ALICANTE (EP/M.G.). El Tribunal de Cuentas ha concluido que no existió ilícito contable por parte del PP de la Diputación de Alicante en el periodo 2015-2018 por el uso irregular de los fondos públicos de las asignaciones a este grupo. El organismo fiscalizador ha cerrado la instrucción en la investigación abierta.
Así se desprende del documento de acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press (se puede consultar aquí). A fecha de 14 de febrero de 2023, el delegado instructor da por finalizada la liquidación provisional.
Estas actuaciones se iniciaron tras la acción pública del portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, en octubre de 2020, por el supuesto uso irregular de los fondos públicos de las asignaciones al PP en la corporación provincial.
En concreto, los hechos se referían a una posible falta de justificación, por parte del grupo 'popular', "de la legalidad del destino dado a los fondos recibidos que estaban sujetos a la finalidad prevista en el reglamento de dotación económica a grupos políticos". En el expediente constaban certificados emitidos por parte de la gerente del PP de la Diputación en el que se asegura que las cantidades recibidas lo han sido como "aportación para la financiación de los gastos ordinarios del funcionamiento del partido".
No obstante, tras el examen de la documentación, el delegado instructor ha concluido que estos hechos "no son susceptibles de generar un presunto alcance contable en los fondos públicos", puesto que considera que "no cabe interpretar un ilícito contable".
Entre las consideraciones de la instrucción para concluir que no existe el ilícito contable, el documento menciona que, en 2013, el pleno de la Diputación de Alicante aprobó el reglamento orgánico sobre dotación económica de los grupos políticos de la corporación, en el que articulan normas respecto al destino para estas dotaciones.
En este sentido, indica que la disposición de los recursos económicos de los que la Diputación dota a los grupos políticos "queda limitada a las actividades propias de los grupos políticos y a las transferencias de las asignaciones a las agrupaciones provinciales de los respectivos partidos políticos a los que pertenecen los miembros de los grupos políticos constituidos en la Diputación".
Así, apunta que, según esta normativa, "se desprende que la falta de personalidad jurídica de los grupos municipales y provinciales es una de las principales características que los diferencian de los partidos políticos, que sí tienen personalidad jurídica".
"Por ello, los grupos municipales y provinciales no son más que 'uniones de concejales y de diputados provinciales', que ostentan ciertos derechos y deberes", continúa la instrucción, por lo que considera que los pagos denunciados "se hacen a cargo del grupo, aunque su titularidad corresponda al partido, que es quien ostenta la personalidad jurídica, teniendo aquel la discrecionalidad en su organización y aplicación, dentro de la Ley".
Por tanto, señala que la asignación económica aprobada por el pleno de la Diputación tiene el carácter de dotación finalista, "en cuanto que su destino natural es el de facilitar el funcionamiento del grupo político en su actividad corporativa, teniendo que justificar el uso de los fondos asignados y quedando sometida al control administrativo y jurisdiccional, al ser fondos públicos que deberán destinarse a pagar gastos de funcionamiento del grupo y de su actividad, pero sin poder destinarse estos recursos a la retribución de personal al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos patrimoniales".
"Por consiguiente, en principio, la administración de estos fondos entra en el ámbito de la discrecionalidad de grupo político, aunque dentro de los límites que exigen la finalidad legalmente establecida, de tal manera que solo pueden ser admisibles con cargo a estos fondos los gastos relacionados con el funcionamiento del mismo", apunta el documento.
Asimismo, el acta indica que la auditoría y de la fiscalización realizada por Intervención de la Diputación reveló que "se inferían deficiencias en la justificación de las aportaciones recibidas" por parte de todos los grupos políticos.
Tras ello, se produjo el reintegro de las "cantidades irregularmente dispuestas por los grupos políticos, salvo las cantidades dispuestas por el grupo socialista, que posteriormente reintegró, y las del grupo del PP, que había reintegrado parcialmente".
El 30 de julio de 2021, el pleno de la Diputación aprobó iniciar acción de reintegro por estas cantidades otorgadas a los grupos políticos y, en concreto, el importe de 45.399,16 euros "relativa a las irregularidades" por parte del PP en la corporación provincial, algo que los 'populares' realizaron el 3 de agosto de 2021.
La instrucción apunta que, puesto que las cantidades han sido reintegradas, "no cabe considerar en este caso concreto un supuesto de responsabilidad por alcance a los fondos públicos de la Diputación provincial de Alicante".
Tras conocerse la resolución, se han producido reacciones. El portavoz del grupo popular en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha acusado este jueves al portavoz de Compromís, Gerard Fullana, de “buscar el desprestigio de la institución con su forma de hacer política, centrada solo en intentar dañar la imagen del PP y no en mejorar la vida de los ciudadanos”. “Estamos ante un nuevo ridículo de Fullana y otra metedura de pata en sus acusaciones mientras tiene a su exjefa Mónica Oltra y a 13 altos cargos del Consell imputados”, ha añadido.
Dolón ha recordado que la Fiscalía Provincial de Alicante archivó la denuncia presentada por Compromís al entender que no existía ningún indicio delictivo y ahora el Tribunal de Cuentas no ve ilícito contable alguno. Ya no esperamos si quiera que trabaje por los ciudadanos, pero al menos que pida perdón por todas las acusaciones que llevamos soportando desde el grupo popular sin fundamentos y rechazadas incluso en los propios tribunales”, ha zanjado Dolón.
Fuentes del grupo de Compromís han asegurado que la liquidación que la elaborado el Tribunal de Cuentas es provisional y quedaría por ver la resolución que adopta la consejera de Cuentas en la fase jurisdiccional. Además, han recordado que la decisión del PP de reintegrar los 43.000 euros desde la contabilidad de un ejercicio posterior ha sido impugnada en la vía contencioso-administrativa.
