En las residencias faltó agilidad 

Sólo con el tiempo sabremos cómo se ha actuado en la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19. Seguro que es muy fácil jugar a ser un cuñado y dar versiones o certezas de los ocurrido. Alguna conclusión de brocha gorda podemos sacar, a tenor lo visto en este mes y medio, desde que el 25 de febrero se dio en España en primer caso de contagio con el turista italiano alojado en un hotel de Tenerife. La primera conclusión es que casi todos los países minusvaloraron la incidencia del virus y que después, casi todos, pero especialmente, España ha llegado tarde a la batalla por la compra de material sanitario y que la centralización, como se ha demostrado, no ha funcionado. Al final, en este caso, cada autonomía ha tenido que buscarle la vida. Pero entiendo que no debe ser fácil gestionar una crisis de este tipo, histórica, inédita, de consecuencias incuantificables, globalizada, etc. 

Pero también una visión local o regional, a la que debemos prestar atención. Y en este caso, me gustaría detenerme en cómo ha sido la gestión en las residencias y geriátricos de la Comunitat Valenciana, cuyo personal, junto a los sanitarios de los hospitales y  de los centros de salud, ha sido el más golpeado por el número de contagios que han sufrido al estar en primer línea de combate.

Y si hay un caso que llama especialmente la atención es el de la residencia del antiguo Hospital de Oliver de Alcoy, que, según datos oficiales, acumula 32 víctimas mortales, 40 según el presidente del colectivo de los familiares.  Y más allá de cuál sea el origen del brote y del número de fallecidos que al final registre el centro, creo que en este caso, como en otros muchos, como Torrent, el sistema de los Servicios Sociales, la empresa privada, la conselleria de turno -no sé si en este caso es la de Sanidad o la de Políticas Inclusivas- han fallado. 

Han fallado en una costa tan sencilla y básica como la gestión de la crisis informativa. En este caso -desconozco otros- los familiares de los fallecidos han sido víctimas del silencio, de la negación de información y del derecho básico a saber qué ha pasado con sus seres queridos. Al parecer, según dijo la consellera de Sanidad, Ana Barceló, la responsabilidad de informar era de la empresa, que cortó el servicio (que ya era deficiente) esta semana. Pero hay que ir más allá: el fallo no sólo ha sido de la empresa, lo ha sido del servicio público, sea Sanidad (la propia Barceló) o de Polítícas Inclusivas (Mónica Oltra). La empresa es la prestataria del servicio, pero éste pertenece a la Generalitat Valenciana.

No hay que retroceder mucho más en el tiempo para recordar que ante cualquier catástrofe -sea por causas naturales o por accidente-, los políticos suelen tirar de sobreinformación, de propaganda, de inundar los correos electrónicos o de notas de prensa, audios y vídeos los grupos de whatsapp, o de realizar cientos de comparecencias públicas para decir que todo lo sucedido lo van arreglar o que van a invertir millones de euros para devolver las cosas a su estado natural. Ahí está el caso de la DANA de la Vega Baja, por ser el caso más reciente; o si echamos la vista hacia atrás, hay otros más en los que un accidente se ha querido utilizar como un ejercicio de propaganda sin aportar toda la verdad.

En este caso, el de las residencias, no. Ha primado el silencio. Y más en el caso de Alcoy, donde los medios de comunicación -en este caso locales- han ido por delante de las administraciones y han avanzado las muertes, que después se han ido confirmando. Y si la empresa ha sido la primera en negar la información, como han denunciado los familiares, correspondía a la Generalitat a habilitar un gabinete de crisis, con informadores y psicólogos, para atender a todos los afectados. Da igual que las residencias estuvieran bajo el control de Sanidad, o de Políticas Inclusivas, en estos casos, lo que se necesita (o se necesitaba) en información de lo qué ha pasado, porqué y cuál ha sido el origen.

¿Se podía haber evitado?

Esa la otra pregunta, que compete por igual a empresas concesionarias y a la Generalitat, sea Sanidad o Políticas Inclusivas. Da igual. Si uno lee lo que dijo el presidente de la patronal de las residencias, Aerte, José María Toro, las residencias comenzaron a aplicar los protocolos en los centros a partir del 25 de febrero, casi 10 días antes de que lo decretara la Conselleria de Sanidad. Esos protocolos redujeron al máximo las visitas que se producían en los centros porque "entendíamos que las personas que entraban eran posibles portadores del virus", dijo Toro. Está claro que esos protocolos no fueron efectivos y fallaron porque un 25% de las residencias de la Comunitat Valenciana han registrado contagios. Quizás sea muy fácil hablar ahora, pero lo que está claro que esos protocolos debieron ser más estrictos y aplicarse antes para evitar lo que sí han conseguido muchos centros (este sábado el diario elpais.com contaba la experiencia de dos centros de Cataluña que convirtieron sus residencias en dos búnkers y no han registrado contagios. Seguro que hay más ejemplos).

Y sí, en eso coincido con Mónica Oltra, si alguien ha estado en primera línea de esta crisis han sido las comunidades autónomas, como lo han estado en otras catástrofes, como en la DANA. Si alguien ha ejercido de muro de contención para evitar (todavía más la propagación) del virus esos han sido los sanitarios de los sistemas autonómicos de Sanidad, y así lo han pagado con múltiples contagios, centenares de cuarentenas y alguna que otra muerte.

Pero en el caso de las residencias, y sabiendo que los personas mayores eran el sector más vulnerable ante el contagio, había más que justificación que nunca para aplicar protocolos más exigentes y drásticos (eso siempre será discutible), pero sobre todo en dar información detallada y puntual a los familiares. Y en eso ha fallado el sistema, las empresas y la administración, todos. Quizás quepa la duda de si el sistema funcionó con total agilidad o con la agilidad suficiente -lo veremos con el tiempo-, pero no reconocer los errores de gestión del drama (la postcrisis) sería imperdonable. Porque esa sí que ha sido evidente en el caso de Alcoy. Una cosa es no crear alarma; la otra bien diferente es o ha sido la indiferencia a la hora de transmitir la verdad. Con las veces que la han, la hemos, exigido.