Expertos en derecho administrativo coinciden con el Síndic: la cita previa es ilegal

VALÈNCIA. El informe anual de 2022 del Síndic de Greuges presentado este martes en Les Corts Valencianes dio un fuerte tirón de orejas a la Generalitat, ayuntamientos y diputaciones provinciales por mantener la exigencia de que los ciudadanos pidan cita previa si quieren ser ser atendidos presencialmente por un funcionario en las oficinas de atención al público de cualquier administración.  

Una práctica que es ilegal, según denunció el Síndic Ángel Luna, y que infringe "derechos reconocidos a la ciudadanía por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que obliga a respetar los principios de proximidad y servicio efectivo, ya señalados". 

Sin embargo, no son consideraciones que únicamente haga el Defensor del Pueblo de la Comunitat. Sino que estas conclusiones son compartidas por expertos del ámbito del derecho administrativo. El profesor asociado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la UVigo, Diego Gómez, galardonado el año pasado por la Universidad de Salamanca por una publicación donde desgranaba la cita previa obligatoria que impusieron las Administraciones Públicas tras la pandemia, sostiene también que esta fórmula es ilegal. 

Una obligación impuesta en tiempos de la covid-19 por las administraciones para evitar aglomeraciones que, según Gómez, los ciudadanos pueden recurrir amparándose en las dos leyes previamente citadas. Y, si en el plazo de un mes el ayuntamiento o institución en cuestión no contestase, el ciudadano podría interponer una queja ante el Defensor del Pueblo, tal y como el año pasado hicieron varios valencianos ante el Síndic de Greuges por este motivo. 

Una conclusión que comparte también el profesor titular de Derecho administrativo de la Universitat de València, Andrés Boix. Aunque sin ser tan tajante, Boix sí asegura que aunque la cita previa puede ser una fórmula a la que recurran las administraciones para mejorar la prestación del servicio público que prestan -por ejemplo, para ordenar la renovación del DNI-, esta "no puede ser exclusiva", sino que deben "ofrecer alternativas" que permitan a todos los ciudadanos acceder a esa atención al público porque así lo ampara la ley. 

"Puedes encontrar un equilibrio entre cómo prestar mejor servicio, pero a la vez permitir alternativas para ciudadanos que lo necesiten por urgencia. Y esas situaciones las administraciones deben preverlas y permitirlas", expone Boix tras advertir que, a su juicio, no hace falta una previsión legal expresa para gestionar el sistema de cita previa. 

"Pasada la pandemia, la Administración tiene que facilita alternativas que permitan atender a todo el mundo que lo necesite de manera razonable y proporcionada porque la ley le obliga. Y ahí coincido con el Síndic en que no puede ser que la cita previa sea obligatoria cuando no hay una situación excepcional que lo justifique", añade.  

De hecho, el experto señala que, cuando se están produciendo situaciones como las que ha detectado el Síndic de Greuges de venta de citas previas, "la Administración debe atajarlo", pues su forma de funcionar está provocando perjuicios en los usuarios que, al final, son los ciudadanos.