El retraso en las ayudas al audiovisual se cronifica y vuelve a tener en vilo al sector

VALÈNCIA. No porque sea el tercer año consecutivo deja de quitarle el sueño a más de una persona. Resta apenas una semana de agosto y la convocatoria de las ayudas más importantes para el sector del audiovisual sigue sin estar publicada. Desde 2020, y por diferentes motivos, los plazos se retrasan hasta más allá del primer semestre. Pero no es algo buscado: todos los años la promesa es que la convocatoria pueda salir al final del primer trimestre o principios del segundo. ¿Qué está pasando con las ayudas del Institut Valencià de Cultura?

El primer año en el que se las ayudas empezaron a retrasarse fue 2020 con una razón más que justificada: la pandemia obligó a repensar las bases de todas las líneas. Se incluyeron las ayudas a las salas de cine y asociaciones, y se acometieron modificaciones en todas las convocatorias, diseñadas codo con codo con el sector. Las bases se publicaron en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 24 de julio y se resolvieron el 26 de noviembre. Desde las asociaciones profesionales no hicieron más que aplaudir precisamente la rápida reacción del IVC proponiendo adaptar las ayudas durante el confinamiento, justo cuando ya se empezaba a saber que sería un año en el que se haría muy difícil rodar.

En 2021, la convocatoria de ayudas a la producción se publicó en abril, volviendo a la normalidad. Pero la falta de personal que afecta al organismo público cultural acabó afectando de lleno a las ayudas. A lo largo de todo el verano fue cuando se fueron resolviendo los expedientes, y la resolución no llegaría hasta el 26 de noviembre. Un hecho que sí irritó entonces al sector, porque una vez presentada toda la documentación, la resolución de unas ayudas tan cuantiosas como las del IVC son la garantía de poder continuar con el proyecto o, por el contrario, abandonarlo. Para muchos proyectos del audiovisual valenciano, si À Punt y el IVC no participan, sencillamente no es viable. Esto no sucede por la falta de calidad de las propuestas, sino por el panorama mediático y la barrera invisible de acceso a la financiación de algunas cinematografías periféricas (geográficamente hablando).

En 2022, la convocatoria se esperaba mucho más tranquila, afectada también porque las quejas de todos los sectores profesionales por el embudo del año anterior (las artes escénicas llegaron a pedir la dimisión del director general del IVC, Abel Guarinos). Pero una nueva ley impulsada por el Consell para paliar las consecuencias económicas de la Guerra de Ucrania acabaron resonando en una cláusula de la convocatoria de las ayudas. No es algo nuevo: la singularidad cultural se encuentra muchas veces de frente con obstáculos administrativos e informes en contra de órganos consultivos por su “flexibilidad”, un aspecto esencial por el desarrollo natural del sector. De esta manera, volvió a ocurrir, y más tarde que nunca: la convocatoria se publicó en el DOGV el 30 de septiembre y no se resolvió hasta el 27 de diciembre, a tres días de que acabara el año. De hecho, en un par de líneas se tuvo que hacer una corrección de errores ya en 2023.

Los plazos son importantes porque de ello depende poder justificar unos gastos que, a su vez, no se pueden prever y decidir hacer si no hay garantía de que se vaya a disponer de la financiación adecuada. Por eso, una de las primeras propuestas del nuevo director adjunto de audiovisuales, Francesc Felipe, sentaron especialmente bien al sector: no tocar ni una coma de la convocatoria del año pasado para poder publicarla en marzo de este 2023, e iniciar a la vez conversaciones para una revisión en las bases que adelante trabajo en 2024.

Sonaba bien pero no ha sucedido. Acaba agosto y se prevé que la publicación de la convocatoria no tenga lugar hasta los primeros días de septiembre, lo que vuelve a dejar la previsión de su resolución en las últimas semanas del año. Esta dinámica hace mucho más difícil que las del 2024 lleguen en marzo y se rompa el calendario porque dos convocatorias de las mismas ayudas (además, de esta envergadura) con cuatro o cinco meses de diferencia no tiene sentido para el sector.