Imagen de archivo de la construcción del nuevo bloque / Foto: PEPE OLIVARESELCHE. Después de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ya ha comenzado oficialmente la comercialización del último bloque promovido por Pimesa en el proyecto de renovación de San Antón. El edificio consta de 54 viviendas de protección oficial (VPO) destinadas al realojo de las familias propietarias y titulares de derechos del viejo bloque 6 (en la calle Pintor Benedito) que será demolido, y que está formado por 40 viviendas. Los nuevos pisos costarán entre 48.700 euros y los 69.000, dependiendo de las habitaciones y de la plaza de garaje. El plazo para presentar la solicitud de adquisición es de un mes.
A ese respecto, la horquilla va desde los 48.716,36 euros para los más pequeños (55,10 metros cuadrados construidos), a 69.705,66 euros los más caros y grandes (70,55 metros) si incluyen la plaza de garaje. Sin la adquisición de esta, ese precio más elevado se queda en 56.160,6 euros. Hay que resaltar que no todas las viviendas tienen plaza construida, ya que para el inmueble han resultado 41 parkings. También que el precio de IVA para la compra de la vivienda se mantiene en el habitual 10% de mercado.
Como con los tres inmuebles anteriores ya levantados, se han diseñado viviendas de un tamaño proporcional y equiparable a las que ya había, ya que al ser un proyecto público se busca un precio asequible; construir tamaños mayores para el realojo llevaría también aparejado un incremento del coste que repercutiría en el precio de la vivienda. Aun así, las más pequeñas de este bloque 4 son mayores que las más pequeñas de los edificios anteriores, y las más grandes, también lo son más que las del viejo edificio. Además, el propietario o propietaria entregará la vivienda inicial como método de pago, cuya tasación oscila entre los 20.625,48 euros para las casas de 46 metros cuadrados, y los 28.696,32 euros de las que tenían 64 metros. Quedaría por pagar la diferencia entre ambos precios, el de tasación de la vieja casa y la del nuevo.
Por otra parte, como ya se mencionó en su día, esta vez el pliego de comercialización contempla desde el principio la opción de alquiler asequible para aquellas personas que con derecho de compra de las nuevas viviendas, no tienen poder adquisitivo suficiente. La entrada en ese formato de arrendamiento no hace perder ese derecho a la compra en un futuro.
En cuanto al orden de comercialización, elegirán piso en primer lugar los titulares de derechos que acrediten que la vivienda inicial es su residencia habitual y permanente desde antes del proyecto de renovación del barrio. Después quienes acrediten lo mismo pero después de la fecha del convenio entre Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio (desde el 29 de octubre de 2018), y en tercer lugar las personas solicitantes que no hayan acreditado que su vivienda inicial constituya su residencia habitual y permanente en los términos expresados anteriormente, y cuyo orden lo determinará la fecha de adquisición de la vivienda antigua.
Siguiendo ese orden, cada familia o propietario podrá escoger una vivienda con igual o menor número de dormitorios que su vivienda inicial. En el supuesto que finalizado dicho proceso inicial de adjudicación hubiera disponibles viviendas de tres dormitorios, volverían a ofertarse a solicitantes con menor número de dormitorios en su vivienda inicial, siempre que no hubieran formalizado la elección de otra.
Por último, cabe resaltar que la Conselleria de Vivienda se reserva el derecho de tanteo y retracto en su favor para la segunda y sucesivas transmisiones, gratuitas u onerosas, voluntarias o derivadas de un procedimiento de ejecución patrimonial, de las viviendas. Siempre durante el periodo de vigencia del régimen de protección que corresponda, en este caso treinta años.
La otra gran novedad del Arrur (Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural) es que Pimesa, promotora de la iniciativa, ya tiene vía libre para demoler dos bloques en San Antón, a expensas de adjudicar el derribo. Para las cuentas de 2025, la empresa municipal prevé entre sus inversiones 1,2 millones de euros de las expropiaciones de suelo, es decir, de la adquisición de derechos urbanísticos en el barrio para poder operar en él. Eso sí, tan solo 56.000 euros para el desarrollo urbanístico de una nueva fase, de la que por ahora no hay novedades.
