Desde que Radio Alicante lanzara el pasado lunes el trallazo de un supuesto caso de enchufismo en las oposiciones para cubrir 92 puestos en la Policía Local de Alicante se ha producido una especie de convulsión política, también social, también sindical, que ha situado a todos frente a un desagradable espejeo: ¿Es posible que en pleno 2022 puedan filtrarse las preguntas en una oposición?. Este tipo de cosas calan profundamente en la opinión pública: más que calar, joden una barbaridad porque se supone que estamos peleando por una democracia transparente, sin privilegios y bajo el imperio de la igualdad de oportunidades: bla, bla, bla.
La Cadena Ser utilizó fuentes reservadas, que no anónimas. Es decir, aspirantes a policías que se sentían agraviados pero que preferían, y prefieren, no dar sus nombres por temor a represalias. De los 92 aprobados, más de 60 son hijos, hijas, esposos, novias, sobrinos, nueras y yernos de políticos (han salido a relucir PP, PSOE, Vox), sindicatos, con UGT a la cabeza, o contratistas con el Ayuntamiento de Alicante (aquí ha salido a relucir el de siempre). Y una academia en medio de esta supuesta trama de nepotismo. O de cooptación, que en lo que nos concierne viene a ser sinónimo de endogamia: sucia y a costa del erario.
Comento el tema en algún mentidero y oigo de todo: una supuesta venganza planificada al jefe de la Policía Local, José María Conesa; reyertas internas entre cargos intermedios del propio Cuerpo dirimiendo sus cuotas de influencia, exceso en los periodos de interinidades, que puntúan en la oposición.....y, por supuesto, guerrillas internas en el PSOE que después de Semana Santa celebra la asamblea local en la que se va a dirimir quién manda en la capital de la provincia (Ángel Franco) y, por consiguiente, quién podría ser el próximo candidato a la Alcaldía: aunque en esto tenga la última palabra Ximo Puig; o Ferraz llegado el caso.
El caso enchufes ha desatado un tormenta perfecta en todo el establishment con amplias repercusiones en la provincia. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que las oposiciones a policía local están envueltas en polémica. Ya es casualidad, perversa, que este año la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Alicante haya recaído en la Policía Local con motivo de su 175 aniversario. Tormenta perfecta: tanto el presidente de la Generalitat como la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, han bajado a la arena, reclamando que se resuelva cualquier tipo de sospecha. Los sindicatos, los profesionales y los de clase, se liaron en un principio hasta que al final todos han cerrado filas: mientras no se demuestre lo contrario, los hijos/hijas, esposas, novias etc han ganado el puesto en buena lid. Y para demostrar lo contrario tendría que mediar una denuncia judicial de los agraviados con pruebas convincentes de que se filtraron los exámenes o una parte de los mismos. Pruebas; o indicios de evidencias. Es lo que tiene el Estado de Derecho. No es suficiente con acudir al Defensor del Pueblo, un órgano consultivo que no tiene competencias judiciales.
Visto así, la tormenta perfecta deviene en tormenta imperfecta por mucho que el director de la Agencia Antifraude de la Generalitat, Joan Llinares, haya puesto toda la carne en el asador, adelantando que a partir de 2003 será la Generalitat la encargada de coordinar y ejecutar estas oposiciones. También lo adelantaba al día siguiente del día de autos, martes 29, el secretario autonómico de Seguridad, José María Ángel. ¿Y por qué no se ha hecho antes en vez de esperar a la escandalera alicantina? Máxime aún cuando es la Generalitat la que forma a los policías locales a través del Instituto Valenciano de Seguridad Públiva (Ivaspe). Raro. Y de lo raro nos vamos a lo nuclear desde mi modesto punto de vista: en 2021, el 25% de las denuncias o quejas que recibió la Agencia Antifraude versaron sobre casos de enchufismo en las policías locales de la Comunidad. Llueve sobre mojado. Las calzadas están húmedas con severo riesgo de resbalones. Y qué malos son los esguinces en la política.
Luis Barcala y José Ramón González, en una reunión con mandos policiales.
La tormenta perfecta/imperfecta ha salpicado de lleno al alcalde Luis Barcala, y a su concejal de Seguridad José Ramón González, contradiciéndose incluso en las horas iniciales de esta peculiar riada repleta de nervios; muchos. Don Barcala ha apuntado incluso la posibilidad de una suspensión de las oposiciones, o, cuando menos, una suspensión cautelar. González no lo ha visto ni lo ve así: una suspensión, cautelar o no, sería darles la razón a los agraviados sin que medie ninguna denuncia judicial; sería un acto de institucionalización de la sospecha. Hablo con Miquel González de los nervios del alcalde: don Luis, flamante secretario del Congreso del PP en Sevilla, tiene cierto grado de pánico a verse envuelto en algo que tenga que ver con corrupción. Pudiera ser: sus predecesores dejaron el listón muy bajo (al margen de absoluciones judiciales). Y me auto-pregunto: si es la Generalitat la que marca la pauta y conformación del jurado de las oposiciones, presidido por el jefe de la Policía Local, ¿qué temores puede albergar el regidor.... y otros?. No lo sé: el Triángulo de las Bermudas, la Loca Academia de la Policía y la democracia imperfecta; y una comisión municipal de investigación que no va a servir absolutamente de nada.
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