Ximo Puig y Mónica Oltra, en Les Corts. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los impuestos vuelven a enfrentar a los socios del Govern del Botànic. Al reciente desencuentro entre PSPV y Compromís por la tasa turística se suma ahora el provocado por las nuevas figuras previstas en la futura Ley autonómica de Cambio Climático. El primer asalto ha caído del lado de los socialistas, que han conseguido incluir una moratoria en el proyecto de Ley aprobado por el Consell para que los impuestos a las emisiones de CO2 que se crearán con esta ley no entren en vigor hasta 2025.
Se trata nuevos impuestos autonómicos a las emisiones de gases de los vehículos de tracción mecánica, a la emisión de gases de efecto invernadero de determinadas actividades económicas y un impuesto ambiental a las grandes superficies comerciales para compensar las emisiones de los vehículos que se desplazan a estos establecimientos.
Según el texto elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, que próximamente iniciará su tramitación en Les Corts, son impuestos finalistas destinados a nutrir el Fondo para la Transición Ecológica que se habilitará con el objetivo de financiar las políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Aunque Compromís se ha marcado el objetivo de aprobar esta ley antes de que acabe el año, ninguno de estos nuevos impuestos se aplicarán al menos hasta 2025, un hecho que deja coja la normal al ser la fiscalidad verde uno de sus ejes fundamentales, además de poner en entredicho la consecución de los objetivos de reducción de emisiones para 2030 fijados en esta misma ley.
Así será después de que el PSPV haya logrado introducir a última hora en la disposición adicional segunda del proyecto de Ley que el Consell aprobó el pasado 1 de abril una moratoria que no figuraba en el anteproyecto.
Aunque comparten los objetivos generales de la norma para dar respuesta a la Emergencia Climática, los socialistas consideran que no es momento de subir impuestos en la actual coyuntura de alta inflación y ante las previsiones de ralentización del crecimiento económico, un escenario agravado además por la guerra de Ucrania. Es por ese motivo por lo que han forzado la no aplicación de los tres nuevos impuestos a las emisiones de CO2 promovidos por Compromís.
Algunos de ellos se limitan a sujetos pasivos muy restrictivos, pero en el caso del que grava las emisiones de CO2 de vehículos a motor la cantidad de ciudadanos obligados a pagar por el mismo sí sería más elevada. Además, el impuesto a las emisiones de determinadas actividades económicas afectaría de lleno a la industria cerámica, uno de los principales sectores económicos de la Comunitat que ya está atravesando un momento complicado por el incremento del coste de la energía y las materias primas.
Por todo ello, los nuevos impuestos previstos en la Ley de Cambio Climático quedarían de momento en suspenso hasta 2025 y a la espera de que amainen los efectos de la crisis derivada de la pandemia y la guerra.
Cataluña, por ejemplo, ha congelado el incremento previsto en la tarifa de este impuesto que aplica desde 2020 precisamente por la incertidumbre que está teniendo sobre la economía la alta inflación, provocada por el alza en los precios de la energía, la situación en Ucrania y los efectos de la covid-19 en los hogares catalanes.
Según el anteproyecto, la previsión era aplicar el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono a los vehículos de tracción mecánica matriculados a partir del 1 de enero de 2023, por lo que de aprobarse el texto con la fecha de entrada en vigor con la que ha llegado a Les Corts, la moratoria sería de dos años.
Los vehículos particulares y motocicletas con emisiones inferiores a 95 gramos por kilómetro y los camiones pequeños con emisiones por debajo de 140 g/km están exentos. A partir de esos niveles, la cuota prevista es de 0,7 euros/gCO2 por kilómetro y va progresivamente en aumento para los vehículos más contaminantes.
En el caso del impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera generados en los procesos productivos, el objetivo es incentivar medidas que reduzcan esas emisiones. Afecta a instalaciones de combustión como refinerías, fábricas de metales, azulejeras, industria textil y del cuero, mueble y cartón o instalaciones para la gestión residuos, entre otras. En este caso, el gravamen previsto es de 200 euros/kilotonelada de CO2.
En cuanto al nuevo impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales –a partir de 2.500 metros cuadrados–, de ocio, hostelería o espectáculos se grava su efecto de desplazamiento masivo de vehículos y, en consecuencia, una externalidad negativa en el medioambiente "con un coste que estos establecimientos no asumen".
En este caso, los establecimientos pagará en función del número de vehículos que accedan sus estacionamientos, descontando los de cero emisiones. El gravamen se ha establecido en 0,18 euros por vehículo.
El precedente similar más inmediato es el de la tasa turística. Después de varios años promoviendo su implantación, Compromís y Podem por fin consiguieron este año que el PSPV accediera a crear un impuesto que suscita el rechazo unánime del sector turístico de la Comunitat Valenciana.
Lo hizo, eso sí, con una moratoria de un año desde que se publique el texto definitivo en el DOGV, lo que hace imposible que se aplique en 2022 y complicado hacerlo en el verano de 2023.
El presidente Ximo Puig justificó ese retraso en que ahora no es "oportuna". Además, no la aplicarán aquellos municipios que dependan más de visitas de 'tour operadores' a los que podría afectar muy negativamente por ser más sensibles al precio de los paquetes turísticos.
Tanto en este caso como en el de los nuevos impuestos medioambientales promovidos por Compromís, las moratorias forzadas por los socialistas despejan cualquier opción de que puedan comenzar a recaudarse en el tramo final de la legislatura y, por tanto, la carga de impopularidad que implicaría aplicar nuevos impuestos a las puertas de las elecciones autonómicas de 2023.
Cabe recordar también que en la Comunitat Valenciana existe desde 2018 un impuesto sobre la incineración y vertido de residuos industriales creado por los partidos del Botànic en la Ley de Acompañamiento de 2018 que, sin embargo, nunca ha llegado a aplicarse para no perjudicar a las empresas afectadas.
Fue el propio presidente de la Generalitat quien anunció bonificaciones de hasta el 100% en el mismo tras visitar la patronal azulejera Ascer con el objetivo de no mermar la competitividad de las empresas cerámicas ni de las cementeras. Los socios del PSPV han intentado sin éxito resucitar este impuesto en años sucesivos.
La futura Ley de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana prevé, entre otros aspectos, reducir un 40 por ciento las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2030 y declarar la neutralidad de emisiones en 2050. Además, en materia de consumo de energía se fija en una reducción del 35,4% en 2030 y se establece como objetivo que el 42% de la energía consumida en 2030 sea procedente de fuentes renovables.
