VALÈNCIA. El Tribunal de Cuentas mantiene dos diligencias preliminares abiertas sobre el control efectuado en los contratos de emergencia de la Generalitat para luchar contra la covid. La Fiscalía del órgano, según ha podido saber Valencia Plaza, ha detectado la existencia de presuntas irregularidades que podrían ser constitutivas de responsabilidad contable.
El inicio de la investigación se produce después de que la Sindicatura de Comptes remitiera al órgano un informe de finales del pasado año en el que alertaba de que la Conselleria de Sanidad omitió los controles posteriores en buena parte de las compras de material que realizó sin expediente de contratación.
En sus conclusiones y tras analizar expedientes por valor de 152 millones de euros, la institución encargada de la fiscalización de las cuentas de la Generalitat remarcaba que no había podido acreditar si los acuerdos para ello, muchos de los cuales se cerraron de forma verbal y se pagaron por anticipado, llegaron a cumplirse.
La Sindicatura se mostraba comprensiva con el hecho de que tanto el Gobierno como las autonomías recurrieran a la emergencia para la compra de material en 2020, lo que supone que no exista expediente de contratación. Pero aquello no era óbice para que se relajaran los controles posteriores y la transparencia, tal como advertía la institución.
En ninguno de los contratos revisados, según la Sindicatura, se pudo verificar la adecuada ejecución, ni su recepción de conformidad, ni su liquidación sencillamente porque no constaban en los expedientes. Como ejemplos graves en el incumplimiento de la normativa de contratación mencionaba los 12,5 millones que la Conselleria pagó por anticipado por la instalación y equipamiento completo de los tres hospitales de campaña "sin comprobar posteriormente que el encargo fue ejecutado"; o los 82 millones de euros en compras realizadas en el extranjero acordadas de manera verbal, ya que en ninguna de las trece operaciones analizadas en este caso se firmó un contrato escrito.
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Respecto al suministro y equipamiento de los hospitales de campaña, las Consellerias de Sanidad y Justicia los adjudicaron por un importe total de 12,5 millones de euros, aunque posteriormente, por discrepancias con el contratista, éste se redujo a 10,8 millones. El informe remarcaba que en los expedientes no consta en ningún caso la justificación de la decisión adoptada por los órganos de contratación sobre la necesidad de utilizar esta forma extraordinaria de anticipos o entregas a cuenta.
En cuanto a las compras internacionales, fue al inicio de la pandemia cuando el Consell recurrió a intermediarios para traer de manera urgente desde China material de protección en mitad del descontrol del mercado global. Uno de los acuerdos más importantes –31,5 millones de euros– se alcanzó con el empresario chino afincado en la Comunitat Chen Wu Keping. Gestión en la que fue clave la entonces secretaria autonómica de Economía y actual consellera de Política Territorial, Rebera Torró.
La Sindicatura de Comptes también mencionaba en su informe que en algunos casos no concurrían las circunstancias establecidas en la ley para la tramitación de emergencia ni existía excepcionalidad para recurrir a ella; o que los precios de las prestaciones contratadas no figuran de manera expresa y determinada.
Esta institución no ha sido la única en detectar irregularidades en los contratos de emergencias. La Agencia Antifraude también abrió una investigación al respecto cuyas conclusiones están pendientes de conocerse. El director de la entidad, Joan Llinares, afirmó en una comparecencia en Les Corts que entre los "errores" que se llevaron a cabo con los contratos de emergencia se encontraba la falta de fiscalización interna. "No habría podido evitar los sobrecostes, pero sí racionalizarlos o darle regularidad a su funcionamiento", señaló. A ellas se une ahora el Tribunal de Cuentas.