ELCHE/SANTA POLA. El Ministerio Fiscal y la acusación particular que ejercen los vecinos de la urbanización de El Carabassí han solicitado penas de prisión, multa e inhabilitación para el ex alcalde de Santa Pola y actual diputado de Servicios Sociales, el popular Miguel Zaragoza; los concjeales del PP Luis Ángel Mateo y Justino Delgado, y el ex regidor del Ayuntamiento de Elche, Emilio Doménech (PSPV) ante el juicio por supuesta prevaricación ambiental al que se enfrentarán por haber autorizado discotecas en zonas de servidumbre de Costas y haber tolerado excesos de ruido. Además de los cargos públicos, también se sentarán en el banquillo de los acusados tres altos funcionarios, dos del Ayuntamiento de Elche y uno de Santa Pola.
Tanto el fiscal como la acusación hacen un mismo relato de los hechos. En 2008 se autorizaron unas licencias para instalar unos establecimientos en el límite de los términos de Elche y Santa Pola, a la altura de la playa de El Carabassí. "Las empresas no respetaban las autorizaciones y licencias concendidas: desarrollaban una actividad completamente prohibida por la Ley de Costas y funcionaban como discotecas de playa hasta altas horas de la noche". Los denunciantes, los vecinos, sostienen, además, que no se hizo nada para impedir la actividad fuera de las licencias y los ayuntamientos las renovaban año tras año. Como ya avanzó este miércoles Alicante Plaza, hubo unas primeras sentencias condenatorias por la vía contencioso-administrativa: los ayuntamiento de Elche y Santa Pola tuvieron que hacer frente a indemnizaciones por valor de 140.000 euros para los vecinos. Según relato de la defensa de los residentes de El Carabassí, ejercida por por Roberto Batllés, "las sentencias llegan a hablar de la connivencia de las administraciones demandadas -los dos ayuntamientos- con las empresas causantes del ruido, una absoluta pasividad y un verdadero desamparo de los ciudadanos afectados".
Por ello, tanto el Ministerio Fiscal como los vecinos consideran que los acusados -autoridades como funcionarios públicos- tenían la responsabilidad de controlar que la actividad desarrollada por las empresas se llevaba a cabo según las autorizaciones y licencias concedidas para requerir que cesaran la actividad fuera de licencia para iniciar procedimientos sancionadores, acordar el cese de la actividad o no prorrogar los permisos, algo que evidentemente no hicieron.
Por todo ello, el fiscal considera que los hechos descritos son constitutivos de prevaricación especial medioambiental y procedería imponer una pena de 12 meses de prisión, multa de 4.320 euros e inhabilitación especial para ejercer cargo público durante 7 años e inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante la condena.
En el caso de los residentes, su defensa legal eleva la penas a tres años de prisión; 7.200 euros de multa e inhabilitación para ejercer cargo público durante 10 años.
En el caso de los vecinos, en el escrito de conclusiones se hace hincapié en que los establecimientos se autorizaron como kioscos de comidas y bebidas y terrazas de verano, aunque desarrollaron otra actividad diferente, como fue la de discotecas/pubs. E insiste en que los acusados silenciaron el funcionamiento de estos establecimientos y no adoptaron ninguna medida, pese a que la Generalitat Valenciana les informó, en 2010, de que "no debieran haberse otorgado esa licencias" y que "se debió proceder a la paralización de la actividad". Pese a las advertencias y las sanciones impuestas por la Generalitat Valenciana, por exceso de ruido, -en el caso del Embarcadero de Santa Lucía, a Luis Ignacio Cortinas Penabad de 30.000 euros, el alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, defendió ante la Generalitat que no encontró nada irregular. Además del Embarcadero de Santa Lucía, los otros establecimientos permitidos eran Isla Marina Elche (de César Naranjo); Oceáno/Med Arenales Sound (de Daniel Parres Puerto); Visión Periférica (de José María Vicente Llacuna).
