ALICANTE. El fallecimiento de internos en centros de mayores de la provincia afectados por brotes de coronavirus no conllevará, por el momento, la apertura de ninguna investigación penal de oficio. Eso sí, la Fiscalía de Alicante actuará y abrirá diligencias en el caso de que se concreten negligencias graves en la gestión de esas residencias que pudiesen conllevar responsabilidades por no haber aplicado los protocolos de prevención establecidos o haber expuesto a los residentes a una situación de riesgo por una mala práxis.
Así lo confirmaron este jueves fuentes de Fiscalía consultadas, en relación a los contagios registrados en hasta 13 residencias de la provincia de Alicante, en los que se han producido 31 muertes desde el estallido de la crisis. La labor de la Fiscalía se ha limitado hasta ahora, de acuerdo con las instrucciones generales emanadas de la Fiscalía General, a elaborar un primer informe -a través de consultas telefónicas- para evaluar la situación del conjunto de los geriátricos de la provincia, con el propósito de calibrar su situación y de conocer cuáles pueden ser sus necesidades concretas para afrontar la actual crisis sanitaria.
Según las mismas fuentes, ese análisis tenía un fin colaborativo, sin ninguna implicación penal, puesto que se trataba de conocer si se debía procurar una respuesta pública para cubrir esas posibles carencias, en el supuesto de que se requiriese o de que se solicitase por parte de sus propios gestores.
Esa tarea de control es independiente de la labor inspectora que corresponde ejercer a la Conselleria de Sanidad y que, de hecho, ya está ejecutándose, como concretó la propia titular del departamento, Ana Barceló, este jueves, al dar cuenta de la evolución de la pandemia en la Comunitat. En esa comparecencia, la consellera concretó que, hasta entonces, se habían producido 26 fallecimientos en uno de los centros de mayores situados en Alcoy, otros dos en una residencia de La Vila, dos más en Petrer y uno en La Nucía.
De ellos, el caso que ha tenido mayor relevancia es el registrado en el geriátrico gestionado por Domus VI, en Alcoy, por la virulencia del brote. La propia Barceló concretó también este jueves que se había podido determinar que el origen de la transmisión del virus entre los residentes fue un trabajador del propio centro.
Los familiares de residentes de Alcoy insisten en que vienen planteando quejas sobre la situación del centro desde el pasado noviembre
En todo caso, la plataforma de familiares de residentes del centro continuó manteniendo, también este jueves, que persistían muchas incógnitas por despejar y anunció que ha dejado el asunto en manos de su abogado con la intención de emprender acciones legales para esclarecer los hechos. "Lo primero que queremos es saber qué ha pasado para que se haya producido esta tragedia y, a partir de ahí, pedir responsabilidades a quien corresponda", según avanzó el portavoz del colectivo, José Luis García.
En esta línea, recordó que el motivo de sus "quejas" se remonta a antes de la pandemia, y que la plataforma se constituyó el pasado mes de noviembre. "Llevábamos ya un año viendo cosas que no nos gustaban. Sobre todo es la dignidad de nuestros mayores, que no se estaba respetando", lamentó. "Nos llegaron algunas informaciones acerca de que había poco personal, y poco cualificado, enfermeras que entraban en prácticas y que el trato a nuestros familiares no era el adecuado", remarco. "Queremos tener más información cuando pase todo esto; de momento no sabemos contra quién, se verá a lo largo del proceso", insistió García.