Miguel CampoyALICANTE.El despacho Excom, del abogado y perito judicial Miguel Campoy, aterriza en Alicante tras la reciente entrada en vigor de la ley de protección al informante. Un servicio integral 360º en Compliance Penal y uno de los únicos despachos de la provincia de Alicante dedicado a ofrecer estas características de especialización y servicios para la gestión del canal de denuncias interno que obliga a empresas y organizaciones a partir de 50 trabajadores.
Tras la reciente aprobación de la ley de protección al informante, las entidades se han visto envueltas en el obligado cumplimiento de una serie de requisitos en sus procesos. Esta ley, impone la integración de un sistema interno para la recogida de denuncias e informaciones, el cual está sujeto a una serie de garantías a tener en cuenta por parte de las empresas a fin de evitar sanciones económicas y daños reputacionales.
Todos estos procesos, que cuentan con exigencias técnicas específicas, deben ser tratados y gestionados por profesionales especializados en la cobertura de todas estas necesidades. "Al no estar todo el proceso centralizado, las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un departamento jurídico o un compliance officer, se ven obligadas a externalizar este servicio para buscar el software adecuado para el canal de denuncias y, posteriormente, recurrir a un abogado para que redacte y prepare los documentos pertinentes que deben ser aprobados por el consejo, aumentando considerablemente las posibilidades de ser sancionado", asegura Miguel Campoy, socio director de Excom.
Desde Excom, como profesionales externos independientes, prestan servicios profesionales especializados exclusivamente y de manera integral en Compliance Penal 360º, cumpliendo todos los requisitos establecidos por ley para llevar a cabo la gestión íntegra del canal de manera segura y eficaz, proporcionando un software líder mundial de gestión, así como los textos necesarios aportando todas las garantías exigidas por ley y disminuyendo las posibilidades de daño económico y reputacional para la organización.
"Diseñar un conjunto de acciones de prevención y control que las empresas deben realizar frente a los más de 30 tipos penales que pueden constituir un riesgo para la misma, es una tarea ardua que requiere de un equipo humano de profesionales altamente cualificados. Con nuestro despacho modelo boutique de servicio integral en Compliance Penal, proporcionamos a las empresas seguridad y les aportamos valor, y ahí es donde se encuentra nuestro elemento diferencial, ya que cuando a una empresa le dotas de valor se convierte en una entidad mucho más competitiva", concluye Campoy.
Con la entrada en vigor de la ley de protección al informante, las empresas y organizaciones disponen de un plazo de tiempo máximo para implantar el sistema, siendo hasta el 20 de junio para las entidades con más de 250 trabajadores y hasta el 1 de diciembre para las que cuentan entre 50 y 249 empleados.
