EL CAMPELLO. La Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (FESEP) buscará apoyo entre los grupos municipales de El Campello para implantar la carrera profesional. Así lo ha manifestado a través de un comunicado, justificando que "la competencia para aprobar las normas de la carrera horizontal son del Pleno Municipal". Además, tiene previsto convocar asambleas informativas para los trabajadores y trabajadoras de la localidad, después de haber solicitado en marzo una mesa de negociación para tratar el asunto, petición que fue "ignorada" por el gobierno campellero, según trasladan.
Y es que el impulso de la carrera profesional en El Campello ha generado discrepancias entre FESEP y el Ayuntamiento, llegando incluso a judicializarse el tema. Como explican en el comunicado, tras las denuncias de dos afiliados, se obtuvieron fallos favorables a los servicios jurídicos de la FESEP "y contrarios al Ayuntamiento de El Campello", uno ante el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante y otro ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Dichos fallos ordenaban al consistorio campellero a iniciar, en la mayor brevedad posible y como máximo en seis meses, los trámites legales para aprobar las normas reglamentarias y, así, establecer un sistema de grados de desarrollo profesional. De esta manera, se regularían los requisitos y la manera de acceder a cada grado, además de las retribuciones asignadas.
La FESEP alega que esta "dilación" en la aplicación de la carrera profesional para las personas empleadas municipales conlleva "importantes perjuicios económicos, así como la vulneración del derecho a la progresión en la carrera administrativa". Y culpabiliza de ello a la máxima autoridad del Ayuntamiento campellero, Juanjo Berenguer, y a la concejala de Recursos Humanos, Lourdes Llopis.
Precisamente, carga contra la administración municipal por el recurso de apelación que presentó y que fundamenta que "las entidades locales no pueden regular la carrera profesional de sus funcionarios de manera autónoma, discrecional e independiente sin una ley de desarrollo al efecto", por considerar insuficiente el articulado de la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana.
