Foto: A.MARTÍNEZ VÉLEZ/EPVALÈNCIA (EP). España asumirá este 1 de julio por quinta vez la Presidencia del Consejo de la UE con la incógnita de si el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos que ha fijado las prioridades de cara al semestre será el que la culmine el 31 de diciembre o por el contrario habrá un nuevo Ejecutivo resultante de las elecciones del 23 de julio que tenga que asumir la tarea.
La Presidencia española se produce en un momento relevante en la UE, toda vez que será la última completa de la actual legislatura puesto que en la siguiente, que ostentará Bélgica, está prevista la celebración de elecciones a la Eurocámara del 6 al 9 de junio.
A España le tocaría tratar de sacar adelante los expedientes legislativos que aún están pendientes o al menos lograr avances significativos para que puedan cerrarse antes de la cita con las urnas. De los 350 que queda, España ha centrado su atención en unos 120 de ellos.
El adelanto de diciembre al 23 de julio de las generales decidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcará ahora el semestre, toda vez que podría producirse un relevo en el Palacio de la Moncloa y el Ejecutivo saliente podría estar en funciones durante varias semanas, en función de la claridad del resultado electoral.
Desde el Gobierno se ha defendido desde el principio que la celebración de elecciones durante una Presidencia de turno no es algo inusual y esto no tiene por qué afectar al transcurso de la misma.
Así, se ha esgrimido el reciente caso de Francia en 2022, cuando Emmanuel Macron fue reelegido a doble vuelta y también hubo parlamentarias, y se ha recordado otros en el pasado, como Bélgica que en 2010 ostentó toda la Presidencia con un Gobierno en funciones, o como República Checa, que en 2009 vivió un cambio en la jefatura del Ejecutivo.
El Gobierno ha venido preparando la Presidencia desde hace un año y se ha pactado todo un calendario de consejos sectoriales ministeriales repartidos por toda la geografía española con las comunidades autónomas con la intención de acercar Europa a todos los ciudadanos y trasladar la diversidad del país a los europeos, según explicó Sánchez durante la presentación de las prioridades del semestre el 15 de junio.
Desde el PP se ha echado en cara en los meses previos al arranque de la Presidencia que el Gobierno no ha informado de los preparativos y las prioridades al principal partido de la oposición. En este sentido, durante una visita a Estocolmo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a afear que sabía más de la Presidencia sueca --que dará el relevo a España-- que de la española.
Así las cosas, Sánchez vino a rebajar el rol reservado a España en calidad de Presidencia de turno al exponer las cuatro grandes prioridades que se ha marcado el Gobierno actual: reindustrializar Europa y garantizar una autonomía estratégica abierta, avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambietal, consolidación del pilar social y reforzar la unidad de la UE.
"La presidencia rotatoria sitúa a España como un actor de construcción de puentes para tratar de sacar adelante expedientes que no imponemos desde España sino que ya están en Europa", reivindicó, tratando de aclarar con ello que los temas prioritarios los próximos meses no han sido fijados desde el Ejecutivo. Entre esos grandes temas pendientes figuran el Pacto de Migración y Asilo o las nuevas reglas fiscales de la UE.
En la misma línea se ha pronunciado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien reconoció que desde que existe un presidente del Consejo Europeo, la Presidencia tiene "un papel menor". "Lo que hace el país que preside por turno es coordinar a los embajadores y en decisiones del Consejo su tarea principal es impulsar asuntos sobre los cuales es importante que se alcance un acuerdo para que la UE siga avanzando", sostuvo.
Con todo, desde el PP han tratado de evitar que el Gobierno pueda realizar un uso electoralista de los actos de la Presidencia que habrá antes del 23J. En este sentido, González Pons pidió por carta al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que los actos que se producirán entre el 7 y el 23 de julio se trasladen a Bruselas o Luxemburgo.
El ministro rechazó la petición, que tildó de intento de "boicotear" la Presidencia de la UE y desde su departamento se acusó a los 'populares' de "politizar" este asunto, algo nunca visto hasta ahora en el caso de partidos de oposición en otros países de la UE, según fuentes diplomáticas.
En Moncloa no dan perdida la batalla el 23J, de ahí el que nadie quiera hablar de cómo se gestionaría el eventual traspaso de dosieres en caso de victoria del PP. No obstante, desde Exteriores esgrimen que las prioridades ya están pactadas y por tanto sería extraño modificarlas, aunque admiten que una eventual entrada de Vox en el Ejecutivo podría tener cierto impacto negativo.
Por lo pronto, la agenda inicial prevista se ha visto modificada a raíz del adelanto electoral. Así, Sánchez no acudirá a la Eurocámara el 13 de julio para exponer sus prioridades sino que la comparecencia se ha trasladado a septiembre, mientras que la visita del Colegio de Comisarios, prevista para el 7 de julio, se ha adelantado al día 3 para que no coincidiera con el primer día de campaña electoral.
Otra cita que Sánchez no tiene intención de obviar es la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), que se celebrará el 17 y 18 de julio en Bruselas, uno de los grandes hitos del semestre español y que el Gobierno aspira que sirva para escenificar un mayor acercamiento entre ambos continentes.
Actualmente, con 27 estados miembro, la Presidencia rotatoria se ejerce cada 13 años y medio, por lo que España no volvería a asumir esta responsabilidad hasta 2037. No obstante, el lapso podría verse incrementado si en los próximos años se concreta la entrada de alguno de los países candidatos a la adhesión.
Esta será la quinta vez que España ejerza la Presidencia del Consejo de la UE desde que se produjo en 1986 la entrada en el bloque, entonces compuesto por diez países, junto a Portugal. La primera vez fue en 1989, tan solo tres años después de la adhesión, y la última en 2010.
En 1989, con Felipe González en la Moncloa, España se puso por primera vez al frente de la UE. Durante la Cumbre de Madrid se sentaron las bases de lo que sería la Unión Económica y Monetaria, paso previo a la adopción de una moneda común, y también se planteó la idea de la cohesión económica y social, que a la postre daría paso después a los Fondos de Cohesión.
En 1995, ya con José María Aznar como presidente, España vuelve a ejercer la Presidencia en un momento en que la familia europea recibía a tres nuevos socios: Austria, Finlandia y Suecia. Fue bajo la batuta española cuando se decidió que la moneda única se llamaría 'euro' y también se lanzó el llamado Proceso de Barcelona, que a la postre llevó a la creación de la Unión por el Mediterráneo (UPM).
La historia de la moneda única está íntimamente ligada con la trayectoria de España al frente del bloque, ya que cuando el 1 de enero de 2002 se volvía a asumir la Presidencia entraba en vigor el euro en una docena de países. Además, se produjo la mayor ampliación hasta la fecha, con la entrada de doce nuevos miembros.
Si en la anterior Presidencia había echado a andar el Espacio Schengen con siete países, entre ellos España, en la de 2002 se incorporó la orden europea de detención y entrega, más conocida como euroorden.
España estuvo al frente del bloque, entonces integrado por 27 países entre los que aún estaba Reino Unido, en 2010, en un semestre que estuvo marcado por la recuperación económica tras la crisis financiera y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
