que se encuentra el resto de los empleados interinos, después.
El requerimiento de esos informes -las primeras diligencias en respuesta a esa denuncia, que no habían trascendido hasta ahora- ya estaría contestado y los expedientes, a disposición del acusador público desde hace varias semanas, según confirmaron fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza. Las mismas fuentes precisaron que, como siempre, se atendió la petición en cuanto fue posible por los trámites internos de comunicación entre diferentes departamentos (Asesoría jurídica, consulta al departamento de Recursos Humanos, etc.), en aras de ofrecer la máxima colaboración. Desde entonces, no se han producido nuevas notificaciones. Tampoco se ha comunicado ninguna citación, según las mismas fuentes.
La denuncia, firmada a título particular por José Luis Valdés y José María Hernández Mata, incidía en las presuntas irregularidades cometidas en el despido de la familiar del líder del PP, una trabajadora interina adscrita a la Concejalía de Cultura, por un doble supuesto.
Los activistas vecinales atribuían a Echávarri un delito de prevaricación en un doble supuesto: por ordenar un despido de manera inmotivada o por no haber actuado antes pese a conocer las anomalías de la plantilla municipal
El primero, relacionado con los motivos que el propio primer edil facilitó como justificación de ese cese: según admitió Echávarri en su cuenta en una conocida red social y en declaraciones públicas, esa decisión se había precipitado después de que Barcala presentase una denuncia contra él relacionada con los 25 contratos directos tramitados desde la Concejalía de Comercio el pasado mes de diciembre (por la que Fiscalía también ha solicitado copia de los expedientes de contratación). A juicio de los denunciantes, esa justificación podría conllevar la existencia de un despido improcedente y, en consecuencia, la comisión de un posible delito de prevaricación.
El segundo supuesto tiene que ver con la situación general del resto de los interinos. Según los denunciantes, en esas mismas justificaciones, el primer edil también había explicado que tenía constancia desde que accedió al cargo de que varios empleados municipales contratados bajo el mandato del PP seguían desempeñando labores en el Ayuntamiento pese a que las funciones o necesidades por las que fueron empleados habían dejado de existir. En opinión de los denunciantes, esa explicación podría dar cuenta igualmente de una posible prevaricación, ya que, según insistía la denuncia, Echávarri no ha actuado para atajar esa anomalía después de dos años de permanencia en la Alcaldía.
El equipo de Gobierno compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, sí ha iniciado ahora el proceso para ordenar la situación de los empleados municipales a través de un estudio de necesidades para conocer cuáles de esos puestos ocupados por interinos siguen siendo necesarios con el propósito de abordar posibilidades de cobertura a través de una oposición pública. El impulso a esa regulación -un compromiso del tripartito desde el inicio del mandato- se aceleró después de que el pleno aprobase una declaración institucional del PP en la que conminaba a anular el despido de la cuñada de su portavoz y se instaba a racionalizar la situación laboral de toda la plantilla municipal.
En esa sesión, el primer edil defendió que no se arrepentía de haber promovido ese despido ya que, cuando accedió al cargo, se encontró "una realidad en la que había trabajadores que habían llegado al puesto con un libro con ochenta temas bajo el brazo, y otros que les había bastado con llevar el libro de familia". "Yo ante esa realidad me rebelo, me rebelo contra el enchufismo porque es corrupción", enfatizó.
