Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declaró nulos el pasado mes de abril algunos de los artículos de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de València, en concreto, aquellos que impedían a las VTC poder operar y estacionar en puntos de gran concentración y demanda de transporte público. Una decisión que ahora se vuelve firme después de que el Tribunal Supremo (TS) haya desestimado el recurso que interpuso el Govern del Rialto -formado por Compromís y PSPV- en su día contra el fallo del tribunal valenciano.
En abril del año pasado, el TSJCV dio la razón a la empresa Automóviles Zircornio, que había presentado un recurso contra la normativa municipal que impedía a los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) desde 2021 poder estacionar en una distancia inferior a 300 metros desde lugares de concentración y generación de demanda como "puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses; centros comerciales y de ocio; equipamientos deportivo-recreativos y sanitario-asistenciales; hoteles con más de 400 plazas de alojamiento; y paradas de taxis con capacidad superior a 9 plazas".
Asimismo, también anuló otro punto relativo a la precontratación del servicio al menos con una hora de antelación a la prestación, excepto servicios urgentes o al amparo de contratos con las administraciones públicas.
La sentencia del alto tribunal valenciano, fechada el 19 de abril de 2023, fue recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) en mayo de 2023 por el anterior equipo de Gobierno, formado por Compromís y PSPV, pero su recurso fue inadmitido, por lo que la sentencia ya es firme.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acordó su inadmisión "primero, por falta de justificación de que las infracciones jurisprudenciales imputadas hayan sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución recurrida" y "toda vez que las argumentaciones vertidas en el escrito de preparación no explicitan el cómo, el por qué y de qué forma entiende la parte recurrente que las infracciones denunciadas han sido determinantes de la decisión de la sentencia que se impugna".
La sentencia del alto tribunal, emitida por la sala tercera de lo contencioso-administrativo de este órgano, contempla también, como ya recogía el fallo del tribunal valenciano, las costas procesales que ha de pagar el consistorio y de una suma máxima de 2.500 euros. Y, ahora, el próximo martes en la comisión de Hacienda del consistorio iniciará los trámites para modificar la normativa y eliminar los puntos anulados por el TSJCV y ratificados ahora por el Supremo.
La ordenanza de Movilidad aprobada en 2021 bajo el gobierno de Joan Ribó también fija que se procurará la proporción de una VTC por cada 30 taxis que operan en València y la prohibición de la captación mediante geolocalización.
Desde el ejecutivo actual, el portavoz del PP y también del ejecutivo, Juan Carlos Caballero, ha señalado que "los tribunales siguen fallando en contra de la regulación de las VTC que hizo el gobierno" anterior. "El Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y contra él no cabe recurso", ha destacado, a la vez que ha considerado que "la regulación del gobierno anterior fue una chapuza". "Ahora estamos estudiando buscar una salida".
Además, Caballero ha pedido al PSPV que deje "de mentir", ya que el consistorio no puede seguir con la vía judicial en este caso, puesto que el Supremo ya se ha pronunciado. De hecho, la resolución del Alto Tribunal se ha conocido este viernes después de que el grupo socialista, actualmente en la oposición, haya difundido una de las resoluciones previas que el TSJCV dictó en abril del año pasado sobre este tema.
El edil popular ha señalado que "habrá que estudiar con los servicios jurídicos las consecuencias de esta inadmisión, "otra herencia recibida del gobierno" anterior y con la que "se ha impuesto el pago de las costas al consistorio". "La izquierda valenciana debería admitir de una vez la mala legislación que realizó y que toca ahora arreglar al PP porque los tribunales están dado la razón a quien denunció la legislación del Rialto". Por lo que ha instado a la oposición a pedir "perdón a los valencianos" en la Comisión de Hacienda y a reconocer "que es necesaria una nueva legislación".
Desde el PSPV, María Pérez ha instado a la alcaldesa, María José Catalá (PP) a aclarar, "ya que no cabe recurso, si su modelo es el de barra libre como en Madrid o un modelo de convivencia en el que se respete la leal competencia entre el taxi y VTC". "Tendrá que decidir cuál es su modelo de ciudad, cuál es la relación a establecer entre el sector del taxi y las VTC, y cuál va a ser la regulación que va a imponer a las VTC", ha dicho Pérez, que ha lamentado que el PP hable de "chapuza".
Por parte de Compromís, el edil Giuseppe Grezzi, exconcejal de Movilidad, ha pedido a Catalá que "defienda en los tribunales, recurriendo tantas veces como sea necesario y en todas las instancias que corresponda, la Ordenanza de Regulación de las VTC que se aprobó en la legislatura pasada para garantizar que el taxi pueda seguir proporcionando un servicio público y de calidad, sin intrusismo ni competencia desleal". Si bien, cabe subrayar, no cabe recurso.
En opinión de Grezzi, la regulación de los VTC impulsada por el anterior gobierno "redunda en un sistema de movilidad mejor y con más garantías legales". "El sector del taxi, perfectamente regulado, ve así garantizadas las prestaciones del servicio público que ofrece", ha remarcado, además de rechazar que PP y Vox usen la sentencia "para favorecer la entrada masiva e intrusiva de VTC".
