Foto: LORENA SOPÊNA/EPBARCELONA (VP/EP). El preacuerdo PSC-ERC alcanzado este lunes fija los principios del nuevo modelo de financiación de la Generalitat de Cataluña basado "en la negociación bilateral con el Estado", y que sea el Govern el que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos, y aumentar sustancialmente la capacidad normativa tributaria en coordinación con el Estado y la UE.
El acuerdo establece un sistema muy similar al del Cupo vasco -en lugar de 'concierto económico' lo denomina 'financiación singular'- en el que la aportación catalana a las finanzas del Estado se compone de la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la solidaridad: la primera se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos, y la segunda deberá ser "explícita y se debe reflejar de forma transparente".
"La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las otras comunidades con el fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar", añade el texto.
El acuerdo establece que la solidaridad de Cataluña con el resto de España quede "limitada" por el principio de ordinalidad en un próximo modelo de financiación autonómica: "Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben".
Para implementar la nueva financiación, el preacuerdo concreta que será necesario formalizar este pacto durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat, y durante el mismo año impulsar los acuerdos que se alcancen en este marco a través de las modificaciones legislativas necesarias. "Y, cuando corresponda, se trasladarán a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat para que se puedan aprobar", añade el documento.
Concreta que deberán hacerse modificaciones en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y en la Ley de cesión de tributos a Cataluña, y que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos corresponderá a la Agència Tributària de Catalunya (ATC).
Según el texto, la "hacienda catalana" debe instrumentalizarse a través de la ATC para asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en en Cataluña, y para ello requerirá el traspaso de más medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos.
El primer tributo en que se avanzará en la aplicación del nuevo modelo de financiación será el IRPF, para asegurar su ejecución en el transcurso de 2026.
Además, se trabajará para dar pasos en la atribución de la recaudación del IVA de las pymes según su domicilio, en lugar de la estadística de consumo, que es la variable que se utiliza ahora para repartir la recaudación del IVA en tre las CCAA, y un análisis para extender este mecanismo a otros tributos.
Sobre el IVA de los alquileres turísticos, han acordado que, cuando se apruebe la directiva europea, la Ley del IVA establezca un sistema de opción para que Cataluña pueda decidir la aplicación del impuesto en su territorio o en parte, lo que permitirá "determinar cuál es el régimen de atribución de la recaudación más oportuno".
Mientras se despliegue este nuevo modelo de financiación, ambas partes han acordado también aumentar los recursos derivados de la evolución de las necesidades del estado de bienestar para compensar los "desequilibrios producidos" con el actual modelo.
Además de reclamar que la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad, avisan de que, si se incumple en 2025, harán falta "medidas compensatorias". En este aspecto, piden que la aportación que se haga refleje "de forma transparente cuánto aporta y cuánto recibe, de manera que la contribución a la solidaridad de Cataluña sea conocida y reconocida".
Dado que Cataluña ejerce un conjunto de competencias singulares que no tienen otros territorios, ERC y PSC han pactado que, en el cálculo de las necesidades de gasto a financiar en Cataluña, se tengan en cuenta "todas las variables relevantes, como el aumento de población en edad escolar o el factor envejecimiento para reflejar adecuadamente las singularidades propias".
Para afrontar el, según el documento, "déficit de inversiones y la baja ejecución" de las inversiones previstas en Cataluña, el acuerdo establece que se constituirá un consorcio paritario Estado-Generalitat para gestionar y ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña.
Según el acuerdo, se definirá un marco plurianual de financiación en el convenio de creación del Consorcio que tendrá como referencia, para dotarlo presupuestariamente, la media de inversión pública sobre el PIB de Cataluña en el conjunto del Estado. Es decir, se establecerá la financiación para el Consorcio en un porcentaje del presupuesto de inversiones del Estado equivalente al porcentaje del PIB de Cataluña en el conjunto del país.
