El PSOE y el PP acuerdan que Ángel Gabilondo sea el próximo Defensor del Pueblo

El socialista Ángel Gabilondo será el nuevo defensor del pueblo, después de que PP y PSOE hayan llegado a un acuerdo, según han confirmado este jueves a Europa Press fuentes de la negociación. El exministro se convertirá, una vez su elección sea votada en el Parlamento, en la séptima persona en ocupar este cargo desde la creación del cargo en 1982, hace ahora 39 años.

Cabe destacar que, en estas casi cuatro décadas de historia solo ha habido una mujer elegida por las Cortes para liderar la Institución: Soledad Becerril, entre 2012 y 2017.

El 7 de mayo de 1981 el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo y las Cortes eligieron al primer Defensor el 28 de diciembre de 1982.

Fue Joaquín Ruiz-Giménez, doctor en Derecho y catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, fue exministro de Educación Nacional durante la dictadura y fundador, ya en democracia, del partido Izquierda Democrática. Ruiz-Giménez ocupó la defensoría del pueblo cinco años, hasta diciembre de 1987.

Tres meses más tarde, el Parlamento nombraría como Defensor a Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado, quien había sido adjunto de su antecesor. También doctor en Derecho, participó en la implantación de esta Institución en España a la que contribuyó decisivamente en la redacción de su proposición de Ley.

Gil-Robles cumplió sus cinco años de mandato, hasta marzo 1993, y fue sustituido durante 1 año y nueve meses (hasta diciembre de 1994) por la que fuera su adjunta, Margarita Retuerto. Si bien, ella fue la primera mujer en asumir este cargo, nunca lo hizo de forma oficial, sino como defensora en funciones.

Retuerto había sido jefa de la Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario Popular del Congreso entre 1978 y 1982, y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. Además, tras ser cesada de su puesto como defensora interina, recuperó su lugar de adjunta primera de la Institución, hasta 1996.

Su sucesor aprobado por las Cortes fue Fernando Álvarez de Miranda y Torres, que ocupó su puesto como Defensor del Pueblo entre 1994 y 1999. Abogado, sufrió cárcel y destierro, durante el franquismo, por su compromiso político y en 1976 fundó el Partido Popular Democrático Cristiano, integrante de la Unión de Centro Democrático, por el que fue diputado por Palencia en dos legislaturas. En 1977 sería elegido presidente del Congreso de los Diputados, durante cuyo mandato se aprobó la Constitución de 1978.

Álvarez de Miranda y Torres fue el predecesor de Enrique Múgica, el Defensor del Pueblo que más tiempo ha ocupado este cargo: desde el 15 de junio de 2000 hasta julio de 2010. Además, su primera elección se realizó en una primera votación favorable superior a las tres quintas partes de los miembros de Congreso y Senado.

Múgica, fue diputado socialista por Guipúzcoa en todas las legislaturas desde la constituyente hasta el año 2000, en el que fue elegido como Defensor. Además de diferentes cargos en comisiones de la Cámara Baja, Múgica ejerció como Ministro de Justicia entre 1988 y 1991, un periodo en el que se aprobaron, entre otras leyes, la de Demarcación y Planta Judicial, la de Sociedades Anónimas y las reformas procesales y penales que dieron lugar a la creación de los juzgados de lo penal.

Tras finalizar el mandato del exministro del PSOE, fue su adjunta primera, María Luisa Cava de Llano quien ocupó el cargo de Defensora del Pueblo en funciones. Lo hizo durante más de dos años.

Esta abogada ejerció gran parte de su carrera política en Baleares y, concretamente en Ibiza, de donde es originaria. Ya entre 1993 y 2000 fue diputada del PP en el Congreso, puesto que abandonó para formar parte del equipo de Múgica en la Institución.

No fue hasta el 23 de julio de 2012 cuando la primera mujer elegida por las Cortes ocuparía este puesto. Licenciada en Filosofía y Letras, Becerril tiene una dilatada carrera política en la que destaca el haber sido la primera ministra de la democracia, tras asumir la cartera de Cultura en 1981, en el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo.

Además, durante seis legislaturas ha sido miembro de las Cortes: cinco como diputada -una de ellas como vicepresidenta del Congreso- y en otra legislatura como senadora. También ha sido Concejal del Ayuntamiento de Sevilla y en 1995 fue elegida alcaldesa de la capital andaluza, cargo que desempeñó hasta 1999.

Berril terminó su labor al frente de la defensoría en julio de 2017 y fue sustituida por su adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, que ha ocupado este puesto en funciones desde entonces, el periodo más largo sin un Defensor elegido por las Cortes desde la creación de esta Institución: cinco años y tres meses.

Economista experto en Economía Pública, Fernández Marugán ha sido funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y de Inspectores de Hacienda y diputado socialista en ocho legislaturas. Durante su cargo en funciones ha lidiado con la pandemia del Covid-19 o las crisis migratorias de Canarias de los últimos años y la de Ceuta el pasado mes de mayo.

Funciones

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.

Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.

Solo hasta octubre de este año, la Institución ha recibido casi 22.000 quejas de ciudadanos, ha llevado a cabo 140 actuaciones de oficio y ha estudiado 146 peticiones para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.

El presupuesto previsto para la institución en 2022 es de 18,6 millones de euros, lo que supone alrededor de un millón más que en el ejercicio anterior. En cuanto a la retribución de lo altos cargos de esta institución, en 2021 se destinaron 505.700 euros a los sueldos de Defensor, adjunto primero, adjunta segunda y secretario general.